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CAMINO A GUANTÁNAMO 181
circunstancias de la muerte y contribuya a castigar a los culpables.
En los casos de personas muertas o desaparecidas tras haber sido
detenidas o estar bajo la custodia, existe “una fuerte presunción de
hecho” en contra del Estado que éste sólo puede combatir ofreciendo
una “explicación plausible” a partir de un investigación efectiva de lo
sucedido.
B.- La prohibición de la tortura. La tortura constituye el ataque de
mayor gravedad contra la integridad física y moral de las personas,
hasta el punto de que el artículo 15 de la Constitución cuando la
prohíbe adopta la estructura de una regla y el Tribunal Constitucional
puso esa prohibición como ejemplo de derecho absoluto (STC
151/97, F. 5).
En Europa, la delimitación jurisprudencial se remonta al asunto
Irlanda c. Reino Unido, de 18 de enero de 1978. El TEDH ha entendido
como “tortura” la conjunción de tres elementos: la intencionalidad,
la persecución de un objetivo determinado y la existencia de
padecimientos intensos. Son “tratos inhumanos” los actos premeditados
que originen padecimientos físicos o morales, si bien no necesariamente
deben proyectarse de manera directa sobre las personas,
como ha sucedido en los casos de destrucción de viviendas o pueblos
enteros. Los “tratos degradantes”, de problemática delimitación a
veces, son los capaces de “crear un sentimiento de miedo, angustia e
inferioridad, susceptibles de humillar, de envilecer y, eventualmente,
de quebrar la resistencia física o moral” (Irlanda c. Reino Unido).
El Convenio impone a los Estados obligaciones negativas y positivas.
Las negativas consisten en abstenerse de realizar conductas que
constituyan menoscabo de cierta gravedad de la integridad física y moral
de las personas, de acuerdo con el objeto de protección del derecho.
Además, el Estado está obligado a desarrollar una labor activa de protección
y garantía del derecho: llevar a cabo una investigación oficial seria
sobre los hechos denunciados (asunto Labita c. Italia) o sobre las personas
desaparecidas (Ohran c. Turquía); disponer los medios personales para
la asistencia sanitaria y jurídica de los detenidos (Algür c. Turquía) y los
materiales para que la estancia en un centro penitenciario no constituya
un trato degradante en términos generales (Kalashnikov c. Rusia)...
Cuando se denuncien torturas, el Estado está obligado a llevar a
cabo una investigación eficaz, que respete el principio de contradicción y
tenga como objetivo la identificación y castigo de los responsables de las
torturas o los malos tratos.