Auto de Procesamiento a 98 Militares Argentinos

exterior .
La presunta participación de los responsables máximos que se identifican, lo es
por vía de inducción o de ejecución material de los hechos delictivos,
(detenciones ilegales, asesinatos, desaparición, torturas); a) es directa y se ejerce
sobre personas determinadas. Como miembros de las Juntas Militares o
responsables de los Comandos respectivos tienen el poder de hacer cesar la
situación inmediatamente, aunque contrariamente a ello, la incitan y animan
dando las ordenes oportunas a sus inferiores, controlando incluso a veces, con
dominio absoluto del hecho, b) para cometer delitos determinados como los
enumerados a los que habría que añadir la malversación de caudales públicos
por la utilización de fondos públicos para fines ilegales y delictivos, o los delitos
contra el patrimonio derivados de los apoderamientos violentos de los bienes de
las víctimas; c) con sujetos pasivos igualmente determinados, que se concretan
en las personas enumeradas en esta resolución y todos aquellos cuya
identificación se desconoce pero que tienen una entidad e identidad real y que
sufrieron la acción delictiva descrita; d) es también eficaz y causante de la
determinación del autor, que recibe la orden de los mandos militares superiores y
estos de los integrantes de la Junta de Gobierno; e) es abierta, clara y no
insidiosa como lo demuestra el desarrollo de los hechos y la falta de sanción
penal adecuada generalmente; f) es dolosa por cuanto, no puede hablarse con
seriedad de desconocimiento, error o negligencia, sino de consciencia y voluntad
de ejecución directa, y, g) es seguida de la ejecución del delito convenido,
extremo que no necesita, en este momento de mayor concreción.
DECIMO.- En cuanto a la competencia de la Jurisdicción Española procede la
ratificación del auto de 25.3.98; pero principalmente se hace mención expresa
del auto de la Sala de lo Penal en Pleno de la Audiencia Nacional de fecha 4 de
noviembre de 1998 que resuelve positivamente las cuestiones relacionadas:
a) Con el alcance de la disposición del artículo 6 del Convenio para la
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
b) Con la aplicabilidad acutal del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
c) Con la calificación de los hechos como Genocidio, Terrorismo y Tortura.
En relación a la aplicación del principio de Justicia Universal al último tipo
delictivo citado (tortura) pueden añadirse algunas reflexiones:
El Crimen Internacional de tortura tiene y tenía antes de la Convención una
existencia derivada del "ius cogens". Esto implica precisamente, según el derecho
la Jurisdicción Universal cuando el país del lugar de comisión de esta clase de
delitos no asegura su persecución.
Asi pues, el crimen de tortura no sólo está sometido a la Jurisdicción Universal
por la Convención, sino también por su naturaleza de "ius cogens", y por ende
España no sólo tiene el derecho sino más específicamente el deber de enjuiciar la
conducta descrita, existan -que las hay-, o no existen víctimas españolas entre
los torturados.