Acta de la Sesión Ordinaria Nº 145 celebrada por el CONCEJO ...

Manifiesta además la recurrente que queda claro que su situación de vida y trabajo se
ha amparado a la existencia de dos acuerdos municipales que subsisten hasta la fecha,
el primero de ellos que le dona el inmueble, y el segundo, que autoriza a ejercer una
actividad comercial en este lugar. Si la Municipalidad considera que estos acuerdos no
son válidos y que deben cesar sus efectos lo procedente es iniciar el proceso de
lesividad establecido en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso, que indica que
“…Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos,
pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
previamente el superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses
públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello será de
un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el
acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá
hacerse mientras perduren sus efectos. En este último supuesto, el plazo de un año
correrá a partir de que cesen sus efectos y la sentencia que declare la nulidad lo hará,
únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad futura”. O bien, si la
consideración es que los citados actos son absolutamente nulos debe entonces seguir
el procedimiento que se establece en el artículo 173 de la Ley General de
Administración Pública para provocar la anulación respectiva, con la consecuente
determinación del daño que se le causa y la indemnización que le corresponda. Alega
que este proceso tampoco se ha hecho y que de ahí se genera otra violación a su
derecho a un debido proceso.
Insiste en que resulta evidente que en el caso concreto los acuerdos que le han
generado derechos no han sido anulados a través ni del proceso de lesividad ni
tampoco con base en el proceso descrito en el artículo anterior, por ello indica que
como bien señala el inciso 5) La actuación municipal que impugna es absolutamente
nula y de ejecutarse puede generar responsabilidad civil para la municipalidad y
personal para el funcionario que lo haga.
Aclara además que el oficio firmado por el Alcalde Municipal señala que se está
obedeciendo una orden de la Sala Constitucional. La referida Sala lo que ordena es
"… ejecutar las acciones pertinentes, para recuperar el dominio de los terrenos que
originalmente había sido destinados a parque infantil en la Urbanización El Triunfo...",
pero señala que claramente esto no autoriza a la administración municipal para
prescindir de los procedimientos que establece la ley ni mucho menos para violentar
sus derechos fundamentales. Dice la recurrente que en este sentido, la comunicación
del desalojo expresada en el oficio MSA-ALC-03-073-09 omite la existencia previa de
los acuerdos que le amparan, por esto, dicho oficio es violatorio de su derecho de
defensa y de obtener un debido proceso.
Refiriéndose a la responsabilidad de la administración transcribe los artículos 190 y
191 de la Ley General de la Administración Pública y alude a alguna resoluciones que
tiene como jurisprudencia aplicable al caso. Añade que es claro que su posesión del
inmueble ha sido de buena fe y amparada en actuaciones válidas de la Municipalidad
de Santa Ana. Y que de pretenderse anular los acuerdos que le han generado
derechos, la Municipalidad debe considerar el daño que se le causa.
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