"Simplificación, Desregulación y Acelaración de los Procedimientos ...

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constitucionales en sede contencioso-administrativa para determinar cuanto se
le cobra a las administraciones por ese rubro.
C.3.- Silencio administrativo
Resulta claro que el silencio negativo y positivo son institutos que
contribuyen a acelerar el procedimiento administrativo frente la inercia de la
administración pública –independientemente de los efectos particulares que
pueda tener cada figura jurídica-. En caso de operar el negativo el administrado
puede tener la certidumbre normativa de haberse producido, por una fictio iuris,
un acto presunto denegatorio y en el positivo uno de carácter estimatorio, todo
dentro de un plazo relativamente corto, sin tener que esperar a que se dicte una
resolución expresa.
Obviamente, el silencio positivo encierra graves peligros en materias
sensibles tales como la ambiental, de dominio público –en las cuales la Sala
Constitucional y la Procuraduría General de la República han indicado que no
opera 41 - y agregaríamos de salud –por ejemplo para la comercialización y venta
de un medicamento o productos farmacéuticos-, lo que ha llevado a afirmar que
“(…) sólo se podrán aceptar constitucionalmente autorizaciones fictas en
aquellos casos en los que la autoridad competente ya haya verificado los
presupuestos de la autorización y, por tanto, estimado con suficiente certeza los
peligros del proyecto solicitado y tan sólo falte la aprobación necesaria de otro
órgano que no se haya pronunciado dentro de un plazo coercitivo” 42 .
Se ha señalado 43 que el silencio positivo, sobre todo cuando se preconiza
como regla o no sujeto al principio de legalidad, como técnica para neutralizar
los efectos de las dilaciones indebidas o injustificadas en el procedimiento
administrativo resulta congruente con la vertiente jurídico-subjetiva de la
celeridad y prontitud, pero no con la jurídico-objetiva, puesto que, impide el
obligado examen de la adecuación legal de la actividad cuya autorización es
solicitada, lo que transforma el instituto en inidóneo e ineficaz, puesto que,
impide la armonización del interés del solicitante, con el interés público y los
intereses de terceros afectados. Debe tomarse en consideración que la reserva de
autorización a que son sometidos algunos derechos preexistentes es impuesta
por razones de interés público o general y, sobre todo, por los derechos
fundamentales colindantes de los terceros afectados por la actividad cuya
41 Votos Nos. 2954-94 de las 9:09 hrs. de 17 de junio de 1994, 820-95 de las 18:54 hrs. de 8 de febrero de 1995
y dictamen C-118-91 de 11 de julio de 1991.
42 BULLINGER (Martín) op. cit., p. 13.
43 BACIGALUPO SAGGESE (Mariano), El factor tiempo en el procedimiento administrativo desde la óptica
del Derecho Comparado, en particular del Derecho Alemán. Estudios sobre el procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, pp. 370-373.