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A R T Í C U L O
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Se anuncia en Internet la convocatoria a plazas de educación para las
comunidades nativas sin tener en cuenta que son comunidades nativas.
Otro tema del que se habla en este artículo, es que corresponde al Estado efectuar
la consulta también respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo
nacional y regional que afecten directamente a estos derechos. Tendrán que
consultar las compañías petroleras, madereras, ONG, instituciones, etc. y quienes
deseen implantar empresas particulares que afecten a las comunidades nativas.
Esperemos la publicación del Reglamente de la ley para ver la extensión de este
documento.
Finalmente termina este capítulo diciendo que la consulta a la que se refiere la
presente Ley es implementada de forma obligatoria por el Estado. Tema que
trataremos en el siguiente apartado.
¿QUIÉN IMPLEMENTA LA CONSULTA?
El Artículo Segundo termina diciendo que "La consulta a que tiene referencia la
presente Ley es implementada de forma obligatoria solo por el Estado". Aquí entra
la primera duda. Unos meses antes, -mes de mayo-, se publicó un libro firmado por
la Congresista Gloria Ramos Prudencio, en el cual figuran varios autores de gran
renombre, titulado "CONSULTA PREVIA", avalado por las firmas del
CONGRESO, del CAAAP y de la ONG "DAR". En este libro se afirma que la
consulta se realiza "con instituciones representativas indígenas, no con
instituciones que decida el Estado, no con instituciones que cree el Estado. Por
ejemplo, permítanme un ejemplo, INDEPA, no; son las instituciones
representativas indígenas a través de procedimientos adecuados de buena fe, y
con el objetivo de alcanzar un acuerdo" (Pag. 35).
Hasta ahora siempre hemos oído que INDEPA representaba al Estado para las
sociedades nativas o pueblos originarios, pero los autores adelantan su propuesta
y la Ley la rechaza. La Ley 29785 opina de modo diferente, dice que "la consulta a
que hace referencia la presente ley es implementada de forma obligatoria por el
Estado. Igual que estos autores, otros muchos han opinado de forma errada.
Veamos otros textos en que se sigue afirmando que es el Estado quien consulta:
Art. 3: "Entidades de Estado"… "Toma de decisión del Estado".
Art. 4: "Las entidades del Estado analizan y valoran la posición de los pueblos
indígena u originarios durante el proceso de consulta". En el mismo artículo 4 (7):
"Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a recibir por parte de las
entidades estatales toda la información que sea necesaria"… "El Estado tiene la
obligación de brindar esta información".