ineficacia de actos en el “período de sospecha” - Indecopi

Ineficacia de los actos en el período de sospecha: buscando la reintegración patrimonial
del deudor concursado
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a la suspensión de sus actividades, circunstancia que solamente se produciría en
la eventualidad que se trate de un procedimiento concursal que se desarrolle en
vertiente liquidatoria 53 . Sin embargo, en la generalidad de los casos, el período que
transcurrirá entre los actos de postulación a un procedimiento concursal hasta que
se defina el destino del patrimonio del deudor y, de ser el caso, la identidad del
gestor (administrador o liquidador) de la masa concursal de bienes con que operará
el “desapoderamiento pleno” del deudor, es decir, todo el período que comprende
el segundo tramo del “período de sospecha”, encuentra a un deudor en plena
capacidad de celebrar los más diversos actos jurídicos (siempre obviamente que, a
partir del momento de difusión de su situación de concurso, que es un hecho que se
produce en un punto intermedio de ese segundo tramo del período sospechoso, no se
contravengan las limitaciones relativas a suspensión de exigibilidad de obligaciones
y protección de marco patrimonial de que tratan los artículos 17 y 18 de la LGSC).
Por ello, una concepción de ineficacia absolutamente objetiva, sin matices, podría
redundar en debilitar el tráfico comercial y afectar la seguridad jurídica de múltiples
transacciones.
En cuanto a los supuestos específicos en razón de los que en este segundo
tramo del “período de sospecha” podría declararse la ineficacia, el artículo 19.3 en
su literal a) hace mención a los pagos anticipados por obligaciones no vencidas, sin
importar la forma en que se realicen. Entendemos que en este punto lo que plantea
nuestra legislación es que no se modifiquen las características del compromiso
patrimonial del deudor, de modo tal que se otorgue condiciones más favorables
(pago rápido o adelantado) a un determinado acreedor en desmedro de los demás.
Por otra parte, y por la vía de una interpretación a contrario, dicha disposición
envía un mensaje a los deudores concursados y sus acreedores en el sentido que
sí resulta factible que se paguen aquellas obligaciones ya vencidas y que tienen
la calidad de cobrables. Ello, por demás, no contradice tampoco la norma sobre
suspensión de exigibilidad de obligaciones ni la de marco de protección patrimonial
contenidas en los artículos 17 y 18 de la LGSC, que decretan que los acreedores no
exijan mediante mecanismos heterocompositivos de cobranza (sean estos judiciales,
arbitrales o administrativos) el pago de sus créditos al deudor desde la difusión del
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El artículo 74.1 de la LGSC establece que “…Si la Junta decidiera la disolución y liquidación
del deudor, éste no podrá continuar desarrollando la actividad propia del giro del negocio a
partir de la suscripción del Convenio de Liquidación, bajo apercibimiento de aplicársele una
multa hasta de cien (100) UIT”.