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MIGUEL ÁNGEL PRESNO LINERA
En España las lesiones constitutivas de tortura se han presentado
en casos de detenciones y reclusión. Entre las reglas jurisprudenciales
que han extendido estas garantías para los reclusos están las siguientes:
a) denegar la libertad condicional a un recluso con enfermedad
incurable vulnera el artículo 15 (STC 48/1996); b) no lo vulnera el
internamiento en una celda de aislamiento (STC 2/1987); c) en las
SSTC 120 y 137/1990 se analiza la alimentación forzosa a presos en
huelga de hambre: la asistencia médica coactiva no es contraria al
derecho.
C.- El derecho a la libertad y a la seguridad personal protege la
libertad de orientar la propia acción, la libertad física (STC 120/1990);
también que no habrá restricciones arbitrarias de dicha libertad,
ofreciendo así “seguridad”. No puede haber “zonas grises” entre la
libertad y su privación; por eso es su momento se consideró
inconstitucional la figura de la mera retención (STC 98/1986).
Titulares del derecho son todas las personas físicas, nacionales y
extranjeros. Obligados a respetarlo lo están tanto los poderes
públicos como los particulares.
La reserva de ley orgánica abarca los supuestos de privación de
libertad y la forma de llevarla a cabo, lo que convierte en lesivas las
privaciones sin cobertura legal (asunto Riera Blume c. España, en el que
se condenó a España por el internamiento de los miembros de una
secta para su “desprogramación”).
C.1) La detención preventiva. Es de aplicación únicamente en un
proceso penal, excluyendo detenciones o internamientos civiles o
administrativos (Jecius c. Lituania y Wloch c. Polonia). Exige indicios
racionales de la implicación del detenido, lo que obliga a las autoridades
a aportar hechos o informaciones que permitan al juez valorarla
(Fox, Campbell y Hartley c. Reino Unido).
En España existe una doble limitación temporal: a) 72 horas:
tiempo “objetivo” máximo que puede ser acortado por el Legislador
aunque cabe su suspensión colectiva o individual (art. 55). La
individual en casos de terrorismo (prórroga de 48 horas); b) el tiempo
estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones.
C.2) Prisión provisional. Se trata de una medida cautelar fruto de una
decisión judicial en un proceso penal y, como tal, debe ser interpretada
de manera restrictiva. El TEDH exige que concurran indicios