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REVISTA ALCER 151 24/12/09 10:46 Página 46
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EMPLEO
naturaleza no son susceptibles de
mejoría, estaba más clara la decisión
de la persona para optar por
realizar un trabajo, ya que solo se
exponía en el peor de los casos a
la suspensión de la pensión mientras
realizaba el trabajo (caso de
las personas afectadas por ceguera,
amputación de miembros o
lesiones similares).
En el caso de otros colectivos en
las que las enfermedades sí podían
ser susceptibles de revisión por
mejoría, la opción era más compleja,
caso de los enfermos mentales
que optan por trabajar, ya que
se exponen a la revisión de su
pensión.
La sentencia del Tribunal Supremo
no resuelve todas las dudas, pero
sí clarifica la situación de las personas
con una pensión no susceptible
de revisión y que por tanto
solo se enfrentan a un problema
de suspensión. No obstante, fija
unos criterios que pueden servir
para resolver el problema del
colectivo de inválidos absolutos o
grandes inválidos con lesiones
susceptibles de revisión que decidan
iniciar una actividad laboral.
Esta sentencia del Tribunal
Supremo ratifica, en un sentido
progresista, el criterio ya mantenido
por otras sentencias de los
Tribunales Superiores de Justicia
de las Salas de lo Social de las diferentes
comunidades, que ya
venían reconociendo la compatibilidad
del trabajo y las pensiones
cuando el empleo era ajustado a
sus capacidades.
Así, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ya en el año 2003 consideró
compatible la pensión con el
trabajo de un coordinador general
en un Centro Especial de Empleo;
el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco con la de un profesor de
formación vial teórica en el año
2005.
El Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en el año 1997, consideró
que si el trabajo realizado es
compatible con la incapacidad
permanente absoluta con el estado
del inválido y no supone revisión
de dicho grado, no cabe la
suspensión de la prestación de la
pensión.
Esta sentencia, que crea jurisprudencia,
es una buena noticia para
el colectivo de personas con discapacidad
que esperan de la
Administración una aplicación
progresista de los criterios fijados
en la misma en todos los casos en
los que un pensionista de invalidez
solicite la compatibilidad con
un trabajo retribuido.
El Gobierno aprueba adelantar la
jubilación a discapacitados a los 58
El Consejo de Ministros ha aprobado
una serie de medidas para beneficiar
a las personas con discapacidad,
como el decreto que permitirá
jubilarse a los discapacitados a los
58 años siempre y cuando presenten
un grado de discapacidad igual
o superior al 45%, cuando se trate
de discapacidades en las que se evidencie
una reducción en la esperanza
de vida de las personas afectadas.
Las discapacidades previstas en el
decreto que pueden dar lugar a la
jubilación anticipada se refieren a
discapacidad intelectual; parálisis
cerebral; anoma-lías genéticas, tipo
síndrome de down, acondroplasia o
fibrosis quística, entre otras; trastornos
del espectro autista; anomalías
congénitas secundarias a
Talidomida; síndrome postpolio;
daño cerebral adquirido; enfermedades
mentales como esquizofrenia
o trastorno bipolar; y enfermedades
neurológicas como esclerosis lateral
amiotrófica, esclerosis múltiple, leucodistrofias,
síndrome de Tourette o
lesión medular traumática.
Para acceder a esta jubilación anticipada
será condición indispensable
hallarse en alta o situación asimilada
a la de alta.