Revista 01.pdf - Pontificia Universidad Católica del Ecuador

ñor doctor J. M. Estrada Coello, prolijo memorándum en que se evidenció
que, si bien la Ley de Educación Superior, dictada el 27 de
enero de 1938, nada decía acerca de la creación de planteles superiores
libres, su artículo 87 había derogado solamente las leyes y decretos
que se opusieren a ella; y que, por tanto, estaba vigente el artículo
234 de la Ley de 1912 que señalaba la manera de establecer tales
planteles. Demostróse entonces que la derogación tácita se aplicaba
únicamente a los casos en que existe contradicción formal entre
dos leyes; y que en el presente no había incompatibilidad alguna:
en vez de oponerse, se integraban y complementaban.
Además, la Ley de Educación Primaria y Secundaria, el 8 de
abril de 1938, se había dictado con el fin de que compusiese, junto
con la de Educación Superior, la Ley Orgánica de Educación Pública;
y los dos primeros títulos se referían a todos los grados de la
enseñanza. El Art. 12, en que se trataba de la fundación de planteles
particulares, se aplicaba, consiguientemente, a la enseñanza superior.
La conclusión de dicho Memorándum decía así:
"Sí la Constitución de la República no restringe la facultad
de establecer planteles, cualquiera que sea su grado;
si la Codificación de 1912 está vigente en lo que no
se oponga a las leyes de 1938; si las disposiciones generales
del Decreto de 8 de abril de este año confieren amplisimamente
al Ministerio del Ramo la facultad de autorizar
la fundación de planteles particulares, sin ninguna
restricción; si, en fin, la misma Ley de Educación Superior
indica que pueden establecerse nuevas escuelas superiores,
resulta evidente e indiscutible que debe autorizarse
la apertura de la Facultad Católica de Jurisprudencia".
Como el Ministerio insistió en su criterio de que la Ley de Educación
Superior no contenía disposiciones relativas al establecimiento
de planteles particulares, se hizo inasequible la licencia solicitada;
y los promotores dieron de mano a su feliz iniciativa. Mas quedó
comprobada ampliamente con esta oportunidad que la Iglesia podía
disponer de todo el personal necesario para organizar la Facultad de
Jurisprudencia.
Durante los años decurridos desde 1939 a 1946 intensificóse la
necesidad de la cultura superior católica y, a la vez, acreció el peligro
de que con el andar del tiempo se volviese más difícil la fundación
de la Universidad libre. El monopolio escolar iba reduciendo,
de día en día, el número de los valores católicos en la nación; y muchos
de los que aún quedaban, no tenían saber cristiano verdadera-
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