Auto de Procesamiento a 98 Militares Argentinos

terrorismo, desarrollado a través de múltiples muertes, lesiones, detenciones
ilegales, secuestros, desaparición forzada de personas, colocación de explosivos,
torturas o incendios de los artículos 515, 516-2º y 571 del Código Penal
Vigente, en relación con los artículos 173, 174 y 174 bis b) del Código Penal
Derogado.
Los requisitos impuestos por el Código Penal en este tipo de delitos concurren y
configuran la acción descrita, como típica:
1.- Elemento Teleológico: Subvertir el orden constitucional o alterar gravemente
la paz pública.
Este requisito exigido por el Código Penal no debe entenderse en términos tan
restrictivos -orden constitucional o paz pública españolas- que impidan la
persecución del todo delito de terrorismo cometido fuera de España en abierta
cotradicción con la vocación universal proclamada por el artículo 23.4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
2.- Respecto al elemento de la concreción delictiva, no existe duda alguna por
cuanto se desarrolla todo el catálogo de delitos al que se refiere el Código Penal
y que integran los delitos de terrorismo (incendios, asesinatos, lesiones, torturas,
detenciones ilegales, desapariciones, etc...).
3.- Finalmente en cuanto al elemento objetivo: existencia de organización
terrorista o banda armada. La cuestión se centra en las dificultades que aparecen
en torno a la aparente "contraditio in terminis" que surge cuando se habla de
Terrorismo de Estado, se soluciona partiendo de la base de que la Dictadura se
caracteriza por la inoperancia del Principio de Legalidad por lo que los propios
órganos del Estado actúan al margen de la legalidad, aunque ésta exista
formalmente. Lo cierto es que en el caso que nos ocupa, y, como se ha visto, se
crean toda una serie de Organismos y Estructuras Institucionales al margen de la
legalidad formal, pero por los responsables del Estado, y, en particular por
quienes lo dirigían, con el fin de ejecutar asesinatos, secuestros, torturas,
desaparción forzada de personas... con el fin de eliminar la disidencia política y
acabar con toda discrepancia ideológica en cualquier sector.
El hecho de que el terrorismo se incluya por la LOPJ en su artículo 23.4 como
delito susceptible de persecución universal, ha de entenderse que tiene sentido,
en tanto en cuanto, que dicho terrorismo, sea nacional o internacional no se
produzca en España, porque tal aspecto ya está cubierto por la legislación
interna, sino más bien a aquellos supuestos en los que España como miembro de
la Comunidad Internacional tiene interés en peseguir, aunque su concreción
evidentemente se tanga que hacer, como no podía ser de otra forma, con arreglo
a las leyes españolas.
El interés de España, como miembro de aquella Comunidad no radica tanto en el
hecho de que haya o no víctimas españolas - que las hay - sino en el hecho de
que el terrorismo participa del concepto de crímen contra la Humanidad y existe
el interés común de los países en perseguirlo al constituir un claso claro de
responsabilidad penal internacional, cuando el terrorismo tiene este carácter y
especialmente se utiliza como un metodo de represión político-ideológica y se
desarrolla desde las estructuras del Estado o desde el mismo Estado a través de