Diagnóstico de los Derechos Humanos en Privados de Libertad en ...

En base al parámetro legal existente, las personas privadas de
libertad recluidas en los centros de detención o celdas preventivas
de la Policía Nacional solo debieran ser las que están bajo el
estatus de “detenidas”, es decir, que no han sido puestas a la
orden de un juez. Una vez puestas las personas a la orden del
juez de audiencia, si éste considera necesario que las mismas
sigan recluidas, deben pasar a un centro penitenciario mientras
esperan sus sentencias, en concordancia con lo establecido en
el Arto. 178 del Código Procesal Penal y el Arto. 6, apartado 1
de la Ley 473 o del Sistema Penitenciario.
Al momento en que al juez le es presentado el “detenido” con
una acusación y se pronuncia con una medida cautelar, la calidad
del privado de libertad cambia a “imputado o procesado”,
manteniéndola hasta el momento en que el Juez le dicta una
sentencia, entonces su situación jurídica cambia a “sentenciado
o condenado”.
Es importante partir de la base expuesta para no perder de vista
cual es el carácter primordial de las celdas preventivas de la
Policía Nacional y no confundir su naturaleza con la de los
centros del Sistema Penitenciario Nacional.
III.2 Marco Legal de Referencia
El marco legal que constituye la base de este diagnóstico, emana
de lo establecido en los tratados y convenios internacionales de
derechos humanos ratificados por Nicaragua, la Constitución
Política de la República de Nicaragua, en los códigos Penal
y Procesal Penal, la Ley 473 (Del Régimen Penitenciario y
Ejecución de la Pena), lo estipulado en el Código de la Niñez y la
Adolescencia, lo señalado en la Ley 228, de la Policía Nacional;
entre otras Leyes, reglamentos y manuales expuestos en este
capítulo, con relación a las personas en carácter de detenidas,
acusadas o sentenciadas.
III.2.1 Tratados e Instrumentos Internacionales
Nicaragua ha suscrito y ratificado los principales tratados
internacionales de derechos humanos, entre los que se
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