Diagnóstico de los Derechos Humanos en Privados de Libertad en ...

es del Sistema Penitenciario Nacional y tiene que ser en
los centros penitenciarios en donde los mismos han de
permanecer con la garantía de los beneficios acumulables
al cumplimiento de la pena. Los privados y privadas de
libertad no residentes en Bluefields o Bilwi, así como los
trasladados a centros penitenciarios en otras partes del
país (por criterios de peligrosidad y atención especial),
ven mermado su arraigo cultural y el contacto necesario
con su familia, además de provocar una seria afectación a
la economía de la gran mayoría de las familias pobres que
se ven impedidas para viajar con regularidad a visitar a las
personas privadas de libertad.
2. Los Registros de los centros de detención de la Policía
Nacional presentan inconsistencias que no permiten
conocer pronta y exactamente la situación legal de todas
las personas privadas de libertad, sus ingresos, salidas y
traslados. Al parecer, no se registra de manera inmediata
cada movimiento, lo que dificulta el control y monitoreo
de la situación particular de cada persona privada de
libertad.
3. Los criterios de atención especializada en base a lenguas,
cultura y origen, es aun una asignatura pendiente. Ni la
Policía Nacional, ni el Sistema Penitenciario cuentan con
una política especializada para la atención de las personas
privadas de libertad en las Regiones Autónomas. No existen
reglamentos o manuales particulares para ello. Tampoco
cuentan con información, ni interpretes especializados
que faciliten la comunicación con reclusos que no hablen
español. La mayoría de los funcionarios policiales en la
RAAS, son de procedencia de otras partes del país, no
manejan las lenguas de la región y su integración cultural
es mínima. El problema es extensivo a los centros de
reclusión del Sistema Penitenciario Nacional ubicados en
todo el país, en los que se encuentran 453 privados de
libertad procedentes de la Costa Caribe.
4. Gran parte de las personas privadas de libertad de las
Regiones Autónomas, están sentenciadas por delitos
relacionados al tráfico o consumo de estupefacientes,
contemplados en la Ley 285. Existe inconformidad por
la percepción de discriminación y trato diferenciado que
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