Runa - Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires

RUNA XXX (1), 2009, ISSN: 0325-1217
Las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres de sectores populares que acuden
al hospital público, según lo referido por los/as profesionales, implican dificultades en el
acceso a métodos anticonceptivos reversibles, algunas de ellas vinculadas a obstáculos
situados a nivel de los propios servicios públicos, pero que remiten a distintas lógicas (resistencia
ideológica de las autoridades de servicios y/u hospitales, demoras en la gestión
o distribución de los insumos hacia los servicios, etc.). Reconociendo esas dificultades,
supeditadas a los criterios que definen el riesgo clínico –incluyendo la paridad– y a la edad
de la mujer, varios/as entrevistados/as expresaron la conveniencia de realizar la intervención
solicitada en función del “riesgo social”. Una profesional halló razonable realizar el
procedimiento de manera inconsulta: “Ahora, si viene una mujer, no sé, de 39 años, con 8
hijos, que tiene un montón (se interrumpe) y, creo que ahí hace falta ni preguntarle si está
de ac-, hay que hacerlo” (Ginecóloga).
La alta paridad es un factor reconocido de morbimortalidad materno-infantil, y por
eso lleva a considerar la ligadura tubaria como una opción anticonceptiva a fin de evitar
los riesgos que entraña para la salud y la vida de la mujer y la criatura. Sin embargo, cuando
se trata de “pacientes hospitalarias” –donde la alta paridad se da en un contexto social de
precariedad– se llega a justificar la realización compulsiva de esta práctica.
Por otra parte, los/as profesionales coinciden al manifestar el malestar que les genera
que mujeres que tienen la ligadura tubaria “médicamente aconsejada” –basándose en los
criterios arriba mencionados y con el propósito de evitar consecuencias que estiman más
graves– rechacen someterse a ella, acto que interpretan en términos de irresponsabilidad
por exponerse al riesgo de un próximo embarazo clínicamente contraindicado, a la vez
que implica poner a sus hijos/as en riesgo de perder a su madre, o de encontrarse en una
situación de mayor privación económica. La noción de “paridad cumplida” subyace aquí,
ya no como condición necesaria para acceder a la práctica (es decir, el requisito de haber
sido madre biológica más de una vez), sino sirviendo de fundamento o condición suficiente
para aconsejar la práctica a fin de garantizar el ejercicio de las funciones maternales de la
mujer para con su prole.
En tales circunstancias, y en todas aquellas que “encuadran” en los criterios que rigen
el acceso a, y justifican, la ligadura, observamos que los otros efectos arriba mencionamos
(referidos por los/as profesionales) no son problematizados. Como dijimos, sólo fueron
mencionados por los/as entrevistados/as como consecuencias negativas en casos que no
justifican la realización de la ligadura, y consideran conveniente promover la adopción de
otros métodos.
sobRe cómo lidiaR con “lo (i)legal”
Las referencias temporales al contexto jurídico (legalidad/ilegalidad), que identifican
un punto de inflexión a partir de la sanción de la ley 26.130/06 (ver nota 2) y las modalidades
de ejercicio profesional (público/privado) son frecuentemente articuladas por los/as
profesionales al referirse a los modos de resolver los pedidos de ligadura:
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