Plan AIRE

RESUMEN EJECUTIVO
común en las aglomeraciones urbanas, superándose con relativa frecuencia los valores
legalmente establecidos. La fuente de emisión principal de ambos contaminantes es el
tráfico de vehículos, que se concentra en las grandes ciudades.
Por otra parte, también constituye un objetivo prioritario del Plan AIRE el cumplimiento de la
Directiva 2001/81/CE, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes
atmosféricos. En este sentido, el diagnóstico de situación concluye que resulta perentorio
incluir medidas para reducir las emisiones de amoniaco y óxidos de nitrógeno
principalmente. También es conveniente seguir reduciendo las emisiones de dióxidos de
azufre, porque se siguen observando incumplimientos puntuales en algunas zonas; y de los
compuestos orgánicos volátiles, puesto que son precursores del ozono.
Aparte del cumplimiento normativo, las medidas relacionadas con estos cuatro
contaminantes deben contemplarse desde la perspectiva sanitaria, debido a que todos ellos
son precursores de partículas secundarias, cuyo impacto en la salud es cada día más
evidente. Es decir, reducir su concentración en la atmósfera permitirá cumplir con la
normativa europea e internacional, y ayudará a minimizar los impactos de la contaminación
sobre la salud, que es el fin último que persigue la Ley 34/2007.
Los objetivos específicos y las medidas que el Plan AIRE quiere poner en marcha se
presentan en el capítulo 3. Se aprueban dos tipos de medidas: horizontales y sectoriales.
Las medidas horizontales deben servir para mejorar, en general, algunos aspectos
relacionados con la calidad del aire, actuando sobre la información, concienciación,
administración, investigación y fiscalidad. Las medidas sectoriales, en cambio, van
dirigidas a sectores concretos implicados en la emisión de contaminantes, como el sector
industrial, la construcción, el transporte, la agricultura y ganadería o el sector residencial,
comercial e institucional.
Las medidas que se aprueban en el Plan AIRE vienen a complementar a los planes de
actuación aprobados para cada zona o aglomeración que presenta incumplimientos. No
podemos olvidar que las competencias del Estado sobre gestión del medio ambiente
atmosférico son muy limitadas; son las comunidades autónomas y entidades locales quienes
pueden aprobar los citados planes y adoptar medidas que actúen directamente ante las
fuentes de emisión de contaminantes.
Sin embargo, la competencia exclusiva del Estado para dictar legislación básica sobre
protección del medio ambiente, hace que la Administración General del Estado tenga en su
mano la posibilidad de crear un marco legal más favorable para la adopción de medidas
eficaces en los planes de actuación locales o autonómicos. Por ejemplo, el Plan AIRE prevé
como medida para reducir las emisiones, la aprobación de un reglamento en el que se
establezcan valores límite de emisión y requisitos técnicos aplicables a las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera que precisan regulación, por estar excluidas
del ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones industriales
(prevención y control integrados de la contaminación).
De igual manera, la Administración General del Estado puede actuar en el ámbito fiscal,
estableciendo criterios ambientales a determinados impuestos regulados por el Estado. Por
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