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Ahora bien, la póliza de fianza constituye un acto formal, pues el legislador previendo
que únicamente la compañía afianzadora la emite y establece las condiciones a las que se
obliga, se requiere que la póliza se expida numerada, y que contenga las indicaciones que
administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas.
Al respecto, el Artículo 117 de la LFIF que le da el carácter de formal al acto unilateral
establece:
Art. 117 LFIF. “Las instituciones de fianzas sólo asumirán obligaciones como fiadoras,
mediante el otorgamiento de pólizas numeradas y documentos adicionales a las mismas,
tales como de ampliación, disminución, prórroga, y otros documentos de modificación,
debiendo contener, en su caso, las indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas...”
En consideración de lo anterior, el artículo 60 de la LFIF en su fracción III Bis- 2 y XII,
establece que las instituciones de fianzas tienen prohibido otorgar fianzas en contravención
a lo dispuesto por la ley o sin cumplimentar con las formalidades señaladas en la misma.
Por lo anterior, es importante distinguir que a pesar de la numeración y las
indicaciones que debe contener la póliza de manera obligatoria conforme al
artículo 117 LFIF, no la convierte a ésta en un acto solemne, pues el hecho de que
una póliza se expida en contravención a dicho artículo, provocará incurrir en responsabilidad
a la Institución de fianzas, más no en la inexistencia de su relación contractual y ni siquiera
su nulidad ante el beneficiario, en consideración de que constituye una responsabilidad de la
afianzadora establecer los datos plasmados en beneficio de los acreedores de las pólizas
para que en un momento dado sepan las condiciones para hacerlas exigibles.
Asimismo los artículos 12 y 90 Bis de la LFIF, indican que todas las fianzas (pólizas) y
recibos que se emitan en papelería oficial de las instituciones de fianzas se presumirán,
salvo prueba en contrario, legalmente válidas y las instituciones no podrán objetar la
capacidad legal de quien las suscriba, haciendo prueba plena en contra de las instituciones
de fianzas. Lo anterior cobra relevancia con el siguiente criterio emitido a través de Tesis
aislada de la novena época, con No. de registro 192.966, resuelta por el Sexto Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta en el año 1999:
CONTRATOS Y PÓLIZAS DE FIANZAS, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DE LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS CON LA COMISIÓN
NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, NO DA LUGAR A LA NULIDAD DE LOS.
De una recta interpretación de los artículos 84 y 89, de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, se aprecia que las obligaciones que imponen en cuanto a la acreditación de los
representantes de las instituciones que regula el ordenamiento legal en cita, sobre sus
facultades de representación para otorgar fianzas a nombre de aquéllas y el registro de sus
firmas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, son disposiciones que deben acatar
tales instituciones con la referida comisión, mas no ante terceros, y la falta de observancia
de ese mandato, sólo perjudica a dichas instituciones con la sanción que en su caso les
imponga la preindicada comisión, pero en forma alguna tal incumplimiento da lugar a
decretar la nulidad de los contratos y pólizas de fianzas celebrados con aquéllos.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 5396/99. Ricardo Horacio Martínez Cervantes. 31 de agosto de 1999.
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