Revista 01.pdf - Pontificia Universidad Católica del Ecuador

la iniciativa con entusiasmo cívico. El Ministerio de Educación, sin
embargo, discrepó en cuanto a la forma y fundamentos del proyecto;
y, volviendo sobre las ideas ya enunciadas por los funcionarios
del Ramo en el año indicado, ratificó que, en su criterio, no existía
en las leyes vigentes disposición alguna que amparara la autorización,
y aconsejó que, prescindiendo de tales leyes, se expidiese un decreto
que permitiera la fundación y funcionamiento de Universidades
particulares.
EL DECRETO FUNDAMENTAL
En efecto, después de prolijo estudio del problema, el día 2 de
julio de 1946 se dictó el decreto N? 1228, en que, establecido el triple
fundamento de la necesidad de extender la libertad de enseñanza
a los estudios superiores con el objeto de ofrecer a la juventud nuevas
posibilidades para su formación científica y académica, de la
inexistencia, en la ley vigente de disposiciones que consultasen ese aspecto
de la enseñanza; y del impulso que la educación nacional recibiría
con el establecimiento de planteles particulares universitarios, se
autorizó su fundación y funcionamiento.
Dos partes tiene la sección dispositiva del decreto. La primera
señala los requisitos para la fundación, personal docente idóneo,
local y mobiliario adecuados, y las instalaciones necesarias, dentro
de las posibilidades económicas del país. Por vez primera en la República
no se imponían condiciones desmedidas a los planteles particulares,
en conformidad con las exigencias teóricas de la higiene o
pedagogía, como se había hecho en casos similares. Un espíritu nuevo
presidía, por fin, las relaciones con las fuerzas docentes privadas.
En la segunda parte, el vital aliento renovador que acabamos
de patentizar quedó algún tanto restringido; si bien los exámenes debían
recibirse en el local de la Universidad particular, se daba on
ellos intervención a la del Estado. Las pruebas finales tenían que rendirse
ante tribunales compuestos por un delegado oficial, un profesor
de la Universidad Estatal y otro de la Universidad Particular; y
los exámenes de grado ante tribunales integrados, asimismo, por
igual número de delegados de las dos Universidades y presididos por
el representante del Ministerio. Los programas tenían que ser los
del plantel oficial.
El decreto fue saludado con grandes aplausos por los espíritus
verdaderamente republicanos y anhelosos de que la sana rivalidad
fecundase los certámenes de la cultura. Inmediatamente cons
tituyóse, bajo el patrocinio del Excmo. señor Arzobispo, el Comité
Promotor de la Universidad Católica, compuesto, entre otras personas,
por los señores ya indicados, don Jacinto Jijón y Caamaño, doc-
16 —