Acta de la Sesión Ordinaria Nº 145 celebrada por el CONCEJO ...

-es decir, lo que el acto dispone en concreto- y al fin -que es público y reglado en todo
caso-; finalmente, se encuentran los "formales" , y dentro de ellos está la forma de
manifestación -normalmente escrita-, la motivación -que debe ser suficiente y que
permite acreditar la existencia del motivo- y el procedimiento administrativo.- En el
presente asunto, todas las alegaciones del interesado, se fundan en supuestas
violaciones al debido proceso, de forma que, lo que aquí se cuestiona, es la existencia
de defectos graves acaecidos en el último de los elementos mencionados. Esa
circunstancia obliga a recordar, en primer término, que de previo a la emisión de todo
acto final, la Administración debe seguir un cauce procedimental previamente
determinado y que está constituido por una serie de actos y actuaciones, por lo
general de una naturaleza bastante heterogénea -audiencias, dictámenes,
comparecencias, notificaciones, citaciones, informes, etc -, pero que están
íntimamente vinculados entre sí y que buscan, en lo esencial, configurar la voluntad
administrativa, mediante la búsqueda de la verdad real, pero a la vez, garantizar el
pleno respeto de los derechos y garantías fundamentales de la persona destinataria de
esa decisión y que puedan resultar afectados, gravados, obligados o incluso
beneficiados con ella.-Justamente por eso, el procedimiento se estudia normalmente
desde una doble perspectiva: por un lado, la de la eficiencia en las funciones
administrativas y el cumplimiento de los fines públicos, que se satisfacen entre muchas
otras actividades, mediante la prestación de múltiples servicios públicos y la emisión
de actos administrativos acertados, oportunos, válidos, efectivos, legítimos; y por el
otro, como una garantía de respeto a las situaciones jurídicas sustanciales del ser
humano, postulados ambos que son inherentes al Estado social y democrático de
derecho, cuyos principios permean la totalidad de las manifestaciones del poder
público en Costa Rica.- Recuérdese asimismo, que son múltiples los principios que
informan ese procedimiento, muchos de ellos de raigambre constitucional y otros cuyo
origen se encuentra directamente en la Ley General de la Administración Pública.
Pueden citarse, sin ánimo de agotar la lista, los siguientes: el impulso de oficio -
artículo 222 de la citada LGAP -, de verdad real -artículo 214-, del ínformalismo en
favor de toda persona -artículo 224-, gratuidad -artículo 328-, celeridad -artículo 225-,
y por supuesto, el debido proceso , que deriva de lo dispuesto en los numerales 33,
35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Carta Fundamental y que en apretada síntesis, está
integrado a su vez, por los siguientes derechos, reconocidos como tales de manera
unánime por la doctrina y jurisprudencia patrias: a la intimación e imputación concreta
de cargos, a ser oído, formular alegaciones y ofrecer pruebas, a tener acceso
irrestricto al expediente administrativo, sin más limitaciones que las previstas
legalmente, a la defensa propiamente dicha -materialmente o con patrocinio letrado o
cualquier ayuda técnica que estime necesaria-, a ser notificado adecuadamente de
todas las actuaciones administrativas, a obtener una decisión debidamente motivada y
en su caso a impugnarla según el régimen recursivo previsto en la ley.»( Tribunal
Contencioso Administrativo, Sección III, Sentencia número 152 de las 10 horas 30
minutos de 31 de mayo del año dos mil cinco.
Agrega que Señaló en su oportunidad que el oficio MSA-ALC-03-073-09 de fecha 30 de
enero de 2009 carece de elementos esenciales ya que no tiene una motivación
adecuada y además su dictado no fue precedido de un procedimiento administrativo
que le garantizara el debido proceso. Sigue diciendo que tanto el Alcalde Municipal,
como ahora el Concejo Municipal ignoran que la posesión del inmueble la adquirió
porque le fue otorgada validamente por la Municipalidad de Santa Ana y que existen
acuerdos que respaldan esa posesión.
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