Runa - Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires

52 Héctor Hugo Trinchero
salir hombres, mujeres y niños, desarmados y con las manos en alto, fueron acribillados
a balazos. Durante 45 minutos no dejaron descansar las armas, disparando más de 5.000
cartuchos de fusiles Winchester y Mauser (Solans, 2007: 127).
Pedro Solans (2007) indica que el total de víctimas fue de 423, entre indígenas y cosecheros
de Corrientes, Santiago del Estero y Formosa. El 90% de los fusilados y empalados eran
Mocoví y Toba. Algunos cadáveres fueron enterrados en fosas comunes, otros incinerados.
Se estima que lograron escapar 38 niños. La mitad fueron entregados como sirvientes en
Quitilipi y Machagai, mientras el resto murió en el camino. También se salvaron 15 adultos,
entre ellos Melitona, una de las pocas mujeres que tuvo la fortuna de no ser violada.
El relato de los historiadores y algunos sobrevivientes es desgarrador. En el libro
Memorias del Gran Chaco, Mercedes Silva (1998) señala que Pedro Maidana, el cacique
Mocoví líder de la protesta, fue muerto de forma salvaje: “Le extirparon los testículos y una
oreja para exhibirlos como trofeo de batalla” (Chico y Fernández, 2008: 40).
Sin introducirnos en las particularidades de la huelga como así tampoco en las negociaciones
previas y la masacre posterior dirigida por el propio Gobernador, es importante
resaltar la emergencia de retóricas estigmatizantes que se anclan en preceptos similares a
los erigidos durante las campañas de exterminio del ejército. Así, por ejemplo, la protesta
indígena fue titulada por los principales medios de comunicación de la época como una
sublevación y que podría derivar en un “malón” que atacaría la ciudad de Resistencia.
También, y dado que no hubo una sola baja de las fuerzas de represión, los medios
de comunicación plantearon la masacre como un combate armado entre las comunidades
indígenas. Así, el texto del periódico “La Voz del Chaco” del 21 de julio de 1924 es sintomático:
La tranquilidad ha renacido en la zona del levantamiento indígena. En el campamento
de Aguará libróse un reñido combate entre indios mocovíes y tobas. La indiada se ha
dispersado completamente después de dejar sobre el terreno unos cincuenta muertos.
Es decir, una masacre es presentada inmediatamente y sin información que la
sostenga como una revuelta entre los propios indígenas. Sin embargo, el 29 de agosto de
aquel año –cuarenta días después de la matanza–, frente a las denuncias presentadas ante
el Congreso Nacional, el ex director de la Reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga,
escribió una carta que fue leída en el Congreso Nacional:
La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores;
parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron
presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene
la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
En los últimos quince años, se ha planteado un reconocimiento sobre las características
de la masacre de Napalpí. Así, en 1993 el diputado nacional chaqueño Claudio
Ramírez Mendoza “presentó un proyecto de ley en el que pretendía un perpetuo homenaje
a los mártires de aquella oprobiosa jornada”, en el que proponía: “Se instituya el 19 de julio
como Día de los Derechos de la Poblaciones Aborígenes Argentinas en todo el territorio