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las mismas. Al respecto, el maestro Jacinto Pallares ha manifestado que son diversos los
argumentos que constituyen la aplicabilidad de la caducidad procesal, como lo son: 67
a) “Existe una presunción racional derivada de la inactividad en el sentido de que las partes
han perdido interés en la contienda, por lo que si ellos no manifiestan su voluntad de
terminar el proceso, la ley se sustituye a esa omisión de voluntad y da por terminada la
instancia con la caducidad;
b) La existencia de juicios es un estado patológico dentro de lo social. El Estado desearía
que ese estado no se produjese y cuando es posible dar fin a esos juicios por la
caducidad, el Estado aprovecha la ocasión;
c) Se suscita un estado de inseguridad y de incertidumbre respecto de lo contencioso, pues
no se conoce el resultado que puede obtenerse en una contienda. Se retorna a la
seguridad jurídica si se da por terminado un juicio a virtud de la operatividad de la
caducidad.
d) Sería irracional mantener vigente una contienda en la que, durante años y aún siglos, no
se ha promovido nada, en donde cabría la posibilidad de hacer surgir de nuevo el juicio
con todo su caudal de nuevas incertidumbres, gastos, pérdida de tiempo y de energías,
con su consiguiente inseguridad jurídica.”
Ahora bien, la caducidad procesal o también conocida como “caducidad de la instancia” es
considerada como la “extinción anticipada del proceso debido a la inactividad procesal de las
dos partes, y en ocasiones, de una de ellas, durante un período amplio.” 68 La extinción
referida deriva en razón de que se determina el fin del procedimiento jurisdiccional antes de
que llegue naturalmente a dictarse la sentencia definitiva que resuelva la litis planteada por
las partes.
El doctrinario Jacinto Pallares a dejado manifiesto que la caducidad procesal “es la extinción
de la instancia judicial porque las dos partes abandonan el ejercicio de la acción procesal. El
abandono se manifiesta en que ninguna de ellas hace en el proceso las promociones
necesarias para que éste llegue a su fin”. 69
Por su parte, el jurista Joaquín Martínez Alfaro señala que la caducidad procesal será “la
sanción que impone la ley a quien dentro del plazo legal no realiza un acto para mantener
vivo un derecho procesal.” 70 Tal como deja observar este maestro, es una sanción que
afecta directamente a aquel que se encuentra interesado en mantener vivo el derecho
procesal, por lo que si bien es cierto que ambas partes abandonan la litis al dejar de
promover en el juicio respectivo, también lo es que resulta de especial interés y beneficio
que eso ocurra para la parte demandada por los efectos que la misma produce a su favor.
El jurista Quintanilla García establece que en materia mercantil, “la caducidad opera desde
el primer auto que se dicte en el procedimiento, hasta el auto que cita a las partes para oír
sentencia.” 71 , lo que se corrobora con el siguiente criterio jurisprudencial con No. de Registro
67 Arellano García, Carlos en su libro Teoría General del Proceso cita al maestro Jacinto Pallares, pág. 450.
68 Voz de Jorge A. Sánchez-Cordero Dávila. Diccionario Jurídico Mexicano, op. cit., pág. 372.
69 Martínez Alfaro, Joaquín cita al maestro Jacinto Pallares, pag. 459
70 Martínez Alfaro, Joaquín. op. cit. pág. 458.
71 Quintanilla García Miguel Angel, Procedimientos Mercantiles, Editorial Cárdenas Velasco, S.A. de C.V., 4ª ed,
México, 2004, pág. 156
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