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Los periodistas
contra la ‘ley mordaza’
Rotundo rechazo de la profesión a la reforma de la LEC
Nemesio Rodríguez
Vicepresidente de la FAPE
El proyecto del ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, de reformar la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (LEC) ha encontrado el rotundo
rechazo de la FAPE en aquellos aspectos que
afectan directamente al trabajo periodístico.
Por encargo de la Asamblea que la FAPE celebró
en Granada en abril pasado, la Asociación
de la Prensa de Madrid (APM) envió en julio al
ministro las objeciones al informe de los expertos,
que servirá a Gallardón para presentar en
las próximas semanas el texto del proyecto de
ley de reforma de la LEC.
En ese dictamen, los periodistas sostenemos
que el texto de los expertos contiene artículos
que suponen una clara vulneración de los derechos
de información y de libertad de expresión.
Si estos artículos estuvieran en vigor actualmente,
las investigaciones sobre los escándalos
de corrupción se verían limitadas e incluso anuladas,
ya que abren la puerta a la censura previa
que creíamos desterrada en nuestro país.
Esta censura previa se manifiesta claramente
en el artículo 132 que, por primera vez,
autoriza a los jueces o tribunales a vetar a los
medios noticias sobre investigaciones judiciales,
cuando la información pudiera “comprometer
gravemente el derecho a un proceso justo o los
derechos fundamentales de los afectados”.
Esta novedad supone un cambio radical en
la publicidad de las actuaciones procesales, al
extender el secreto o el deber de reserva sobre
la investigación de los delitos a los medios de
comunicación. El incumplimiento de la orden
judicial puede tener consecuencias penales, subraya
el documento de los expertos.
En definitiva, se pretende abiertamente “matar
al mensajero” asestando un duro golpe al
periodismo de investigación, cuyo papel se ha
revitalizado en los últimos años con las informaciones
sobre escándalos de corrupción.
En estas mismas páginas, el jurista Rafael de
Mendizábal deja claro que en el quebrantamiento
del secreto, tan frecuente por filtraciones,
habrán de sufrir el rigor de duras sanciones los
funcionarios desleales, nunca los periodistas que
cumplen su misión de informar como derecho
fundamental propio al
servicio del simétrico
derecho del ciudadano
a ser informado,
sin que en ningún
momento pueda ser
prohibida la difusión
de la noticia. Mendizábal,
exmiembro del
Tribunal Constitucional e
integrante de la Comisión de
Arbitraje, Quejas y Deontología
de la FAPE, advierte que la Constitución “rechaza
taxativamente la censura previa”.
Los periodistas consideramos improcedente
que se traten de justificar tales limitaciones con
el argumento de que servirán para evitar los
llamados juicios paralelos; es decir, aquellos en
los que una resolución judicial pueda verse condicionada
como consecuencia de un prejuicio
formado por la opinión pública durante la fase
de instrucción o en la celebración del juicio.
En ningún caso la información puede comprometer
el derecho a un proceso justo, ya que
este lo será siempre que los tribunales permitan
el libre ejercicio del derecho de defensa,
la confidencialidad de las conversaciones y/o
correspondencia entre letrados y encausados,
la práctica de las pruebas que puedan proponer
las partes y la ausencia de “prejuzgamiento” por
parte de los miembros de los tribunales.
Siempre que se ciñan a los principios de difusión
de informaciones veraces y contrastadas,
los periodistas y los medios de comunicación
desempeñan un papel esencial para asegurar
que un juicio se desarrollará con las correspondientes
garantías para las partes implicadas.
Igualmente juzgamos muy negativo que se
faculte al fiscal como instructor para prohibir
informar a los ciudadanos que intervengan en
un proceso y que se le atribuya ese papel (de
informar) en exclusiva. Esta propuesta limita el
acceso a las fuentes y la posibilidad de contrastar
la versión oficial.
El artículo 131 del informe de los expertos
establece límites, que rechazamos, a la publicidad
de las actuaciones judiciales,
que queda al arbitrio
del Tribunal.
El que el conocimiento
del proceso llegue a todos
los ciudadanos solo puede
conseguirse a través de la
retransmisión al público de
la imagen y del sonido del juicio
oral. En la vista oral, una vez
concluida la fase de instrucción, los
medios tienen derecho a estar presentes,
tal y como dicta la Constitución y subraya la
jurisprudencia. Las audiencias públicas judiciales
son una fuente de información, según dictaminó
el Tribunal Constitucional (57/04).
Por el contrario, se dice en el proyecto de
ley que podrán celebrarse a puerta cerrada las
actuaciones judiciales cuando la publicidad pudiera
perjudicar a los intereses de la justicia.
En ese punto, nos preguntamos cuáles son
los “intereses de la justicia” en esa sociedad
democrática a la que se refiere la norma que
comentamos. Una apreciación tan vaga puede
convertirse en una decisión infundada y arbitraria
del juez cuando así lo estime oportuno.
Y afirmamos que teóricamente la justicia
emana del pueblo y se establece para su defensa,
por lo que el pueblo, se supone, tendrá
derecho a conocer no solo el resultado de su
aplicación, sino también su tramitación.
La FAPE ha solicitado al ministro que no
recoja en el proyecto de ley los artículos del
informe que limitan el ejercicio periodístico y
vulneran los derechos en que se sustenta.
Su voz no es la única crítica. También los
colegios y los sindicatos de periodistas han manifestado
su rotunda oposición a la reforma tal
y como está planteada en el informe.
“Matar al mensajero” no es la solución a los
problemas del sistema judicial. Si ese mensajero
difunde información veraz, de interés público y
debidamente contrastada, está cumpliendo su
misión de ayudar al ciudadano a conformar su
propia opinión. Y, al mismo tiempo, es la garantía
de que el imputado tendrá un proceso justo.
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