"Simplificación, Desregulación y Acelaración de los Procedimientos ...

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25 autorización es solicitada, respecto de los que existe un deber estatal de protección. Esa dimensión prestacional protectora de los derechos de terceros que pueden lesionarse o amenazarse, transforma la reserva de autorización en una exigencia constitucional que tiene un valor equivalente a la exigencia constitucional de que los obstáculos que impiden el ejercicio del derecho fundamental del solicitante sean removidos en un plazo razonable. Consecuentemente, ambas exigencias constitucionales se deben ponderar según el principio de concordancia práctica, sin conceder un mayor peso a una u otra, lo que se logra a través de un examen exhaustivo de la adecuación de lo solicitado en un plazo adecuado y razonable. El silencio positivo no subordinado al principio de legalidad privilegia el derecho fundamental del solicitante de autorización en detrimento de los derechos fundamentales colindantes de los terceros afectados. C.4.- Medidas cautelares Las medidas cautelares atípicas de naturaleza positiva, sea con efectos jurídicos anticipatorios o innovativos (artículo 332 LGAP), si bien, por sí mismas, no aceleran los procedimientos administrativos, ayudan a paliar los efectos de los retardos injustificados en su sustanciación y, a la postre, contribuyen a moldear el concepto de duración razonable de un procedimiento. C.5.- Única instancia de alzada El artículo 350, párrafo 1°, de la LGAP dispone que en el procedimiento administrativo “(…) habrá en todos los casos una única instancia de alzada, cualquiera que fuere la procedencia del acto recurrido”, esta norma en virtud del carácter piramidal de la organización administrativa y sus diversos estratos jerárquicos evita una escalerilla interminable de recursos, con lo que consecuentemente la regla general constituye un valioso instrumento de la aceleración de los procedimientos administrativos. C.6.- Prohibición de más de dos audiencias El artículo 309, párrafo 1°, de la LGAP admite una única audiencia o comparecencia oral y privada, el párrafo 3° de ese numeral admite, de modo excepcional, una segunda cuando en la primera resulta imposible dejar listo el procedimiento para su decisión final y las diligencias pendientes así lo imponen. De otra parte el artículo 319, párrafo 4°, establece una prohibición en aras de acelerar los procedimientos administrativos al indicar que “Será prohibido celebrar más de dos comparecencias”, esta norma impide el abuso de la audiencia oral en el procedimiento administrativo con lo que evita cualquier
26 dilación injustificada provocada por las partes interesadas o por la propia administración pública. Cabe señalar que el precepto de comentario, obviamente, no proscribe la suspensión de una audiencia y su reanudación en los días subsiguientes. C.7.- Procedimiento sumario Este procedimiento contemplado en los ordinales 320 a 326 de la LGAP, está diseñado, básicamente, para la emisión de actos administrativos de carácter favorable o declaratorios de derechos o, incluso, de gravamen de efectos jurídicos muy leves –v. gr. procedimiento disciplinario para imponer una amonestación verbal o por escrito-. Este tipo de procedimiento fue diseñado en aras de la celeridad, puesto que, no existen debates, defensas o pruebas ofrecidas por las partes y, desde luego, no hay comparecencia o audiencia (artículo 321 LGAP). Una manera de potenciar el uso de este tipo de procedimiento y de contribuir al ajuste del ritmo de gestión de las inversiones con los tiempos de los procedimientos es generalizando su uso para todo tipo de actos administrativos favorables o declaratorios de derechos, evitándose la prolongación y lentitud del procedimiento ordinario, lo cual se logra anticipando si la resolución final podrá ser o no favorable, según los atestados y requisitos que haya presentado el administrado, de modo que sí se vislumbra una decisión desfavorable la administración debe proceder a ordinariar el procedimiento. C.8.- Procedimiento urgente En estados anormales de necesidad o urgencia, el legislador previó este procedimiento para evitar daños graves a las personas o irreparables a las cosas, pudiendo prescindirse de una o de todas las formalidades existentes en circunstancias normales (artículo 226, párrafo 1°, LGAP). Lamentablemente, este tipo de procedimiento podrá ser usado, únicamente, en circunstancias muy calificadas tales como casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública (artículo 180, párrafo in fine, de la Constitución Política). El problema de este tipo de procedimiento es que solo opera en circunstancias anormales o excepcionales de necesidad y no en circunstancias normales, donde la urgencia esté determinada por la necesidad macroeconómica de contar con inversiones que puedan arrancar rápidamente. D.- Propuestas de lege ferenda para acelerar los procedimientos administrativos D.1.- Plazos perentorios
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