"Simplificación, Desregulación y Acelaración de los Procedimientos ...

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a) Derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos.
La Sala Constitucional en los Votos Nos. 5207-04 de las 14:55 hrs. de 18 de
mayo de 2004 y 7532-04 de las 17:03 hrs. de 13 de julio de 2004, señaló que
nuestra Constitución Política recoge el derecho fundamental –hasta ese momento
innominado- al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, el cual
se infiere de la relación sistemática de los ordinales 140, inciso 8° -“buen
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”-, 139, inciso 4° -
“buena marcha del Gobierno”-, y 191 –“eficiencia de la administración”- de la
Constitución Política 17 . Lógicamente, el derecho fundamental de los
administrados al buen funcionamiento de los servicios públicos, solo se logra, en
el plano procedimental administrativo, con una clarificación y simplificación de
los procedimientos complejos y, desde luego, con una eliminación de los trámites
innecesarios.
b) Principios de eficacia y eficiencia.
Estos principios de orden constitucional que nutren la función y
organización administrativas –forman parte del concepto constitucional de
administraciones públicas- fueron enunciados por la Sala Constitucional en los
referidos Votos Nos. 5207-04 y 7532-04, como la obligación correlativa al
derecho de los administrados al buen funcionamiento de los servicios públicos.
Estos principios suponen que las administraciones públicas no solo deben actuar,
sino obtener o alcanzar objetivos o fines –resultados- de la mejor y más idónea
manera posible, demostrando efectividad como fundamento de su legitimidad. La
eficiencia y eficacia administrativas, se obtienen, entre otros medios, a través de la
idónea y necesaria simplificación, aclaración y reducción de los trámites
administrativos, puesto que, ello repercute en el logro de los fines y objetivos con
la mayor racionalidad posible.
c) Principio de seguridad jurídica.
Este valor y principio constitucional latente o virtual, exige que los
administrados al enfrentar el ejercicio de la potestad de autotutela declarativa y
ejecutiva de las administraciones públicas o al discutir un asunto en la vía
administrativa gocen de seguridad jurídica y sepan a qué atenerse por virtud de la
claridad de los trámites y la distribución de las competencias que pueden,
eventualmente, converger.
d) Principio de igualdad.
17 V. JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo –Tomo II Responsabilidad
Administrativa-, pp. 210-217.