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“Aproximación a una Visión Integral de la Inclusión Financiera…”
que permitan realizar transacciones de forma segura y eficiente, iv) fomento y difusión
de educación y cultura financieras, v) protección al usuario de servicios financieros y la
transparencia de información.
En general, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) enfrentan múltiples
barreras de acceso, igual que la población de menores ingresos. La cultura financiera y
la brecha de exclusión tecnológica son dos de las más importantes.
De forma particular, las restricciones a la inclusión se agrupan desde el punto de vista
de la oferta y de la demanda de servicios financieros. Desde la oferta, se centran
alrededor de los costos de acercar la prestación de servicios a los usuarios (costos fijos,
tamaño del mercado, tecnología disponible, infraestructura y comunicaciones, ingreso
per cápita y su distribución, políticas macroeconómicas, efectividad de los sistemas de
información y contractuales). El segundo factor se relaciona con las dificultades para
asumir el riesgo de cierto tipo de operaciones. Esto, por la dificultad de tener
información adecuada, en especial de los sectores informales, lo que impide
cuantificar los ingresos de un micro o pequeño empresario, pero se extiende a las
dificultades para cubrirse de esos riesgos, por falta de normatividad adecuada en
materia de derechos de los acreedores, problemas en la ejecución de garantías, que se
ven exacerbados por cargas impositivas distorsionantes, controles a tasas de interés y
préstamos dirigidos.
Se agregan tres factores que limitan el desarrollo financiero en las economías
emergentes: i) una mayor carga regulatoria (refuerzo en la base del capital, ampliación
del perímetro regulatorio, endurecimiento de las normas de prevención de lavado de
activos), producto, entre otros factores, de la reciente crisis financiera global; ii) la
adopción de estándares de regulación prudencial encaminados hacia los lineamientos
de Basilea II y Basilea III; iii) las disposiciones del GAFI.
Las normas sobre prevención del riesgo de lavado de activos, conocidas como
KYC 5 (know your customer) limitan el acceso a servicios financieros de la población de
bajos ingresos y/o de quienes se dedican a actividades productivas informales. Ellos,
en general, carecen de la documentación requerida para abrir una cuenta 6 . Según
Marulanda (2012), respecto al ámbito de acción de reguladores y supervisores, se
5 KYC= Know Your Customer, denominación utilizada para designar las políticas de prevención del lavado
de dinero
6 Reconociendo los efectos que los estándares en materia de anti lavado pueden tener en los procesos
de inclusión financiera, el GAFI ha elaborado una guía para ayudar a los países a elaborar sus normas
antilavado sin comprometer dichos procesos. Ver
http://www.fatfgafi.org/topics/financialinclusion/documents/name,3124,en.html
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