sg-jdc- 3359/2012 actores

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO
EXPEDIENTE: SG-JDC-
3359/2012
ACTORES: GUILLERMO
CÓRDOVA GONZÁLEZ Y
RITA ANDRADE GARCÍA
ÓRGANO RESPONSABLE:
COMISIÓN MUNICIPAL DE
PROCESOS INTERNOS DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN
CANANEA, SONORA
TERCERO INTERESADO:
ALFONSO ERNESTO
FIGUEROA MUNGUÍA
MAGISTRADO PONENTE:
JACINTO SILVA RODRÍGUEZ
SECRETARIO: MA. VIRGINIA
GUTIÉRREZ VILLALVAZO
MAGISTRADO ENCARGADO
DEL ENGROSE: JOSÉ DE
JESÚS COVARRUBIAS
DUEÑAS
SECRETARIO: OMAR
DELGADO CHÁVEZ
Guadalajara, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos mil
doce.
El Pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Primera Circunscripción
Plurinominal, en sesión pública de esta fecha, dicta

SENTENCIA
SG-JDC-3359/2012
Mediante la cual para resuelve el juicio para la protección
de los derechos político electorales del ciudadano SG-
JDC-3359/2012, promovido por Guillermo Córdova
González y Rita Andrade García el primero de ellos
representación de la planilla roja y ambos por su propio
derecho, en contra de la Asamblea Electoral Territorial
celebrada el diecinueve de abril del dos mil doce, en la
que se eligió la planilla de Delegados a la Convención
municipal para la elección de candidato a Alcalde del
municipio de Cananea, Sonora, por el Partido
Revolucionario Institucional.
RESUMEN DE HECHOS
I. Cronología del medio de impugnación. De las
constancias que integran el medio de impugnación que se
resuelve, se advierte, en síntesis, que los hechos
trascendentes en el mismo son los siguientes:
1. El dieciséis de abril de dos mil doce, la Comisión
Municipal de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional emitió Convocatoria a la
Asamblea Electoral Territorial para la elección de
Delegados a la Convención de Delegados de dicho
instituto político en el municipio de Cananea del Estado
de Sonora.
2. El diecisiete de abril, el órgano partidario responsable
el registro diversas planillas, entre ellas la denominada
roja para la elección de Delegados a la Convención de
Delegados del Partido Revolucionario Institucional en
Cananea, Sonora, a fin de elegir al candidato a presidente
por dicho municipio.
2

SG-JDC-3359/2012
3. El diecinueve de abril, se llevó a cabo la Asamblea
Electoral Territorial para la elección de Delegados a la
Convención de Delegados de dicho instituto político en el
municipio de Cananea del estado de Sonora.
II. Acto impugnado. La Asamblea Electoral Territorial
celebrada el diecinueve de abril del dos mil doce, en la
que se eligió la planilla de Delegados a la Convención
municipal para la elección de candidato a Alcalde del
municipio de Cananea, Sonora.
III. Juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano. El veintiuno de abril del año
en curso, los actores presentaron escrito de demanda del
presente juicio, ante personal de la comisión de procesos
internos, según se desprende de la Constancia de
Hechos número dieciséis mil cuatrocientos sesenta y
cinco, levanta ante la fe del licenciado José Luis Yáñez
Rodríguez, Notario Público Suplente número sesenta de
la municipalidad de Cananea, Sonora.
El veintidós y veintitrés siguiente el Notario Público antes
referido, levantó certificaciones de hechos número
dieciséis mil cuatrocientos sesenta y seis y dieciséis mil
cuatrocientos sesenta y siete, respectivamente, mediante
las cuales certifica en la primera de ellas, que las
instalaciones de la ubicación del órgano partidario
responsable, se encontraban cerradas y en la segunda de
ellas, que en estrados de la Comisión Municipal de
Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional
de dicho municipio, no se encontraba publicación alguna
relativa al acto impugnado, ni de la interposición del
presente juicio.
3

SG-JDC-3359/2012
Mediante acuerdo de veintiséis de abril del presente año,
el Magistrado Presidente de esta Sala tuvo por recibido
escrito de los actores mediante el cual manifestaron la
interposición del presente juicio ante el órgano partidario
responsable, escrito y anexos que formaron como
Cuaderno de Antecedentes bajo el número SG-CA-
26/2012, y se acordó requerir al órgano partidario
responsable por el trámite previsto en los artículos 17 y
18 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
Con fecha de treinta de abril siguiente, se recibió en esta
Sala Regional, mediante transmisión vía fax, informe y
constancias, remitidos por el Presidente y la Secretaria de
la Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional del municipio de Cananea,
Sonora.
El primero de mayo de este año, esta Sala Regional de
nuevo requirió a la comisión municipal referida, para que
diera trámite al escrito de impugnación, y remitiera las
constancias conducentes, bajo apercibimiento de hacerse
acreedora de alguna de las medidas de apremio
contempladas por el artículo 32 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El cuatro de mayo del año en curso, se tiene recibido ante
Oficialía de Partes de esta Sala Regional, la transmisión
vía fax del cumplimiento del acuerdo antes referido,
incluyendo las constancias del trámite de publicitación del
medio de impugnación, certificadas por la Secretaría
General de Acuerdos de esta Sala, 1
y el nueve siguiente
1 Resulta ilustrativa, por el espíritu que la informa, la jurisprudencia 1ª./J. 27/2007
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA
4

SG-JDC-3359/2012
se requirió a la responsable, por los originales
respectivos; los que se tuvieron por recibidos mediante
acuerdo de once de mayo del presente año.
IV. Turno, radicación y trámite, admisión, pruebas y
cierre de instrucción. Mediante acuerdo de once de
mayo de dos mil doce, el Magistrado Presidente de esta
Sala turnó a la ponencia del Magistrado Jacinto Silva
Rodríguez el juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano SG-JDC-3359/2012,
para los efectos del artículo 19 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 2
el diecisiete de mayo siguiente, se acordó su radicación y
admisión; y el veintidós de mayo del año en curso, al no
existir diligencia alguna pendiente de desahogar, el
Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, con
lo cual el asunto quedó en estado de resolución,
ordenando formular el respectivo proyecto de sentencia.
V. Engrose. En sesión pública de resolución de
veinticuatro de mayo de dos mil doce, el Magistrado
Jacinto Silva Rodríguez, instructor y ponente en el asunto,
propuso al Pleno de esta Sala un proyecto de resolución,
mismo que por las consideraciones en él contenidas, no
fue aprobado en la sesión pública de este órgano
jurisdiccional, por lo que el Magistrado Presidente de esta
Sala, ordenó la remisión del expediente a la ponencia del
Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, para la
elaboración del engrose respectivo, con base en los
argumentos jurídicos y razonamientos expuestos por la
DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE,
TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta. Novena Época. Tomo XXV, marzo de 2007, página 30, y número de
registro IUS 173071.
2 Dicho acuerdo fue debidamente cumplimentado por el Secretario General de
Acuerdos de esta Sala Regional mediante oficio TEPJF/SG/SGA/4632/2012.
5

SG-JDC-3359/2012
mayoría, en las respectivas intervenciones de la referida
sesión.
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 3
En este apartado, se estudiarán los presupuestos
procesales generales del presente juicio ciudadano y, de
cumplirse los mismos, se analizarán los hechos narrados
en la demanda, así como los agravios expresados en la
impugnación de mérito o los que se desprendan de ella y,
en su caso, se realizará el examen y valoración de las
pruebas que obran en autos; y se concluirá con los
razonamientos y fundamentos jurídicos de la sentencia.
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción
Plurinominal, es constitucional y es legalmente
competente para conocer del presente asunto, 4
lo anterior
3 El actor o agente argumentativo al interpretar y argumentar, debe combinar
todo un espectro de una circunstancia específica, misma que incluye aspectos
personales, una postura de construir conocimiento científico que se aproxime a la
verdad, hecho que se debe analizar a la luz del Derecho y mediante un silogismo
fundar y motivar el planteamiento de la litis y en su caso, los agravios para
determinar la verdad legal, o dentro del contexto histórico, a quien le corresponde
la justicia. En México se confunde lo que dicen las autoridades diversas con la
verdad, en este caso entramos a un problema axiológico, no siempre quien tiene
en sus manos el poder en turno, el poder o la capacidad de juzgar, le asiste la
verdad, la razón o la razón jurídica, eso se advierte en el transcurso del tiempo,
por ello, quien interpreta y argumenta, debe tener una actitud científica ante los
hechos y el devenir histórico, dicha actitud, como abogado es en pos de la
defensa de los valores, principios e intereses que guardan las normas y todo, en
su conjunto, tanto los fenómenos como el Derecho, se encuentran en una
constante transformación dialéctica, por lo cual, también se requiere una
actualización permanente por parte del jurista o estudioso del derecho.
Argumentación Jurisprudencial. Memoria del I Congreso Internacional de
Argumentación Jurídica. Edit. Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de
Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis. Primera Edición. México, 2011, página 542.
4 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 base VI y 99 párrafo cuarto
fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185,
186 fracción III inciso c) y 195 fracción IV inciso a) de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; 3 párrafo 2 inciso c), 4, 6, 79 párrafo 1, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y,
finalmente, con lo que disponen los artículos primero y segundo del Acuerdo CG
268/2011 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se
establece el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones
plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada
6

SG-JDC-3359/2012
por tratarse de un juicio para la protección de los
derechos político electorales, promovido por un
ciudadano, para controvertir actos referentes al proceso
interno de selección de candidatos a un cargo de elección
popular a nivel municipal de un partido político en el
Estado de Sonora, donde esta Sala ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. Per saltum y causales de improcedencia.
Los actores en su escrito de demanda solicitan se les
tenga presentado el medio de impugnación per saltum en
razón de que los plazos establecidos en la convocatoria
para la elección de candidatos a presidentes municipales
en los ayuntamientos con población menor a cien mil
habitantes no resultan eficaces para restituirlos en sus
derechos político-electorales, dado que de sujetarse a
alguna instancia interna, se mermarían sus derechos al
grado de hacerse irreparables, en virtud de que a la fecha
se llevó a cabo la convención de delegados en donde se
elegiría al candidato a presidente municipal relativa al
municipio de Cananea, Sonora.
Por su parte, en el informe circunstanciado, el órgano
responsable señala que …la presentación del recurso, está
fuera de término…
Contrario a lo aducido, al respecto se considera que debe
desestimarse el anterior motivo para que esta Sala
Regional no conozca el presente medio de impugnación.
En el caso, no resultaría idóneo 5
para tutelar de manera
eficaz la pretensión de los promoventes, alguno de los
medios de impugnación previstos en la normatividad
una de ellas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de noviembre
de dos mil once.
5 Por razón de tiempo.
7

SG-JDC-3359/2012
partidaria, y los cuales son reseñados por ellos en su
escrito de demanda, dado el desarrollo del proceso
interno aludido, de conformidad con la normativa del
Partido Revolucionario Institucional y la materia de
impugnación del juicio en estudio, la exigencia de atender
al medio de defensa aplicable se podría traducir en una
amenaza para los derechos sustanciales que son objeto
de litigio, causando una merma en la esfera jurídica de los
ciudadanos.
Si bien, el órgano partidario responsable no acusó de
recibido el presente medio de impugnación ya que según
se desprende del testimonio público número dieciséis mil
cuatrocientos sesenta y cinco tirado ante la fe del
Licenciado José Luis Yáñez Rodríguez, Notario Público
Suplente número sesenta, mediante el cual se levantó
Certificación de Hechos, la demanda relativa al presente
juicio ciudadano, fue entregada a la ciudadana Placida
Pérez Valenzuela, Secretaria de la Comisión Municipal de
Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional
de Cananea, Sonora, órgano partidario responsable, por
lo que existieron circunstancias que retrasaron la debida
integración del sumario, hasta el once de mayo de este
año.
Documental pública que de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, al no ser
objetada en cuanto a su autenticidad o veracidad de los
hechos que refiere, merece valor probatorio pleno.
Luego, este órgano jurisdiccional advierte que el
agotamiento de la cadena impugnativa intrapartidaria no
resulta idónea para que, en caso de asistirle la razón a los
enjuiciantes, estuvieran en posibilidad de ser restituidos
8

SG-JDC-3359/2012
en el pleno goce de sus derechos político electorales
presuntamente violados; toda vez que de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 196 y 215 del Código
Electoral del Estado de Sonora, el plazo para el registro
de candidatos a presidentes municipales en municipios de
dicha entidad federativa cuya población sea menor a cien
mil habitantes es del primero al quince de mayo al del
presente año. 6
Si bien no causa por sí mismo irreparabilidad, sí puede
ocasionar que las diversas etapas del proceso electoral
que se suceden entre sí, entrañen una irremediable
merma en el derecho político electoral de los
promoventes.
Por tanto, si se cuestionan actos de su partido que
estiman lesivos de su derechos políticos, es evidente que
en aras de garantizar la certeza de los actos que se
celebraron a ese fin, y al mismo tiempo, en el supuesto de
resultar válidos o fundados los agravios aducidos, evitar
se siga mermando su derecho a participar en el proceso
democrático mencionado –como puede ser el mero
transcurso del tiempo electoral–, ello hace que esta Sala
Regional deba conocer de los planteamientos que hacen
valer.
En razón de lo anterior, como se anticipó, ante la falta de
idoneidad del medio de defensa partidista aplicable, lo
procedente es que se conozca del juicio en forma directa,
6 Según se desprende del ACUERDO NÚMERO 100, emitido por el Consejo
Estatal Electoral de Sonora, de dieciocho de mayo de dos mil doce, SOBRE
RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTROS DE LOS CANDIDATOS QUE
INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CANANEA, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, PRESENTADA POR EL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO, EN CANDIDATURA COMUN, la solicitud de registro para el
municipio que nos ocupa aconteció el trece de mayo del año que transcurre.
9

SG-JDC-3359/2012
dada la merma al derecho político electoral del
ciudadano.
Resulta aplicable la jurisprudencia 9/2001, emitida por la
Sala Superior de este tribunal, con el rubro: DEFINITIVIDAD
Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS
ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA
PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL
REQUISITO. 7
Similar criterio a lo antes razonado se sostuvo en los
expedientes SG-JDC-1219/2012 y SG-JDC-2170/2012.
TERCERO. Requisitos de la demanda. El presente
medio de impugnación cumple con los requisitos de
procedencia previstos en el artículo 9 del ordenamiento
legal antes citado, ya que la demanda se presentó por
escrito ante el órgano responsable, y en ella constan el
nombre y firma de los actores, domicilio para recibir
notificaciones, se mencionan los hechos materia de la
impugnación, se expresan agravios, se identifica el acto
impugnado y se ofrecen medios de prueba.
Requisitos especiales de procedibilidad. Se
encuentran igualmente satisfechas las exigencias
contempladas por los artículos 79 y 80 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
Oportunidad. La demanda se presentó dentro del
término establecido por la normativa interna del partido
político en comento, toda vez que el acto controvertido
aconteció el diecinueve de abril del año en curso, en tanto
7 Compilación 1997-2010. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. México, 2011. Volumen 1,
Jurisprudencia, páginas 236 a la 238.
10

SG-JDC-3359/2012
que la demanda fue exhibida ante una persona,
integrante del órgano responsable, el veintiuno de abril
del año en curso, según se relató en el punto anterior, de
lo cual se desprende su presentación dentro del plazo de
cuatro días previsto por el artículo 8 de la legislación
adjetiva electoral federal.
Legitimación. El juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano es promovido por parte
legítima, conforme a lo previsto por los artículos 13 inciso
b), 79 y 80, inciso g), de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues es
promovida por una ciudadana en calidad de militante del
Partido Revolucionario Institucional, en tanto que
Guillermo Córdova González lo hace también como
representante de la planilla roja para la referida asamblea.
Sobre este último, la representación se tiene por
acreditada, por así reconocerlo el propio órgano
responsable en su informe circunstanciado, lo cual se
corrobora con las demás constancias que obran en el
expediente (fojas 500 a la 506, 508 a la 510, 532 a la
534).
Definitividad y Firmeza. Está satisfecha esta condición,
en virtud de lo razonado en el apartado per saltum.
CUARTO. Litis. La parte actora señala como agravios, en
resumen los siguientes:
1.- Que la votación realizada en la asamblea territorial es
totalmente contraria a derecho, ya que la mayoría de las
constancias de militancia de los votantes no cumplían con
los requisitos establecidos en los estatutos, lo que
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SG-JDC-3359/2012
transgrede los principios fundamentales como la equidad,
certeza jurídica y parcialidad.
2.- Falta de certeza y claridad que hubo en el manejo de
las boletas, ya que nunca se contaron las mismas.
3.- La promoción anticipada de campaña y precampaña
de los precandidatos al cargo de presidente municipal en
Cananea, Sonora, durante la celebración de la Asamblea
Territorial.
4.- Dejar en estado de indefensión a los actores en virtud
de que les fue negada copia del acta circunstanciada del
respectivo cómputo, así como de cada uno de los
documentos que servirían como anexo, específicamente
las actas de escrutinio y cómputo de la ilegal votación; así
como del expediente de la celebración de la asamblea
territorial y del padrón de militantes con antigüedad de por
lo menos un año.
Por otra parte, al momento de estudiarse los agravios no
necesariamente se examinarán éstos tal y como fueron
expresados, sino que podrá ser en forma conjunta o
separada, sin que ello irrogue lesión al actor, en términos
de lo establecido en la jurisprudencia 4/2000, sustentada
por la Sala Superior de este tribunal, bajo el rubro:
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN, 8
pues lo importante es que no dejen de
ser analizados, cuenta habida que con ello se atiende su
pretensión jurídica deducida de los hechos, motivos de
reproche, argumentos y pruebas aportadas al sumario,
determinando en su caso su acertividad.
8 Compilación 1997-2010. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. México, 2011. Volumen 1,
Jurisprudencia, páginas 119 a la 120.
12

SG-JDC-3359/2012
En consecuencia, la litis en el presente juicio se constriñe
en determinar si la actuación y determinación del órgano
partidista señalado como responsable es acorde a los
principios de constitucionalidad y de legalidad que rigen la
materia electoral, al apegarse a lo establecido por los
estatutos y normas partidarias, razón por la que deba ser
confirmada, o si por el contrario, vulnera dichas bases y,
en consecuencia, deba ser revocada o modificada. 9
QUINTO. Estudio de los agravios. Este órgano
jurisdiccional federal estima ineficaz, por tanto inoperante,
el primero de los agravios esgrimidos por los actores, con
base en las siguientes consideraciones y fundamentos de
derecho.
Los actores en su escrito de demanda, manifiestan que
les causan agravio varias irregularidades que se llevaron
a cabo al momento de recibir la votación entre las que
aducen, la falta de un padrón de registro; la mayoría de
los votantes mostraban una constancia que no reunía los
requisitos y no dejaban copia de la misma; presentaban
constancias falsas por no estar firmadas por la presidenta
del instituto político a nivel municipal; ciudadanos
mayores de treinta y cinco años que acreditaban su
militancia con los formatos del Frente Juvenil
Revolucionario; que el delegado del Comité Directivo
Estatal permitió votar a más del cincuenta por ciento de
las personas con una hoja que contenía solicitud de
militancia.
De lo anterior, concluyen los actores, la votación realizada
en la Asamblea Electoral Territorial, fue contraria a
derecho.
9 Covarrubias Dueñas, José de Jesús. Derecho Constitucional Electoral. Edit.
Porrúa. Sexta Edición. México, 2010, páginas 263 y 264.
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SG-JDC-3359/2012
Sin embargo, el planteamiento realizado por los
promoventes resulta ineficaz, en razón de que los
argumentos expuestos resultan vagos e imprecisos, al no
existir el señalamiento claro de los casos individualizados
en los que a decir de los actores existieron irregularidades
en la recepción de la respectiva votación, esto es, los
actores se limitan a establecer que como existieron varias
irregularidades en la recepción de la votación y que sólo
un porcentaje sumamente bajo de votantes fue el que tal
vez pudo acreditar militancia, y que la responsable
permitió que se votara con constancias falsas e
improcedentes, la votación fue contraria a derecho.
En efecto, de su narrativa y exposición de agravios
indican que varias personas obtuvieron acreditaciones
que no correspondían a aquellos que estaban autorizados
para otorgarlas. Empero, no específica cuáles fueron
dichas constancias o cómo arriba a tal conclusión para
determinar su falsedad o indebido otorgamiento, pues
refiere únicamente que hubo varias de esas constancias
de acreditación, no se desprende que la firma fuera
identificable, o quién suscribía por ausencia, o cuántos
fueron las personas que no dejaban dicha constancia.
En ese sentido, al resultar ser manifestaciones genéricas
y subjetivas, resultan insuficientes para concatenar lo
esgrimido como motivo de disenso con lo probado en
constancias para determinar la validez o no de dicho
agravio.
No es obstáculo para arribar a lo anterior el hecho de que
los actores pretendan probar con la Fe Notarial de Hecho
números dieciséis mil cuatrocientos sesenta y uno, y la
diversa dieciséis mil cuatrocientos sesenta y dos, de
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SG-JDC-3359/2012
fechas diecinueve y veinte de abril del año en curso,
respectivamente, levantadas por el licenciado José Luis
Yañez Rodríguez, Notario Público Suplente número
sesenta, de las que se desprende de la primera de ellas
la interpelación a dos militantes, y el anexo de dos
constancias de militancia y tres solicitudes de las mismas,
así como del segundo de los instrumentos públicos se
desprende el dicho de una ciudadana que dice pertenece
a la comisión municipal y manifiesta que por decisión del
delegado, del señor Víctor Félix las constancias de
acreditación de la militancia, estaban firmadas por
ausencia por el secretario del partido.
Debido a que, si bien merecen valor probatorio pleno de
conformidad de conformidad con los artículos 14 y 16 de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, en cuanto al documento que lo
conforma, por lo que ve a su contenido, tiene que ser
tomado como una prueba testimonial, por no constarle los
hechos directamente al fedatario público sino a raíz de
una interpelación judicial, lo cual amerita que dicha
prueba adquiera un valor probatorio de indicio, en cuanto
su contenido.
Luego, al no poder adminicularse con otros elementos de
prueba que corroboren lo anterior, en forma prevista por
la legislación procesal electoral federal, dichos medios de
convicción en nada modificaría la inoperancia decretada
conforme se señaló en líneas precedentes.
De igual forma, resulta ineficaz el motivo de disenso
consistente en que un representante o delegado del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Sonora, permitió las
irregularidades señaladas en la demanda, pues lo hace
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SG-JDC-3359/2012
depender de otros actos que, como se había indicado,
resultaron en manifestaciones vagas e imprecisas,
además de que de modo alguno se corrobora que, en
efecto, la persona por ellos identificados en su escrito
impugnativo, haya consentido irregularidades toda vez
que no exponen el enlace lógico-jurídico para llegar a tal
conclusión, ni tampoco lo concatenan con otros agravios
debidamente configurados, donde ataquen de forma
frontal, específica y concreta, los actos indebidos
acontecidos en el día de la jornada electoral que nos
ocupa.
Relacionado con lo anterior, también se estima inoperante
el motivo de reproche consistente en que acudieron
personas supuestamente afiliadas al Frente Juvenil
Revolucionario de su partido que no aparentaban una
edad de entre dieciocho y treinta y cinco años –la
permitida en esa organización, según el dicho de los
actores–, por lo que fue indebida su acreditación, y
consecuentemente, la votación por ellos emitidos,
además de la manifestación de una persona de que se
expidieron una tres mil constancias sin nombre y que
fueron llenados el día de la votación. Lo anterior al partir
de afirmaciones subjetivas que no permiten verificar su
dicho ni se sustenta con algún otro elemento de prueba.
Por lo que, al hacer los actores manifestaciones vagas y
genéricas encaminadas a argumentar que por dos o tres
situaciones particulares que se presentaron en la
Asamblea Electoral Territorial, que ahora se impugna,
éstas sucedieron de manera generalizada, y al no
establecer circunstancias de modo tiempo y lugar, es que
esta Sala se encuentra impedida para conocer del agravio
relacionado en el punto primero del considerando que
antecede.
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SG-JDC-3359/2012
En cuanto al resto de los agravios resumidos en el
apartado argumentativo que antecede, igualmente, se
estiman ineficaces, por tanto inoperantes, al considerarse
que los actores realizan argumentos genéricos,
imprecisos, contradictorios, unilaterales y subjetivos, por
lo que esta autoridad se encuentra impedida para
pronunciarse al respecto, al no derivarse causa de pedir o
agravio alguno a los impugnantes, es decir, de sus
razonamientos no se aprecia argumentación alguna que
ponga de manifiesto que el acto impugnado deba
revocarse, por considerar que viola sus derechos político
electorales.
En el caso concreto, los actores se limitan a establecer
que existió falta de certeza en el manejo de las boletas,
debido a que no se contabilizaron las mismas, por lo que
suponen existió trampa, así mismo manifiestan que no
prueban de manera alguna tal irregularidad; por otra parte
indican que les causa agravio por parte del órgano
responsable y de otros ciudadanos que se realizaran
actos anticipados de campaña y precampaña, situación
que nada tiene que ver con la celebración de la Asamblea
Territorial impugnada; y finalmente establecieron como
agravio la negativa de otorgarles diversa documentación.
Sin embargo, de las manifestaciones antes descritas no
se deprende agravio alguno a los actores, por el que se
haga necesaria la intervención de este órgano
jurisdiccional, por considerar que se violan los derechos
político electores de los actores y en consecuencia
restituirlos en el goce de los mismos.
En efecto, indican que existió una falta de certeza y
claridad con el manejo de las boletas, al no haberse
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SG-JDC-3359/2012
contado y manifestar que son más de diez mil, sin que los
representantes se cercioraran de ellos, sin que tampoco
se contabilizaran, aunado a que fueron destruidas.
Empero, no se aportan mayores elementos objetivos con
los cuales se pueda acreditar su dicho, pues incluso
manifiestan …no estamos probando de manera plena alguna
irregularidad, pero con la destrucción de las boletas la responsable
no va a poder acreditar la legalidad del proceso…, situación que
en modo alguno lo exime de la carga probatoria
contemplada en el artículo 15 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
pero además, de especificar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que aconteció lo expuesto por ellos, o
demeritar los demás elementos probatorios que obran en
actuaciones que contradicen su alegación.
De igual forma, merecen el calificativo de ineficaz de los
actos anticipados de campaña y precampaña aducido en
sus motivos de reproche, y los agravios accesorios al
mismo, pues aunado a lo referido con antelación, parten
de premisas genéricas e imprecisas.
Finalmente, respecto a la negativa de otorgarles diversa
información por parte del órgano responsable, la cual
dicen, era necesaria para expresar su inconformidad, no
les asiste la razón, por tanto es infundado, toda vez que
de la fe de hechos notarial número dieciséis mil
cuatrocientos sesenta y dos (ya descrita con anterioridad)
se aprecia una respuesta a sus peticiones (foja 80, frente
y vuelta), que la persona referida por los incoantes solicitó
que esperaran a que lo autorizara el presidente del
comité, sin que haya existido una negativa rotunda y firme
a recibirlos, pero además, tampoco se aprecia que la
18

SG-JDC-3359/2012
persona que finalmente los atendió se haya negado a
recibirle los escritos.
En ese orden de ideas, los actos negativos aducidos
quedaron sujetos a la voluntad de uno de los actores, sin
que se aprecie, como narran, una negación a recepcionar
sus solicitudes por los motivos indicados en su demanda.
Cabe precisar lo siguiente, ya que el juicio para la
protección de los derechos político electorales del
ciudadano no es un juicio de estricto derecho, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, esta autoridad se encuentra facultada
para suplir las deficiencias u omisiones en los agravios
cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de
los hechos expuestos, sin que en el caso concreto se
pueda aplicar la norma invocada, toda vez que el
mencionado artículo supone que, por un lado, en la
demanda exista la expresión de agravios aunque éstos
sean deficientes o incompletos, y por otro que de los
hechos se pueda deducir algún agravio.
Así, la suplencia no opera ante la ausencia de un agravio,
esto es, cuando no es posible desprenderlo de los hechos
que se exponen de manera específica en la
argumentación correspondiente, y tampoco cuando los
agravios sean vagos, generales e imprecisos, de forma tal
que no pueda advertirse claramente la causa concreta de
pedir, pues la suplencia no puede entenderse en el
sentido de que el órgano jurisdiccional, con el pretexto del
ejercicio de esta facultad, amplíe la demanda en lo que
concierne a que lo que pretende demostrarse es
inconstitucional, o bien, varíe el contenido de los
argumentos vertidos como agravios, porque tal proceder
19

SG-JDC-3359/2012
implicaría introducir elementos novedosos no sometidos al
análisis judicial, cuestión que legalmente no está
permitida.
De tal manera que para suplir la deficiencia de un agravio,
debe verificarse si en la demanda se expresó el aspecto
de la resolución impugnada que le irroga perjuicio al actor,
o de sus planteamientos pueda inferirse la violación
alegada o que los mismos se encuentren dirigidos a
evidenciar la ilegalidad del acto que se aduce lesivo de
derechos. Sin que en la especie se hubieren dado estos
supuestos, por lo que es inobjetable que los
razonamientos de los actores carecen de configuración y,
por lo tanto, no procede su suplencia.
Al expresar cada agravio, el actor debe precisar qué
preceptos de derecho considera violados y explicar el
desarrollo de los razonamientos dirigidos a desvirtuar los
motivos de la responsable, la causa por la cual fueron
infringidos, exponiendo la argumentación que considere
conveniente para demostrar la inconstitucionalidad o
ilegalidad del acto reclamado.
Son orientadoras, por el contenido que las informan, las
tesis 1a./J. 81/2002, CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O
AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU
ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO
NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE
LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN
FUNDAMENTO, y III.1o.C.174 C, SUPLENCIA DE LA QUEJA
DEFICIENTE EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL. OPERA
SIEMPRE QUE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O
AGRAVIOS EXISTA UNA MÍNIMA CAUSA DE PEDIR. 10
10 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomos XVI
de diciembre de 2002 y XXXI de Marzo de 2010, páginas 61 y 3076, y números
de registros IUS 185425 y 164890, respectivamente.
20

SG-JDC-3359/2012
En tal orden de ideas, las pruebas ofertadas por los
actores consistentes en las pruebas técnicas resultan
insuficientes para acreditar sus alegaciones, toda vez que
no especifican las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que pretenden acreditar con los mismos, los actos
desarrollados en las video grabaciones y fotografías, o
descripciones de lo que ahí acontece de forma concreta e
individual, ante lo cual, no son aptos para lograr acreditar
sus dicho y, por tanto, su pretensión.
En consecuencia, al resultar inoperantes, por tanto
ineficaces, y otro infundado, en consecuencia inválido, los
agravios manifestados por los actores, lo procedente es
confirmar el acto impugnado.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los
artículos 19, párrafo 1, inciso f), 22, 25 y 84, párrafo 1,
inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Regional
dicta el siguiente
PUNTO RESOLUTIVO
ÚNICO. Se confirma el acto impugnado.
NOTIFÍQUESE a las partes en los términos de ley.
En su oportunidad, archívese el presente expediente
como asunto concluido.
Así lo resuelven por mayoría de votos los integrantes de
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, con jurisdicción en la Primera
Circunscripción Plurinominal, con voto particular del
21

SG-JDC-3359/2012
Magistrado Jacinto Silva Rodríguez, ante el Secretario
General de Acuerdos quien autoriza y da fe. CONSTE.
MAGISTRADO PRESIDENTE
NOÉ CORZO CORRAL
MAGISTRADO MAGISTRADO
JOSÉ DE JESÚS JACINTO SILVA
COVARRUBIAS DUEÑAS RODRÍGUEZ
EDSON ALFONSO AGUILAR CURIEL
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL
MAGISTRADO JACINTO SILVA RODRÍGUEZ, EN
RELACIÓN CON LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL
EXPEDIENTE SG-JDC-3359/2012.
En términos de lo dispuesto en los artículos 193 segundo
párrafo y 199 fracción V de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación emito voto particular por no
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SG-JDC-3359/2012
coincidir con el dictado de la presente sentencia, por las
razones que se exponen a continuación:
La mayoría resolvió conocer el presente juicio de
manera directa, por considerar que el
agotamiento de la cadena impugnativa
intraprartidaria no resulta idóneo para restituir al
ciudadano en sus derechos político-electorales,
pues, de agotarlo, podría existir merma en los
derechos de los actores.
Sin embargo, al sostener tal argumento, se está
en el supuesto de que este Tribunal no conoce
per saltum el presente juicio por considerar que
por razón de tiempo no resulta idóneo el medio de
impugnación intrapartidario y, en consecuencia,
no habría medio intrapartidario «que saltar».
Contrario a lo afirmado por la mayoría considero,
que la idoneidad de un juicio no depende de la
etapa del proceso electoral en que se este, sino
de la oportunidad con que dichos medios, en este
caso intrapartidarios, puede otorgar a los
ciudadanos en la reparación de sus derechos
político-electorales que considera violados,
situación diferente es que por razón de tiempo la
cadena impugnativa correspondiente no se pueda
agotar por considerar que eventualmente pueda
existir merma de derechos, esto es que ocurran
situaciones que eventualmente puedan ser
irreparables.
De conformidad con el criterio sostenido en la
jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este
Tribunal, cuyo rubro a la letra dice: PER SALTUM. EL
23

SG-JDC-3359/2012
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE
PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA
INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE DEFENSA
INTRAPARTIDARIO Y ORDINARIO LEGAL. Uno de los
requisitos establecidos para conocer per saltum de un
juicio, consiste en que el medio de impugnación se
interponga dentro del término legal previsto para el
recurso intrapartidario; ahora bien, en el caso concreto, el
acto impugnado consiste en la Asamblea Electoral
Territorial mediante la cual se elegirían a los delegados
representantes a la convención municipal para elegir
candidato por el Partido Revolucionario Institucional a la
presidencia municipal de Cananea, Sonora, celebrada el
pasado diecinueve de abril, el que fue notificado por
estrados a partir de las veintitrés horas con treinta
minutos del mismo día.
Por tanto, si de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 16 y 80 del Reglamento de Medios de
Impugnación del Instituto Político antes mencionado, el
Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios de
los Militantes es procedente para impugnar actos del
partido político que sus militantes estiman les causa un
agravio personal y directo, cuyo término legal para su
interposición es de cuatro días y al ser presentado el
juicio ciudadano que nos ocupa el veintiuno de abril del
año en curso, es de concluir que el requisito legal de la
oportunidad del presente medio de impugnación se
encuentra colmado.
Por lo que, considero que el medio intrapartidario
mencionado es el idóneo para restituir al actor en sus
derechos, sólo que por razón de tiempo ya que de
agotarlo habría una merma en sus derechos político-
24

SG-JDC-3359/2012
electorales, pues a la fecha ya se llevó a cabo el registro
de candidatos a munícipes en el estado de Sonora, por lo
que este órgano jurisdiccional debería conocer del
presente asunto per saltum.
Por otra parte, en relación a la procedencia del presente
juicio, respecto del actor Guillermo Córdova González,
quien manifiesta que comparece en representación de la
planilla Roja, considero que se actualiza la causal de
improcedencia contemplada en los artículos 9 párrafo 1
inciso a) y párrafo 3 y 10 del ordenamiento en cita.
Del artículo 9 párrafo 1 inciso a) de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
se desprende que en la demanda inicial de los medios de
impugnación se debe hacer constar, sin excepción, el
nombre del actor.
La omisión de tal requisito tiene como consecuencia el
desechamiento de plano del respectivo medio, ya que en
ese caso el Tribunal no puede tener certeza de quién es
el titular de los derechos en discusión.
Y en el caso concreto, la sola manifestación del actor
Guillermo Córdova González de interponer el presente
juicio en representación de la totalidad de la planilla, no
resulta suficiente para tener por colmado el requisito
establecido en el artículo 9 del ordenamiento jurídico en
comento, esto es, hacer constar el nombre de los actores,
ya que el que se le tenga por reconocido el carácter de
representante por parte de la responsable no lo legitima
para interponer el presente juicio en tal carácter.
Por tanto, al no reunir el requisito legal antes descrito,
respecto de la procedencia del juicio ciudadano, lo
25

SG-JDC-3359/2012
procedente era desechar de plano el juicio en cuanto al
carácter del actor como representante legal de la aducida
planilla.
Por otra parte, el sistema jurídico mexicano ciñe a los
órganos jurisdiccionales a la elaboración de sentencias
con requisitos comunes, tal como lo prevén el Código
Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 222, y el
numeral 16 del Reglamento Interior de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación mismo que, como criterio
orientador, a la letra dice:
“Artículo 16. En la formulación de los proyectos se atenderán, en
lo conducente, los lineamientos siguientes:
I. En el primer resultando se enumerarán las autoridades o
partes demandadas y los actos impugnados. En caso de normas
generales, se mencionarán el precepto o los preceptos
combatidos y, en su caso, el primer acto de aplicación;
II. En los siguientes resultandos se indicarán los antecedentes
del asunto, así como su trámite ante la Suprema Corte;
III. En el primer considerando se fundamentará y motivará la
competencia del Pleno;
IV. En el segundo considerando y, en su caso, en los
subsiguientes, se analizarán las cuestiones previas al estudio de
fondo;
V. En el tercer considerando o, en su caso, en los subsiguientes,
se delimitarán los problemas jurídicos materia de análisis;
VI. En el considerando cuarto o, en su caso, en los
subsiguientes, se realizará el estudio que técnicamente
corresponda;
VII. En la parte final del último considerando se fijarán las
consecuencias de la resolución que se adopte y, tratándose de
contradicciones de tesis en las que se resuelva la materia de la
misma, la tesis jurisprudencial que debe prevalecer, y
VIII. Los puntos resolutivos se redactarán en forma concreta y
directa, evitando reproducir en éstos lo expresado en la parte
considerativa del proyecto.”
En este sentido, no deben confundirse los lineamientos
que sobre el contenido de las resoluciones –y no del
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SG-JDC-3359/2012
formato– prevé el artículo 22 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación.
Estoy convencido de que la consistencia en el formato de
las sentencias abona a la claridad y a la seguridad
jurídica de nuestros fallos, de manera que, a
consideración del suscrito, los términos en los que ha de
colmarse la forma de la presente resolución es
sustituyendo el título del apartado “RESUMEN DE HECHOS”
por “RESULTANDO”, el del apartado “ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA” por “CONSIDERANDO”, y el del apartado
“PUNTO RESOLUTIVO” por “RESUELVE”.
Finalmente, respecto a la cita a pie de página en que se
transcriben los fundamentos constitucionales y legales de
la competencia de esta Sala para conocer del presente
juicio, me parece que una cita a pie de página se justifica
en una sentencia cuando refiere a doctrina de un autor
reconocido que desarrolla con mayor profundidad
argumentos en ella contenidos y que refuerzan la
resolución y que propiamente trascienden la índole de
una resolución judicial, o que contextualiza las ideas que
en la misma se plasman, siempre y cuando, en cualquier
caso, se trate de conceptos, ideas o datos prescindibles,
de tal manera que si se omite su lectura no se pierde
nada esencial de la sentencia, y ésta no desmerece en
claridad y solidez, por lo que considero que dicha
transcripción de los fundamentos constitucionales y
legales de la competencia de esta Sala debió hacerse en
el cuerpo de la sentencia, y no a pie de página, pues la
fundamentación de la competencia es esencial a toda
sentencia, de ninguna manera es prescindible como
cualquier nota a pie de página puede serlo.
27

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SG-JDC-3359/2012
Por todo lo anteriormente expuesto, emito el presente
voto particular.
MAGISTRADO
JACINTO SILVA RODRÍGUEZ
El suscrito, Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el
artículo 204, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
en cumplimiento de las instrucciones del Magistrado Electoral Noé Corzo Corral,
Presidente de este órgano jurisdiccional, CERTIFICA: Que el presente folio, con
número treinta, forma parte de la sentencia de esta fecha, emitida por la Sala
Regional Guadalajara en la resolución del juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano SG-JDC-3359/2012. DOY FE.----------
---------------------------------------------------------------------
Guadalajara, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos mil doce.
EDSON ALFONSO AGUILAR CURIEL
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS