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Posteriormente en la Ley sobre Compañías de Fianzas de 1925 se introdujo la
importante necesidad de regular las fianzas expedidas a favor también de particulares, pues
a pesar de que ya se encontraban ofrecidas en el mercado y de que desde 1895 se había
expedido el decreto presidencial para regularlas, fue hasta tal fecha en que el legislador las
plasmo en ley.
A pesar de que la Ley sobre compañías de Fianzas de 1925 constituía la base de regulación
afianzadora de la época, la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos
Bancarios del 29 de Noviembre de 1926 derogó la antes citada, pero con la relevancia
de considerar a las afianzadoras como instituciones de crédito. Posteriormente, la Ley
General de Instituciones de Crédito de 1932 introdujo la posibilidad de que todas las
instituciones de crédito pudieran otorgar fianzas, con la condición de que el fiado
constituyera garantía bastante a favor de la institución fiadora.
Sucesivamente y tras la necesidad de crear de nueva cuenta una ley especializada en la
materia de fianzas, se creo la “Ley General de Instituciones de Fianzas de 1942” la
cual, al haber sido inaceptada por los empresarios a cargo de las instituciones afianzadoras
de aquella época, requirió que se creara una comisión especial para modificarla, quienes se
encargaron de la redacción de la actual “Ley Federal de Instituciones de Fianzas
emitida el 26 de Diciembre de 1950”.
Toda vez que el artículo 73 de la Constitución señala en su fracción X, que corresponde al
Congreso de la Unión legislar en toda la República en materia de comercio, la materia de
fianzas es de naturaleza federal. 9 Por otro lado, las instituciones de fianzas son consideradas
como instituciones auxiliares de crédito, ya que forman parte del sistema financiero
mexicano y participan “de forma cotidiana en el desarrollo económico y financiero del país,
por medio de las diferentes operaciones e instrumentos que manejan, fomentando el
desarrollo y el apoyo a las actividades productivas y de comercialización”. 10
Hoy en día, la figura de la fianza expedida por institución autorizada ha ido adquiriendo
mayor relevancia social, toda vez que más allá del convenio de las partes por garantizar sus
obligaciones contractuales, destaca el hecho de que con el transcurso del tiempo se han ido
creado circunstancias reguladas en distintos ordenamientos jurídicos en los que una fianza
es solicitada de manera obligatoria a efecto de que se puedan producir ciertos efectos
jurídicos, por tanto, en dichos casos la ley se torna en el carácter de previsora de pérdidas
patrimoniales de determinadas personas, dándose por tal la importancia de que las
garantías que ofrecen las instituciones de fianzas dentro de los ramos regulados en el
artículo 5° de LFIF, funjan como una necesidad para los distintos usuarios que requieren de
sus servicios.
1.2. Concepto
La palabra “fianza”, proviene “del bajo latín, fidare, de fidere, fe, seguridad”. 11
Propiamente dicho, la LFIF no comprende dentro de si una definición de la figura que regula,
destacándose que dentro de su artículo 2° se establece: “la fianza y los contratos que en
9 Cfr. Quintana Adriano Elvía (Coordinadora), Diccionario de Derecho Mercantil, UNAM., Porrúa, México, 2001, pág.
272.
10 Molina Bello, op. cit. pág. 15.
11 Voz de José María Abascal Zamora. Diccionario Jurídico Mexicano, op. cit., pág. 1435.
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