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CODHEM
prácticas de tortura, establecer y
reglamentar, pues sólo se realiza
por excepción en caos “relevantes”,
la videograbación de los
interrogatorios que realiza la Policía
Ministerial y que debiera dirigir el
Ministerio Público.
· Tiempos máximos para ser
juzgado, “salvo que solicite mayor
plazo para su defensa”
Es innegable que las audiencias
ante los órganos jurisdiccionales
se desarrollan de manera
desvinculada, puesto que, en el
mejor de los casos se llevan a cabo
con 10 días de por medio; así, las
pruebas se desahogan de
manera intermitente y sólo
excepcionalmente en presencia del
Juez; de tal manera que a pesar
de que están establecidos los
tiempos máximos que pueden
durar los procesos penales,
muchas veces los procesados tiene
que renunciar a este derecho o, en
su defecto, desistirse de las pruebas
pendientes por desahogar.
Por motivos como los descritos,
entre otros, hay quienes proponen
la instauración de procesos
orales, a fin de agilizar la
impartición de justicia, el quid del
problema está, a mi juicio, en
encontrar la forma en la que se
registre incuestionablemente el
resultado de las audiencias, a fin
de que los actos judiciales, fuera
de toda discusión, revistan la
certeza jurídica y transparencia que
les corresponde y toda suspicacia,
a la que somos muy dados, sea
desechada.
Derechos de las víctimas u ofendidos
del delito:
· Derecho a asistencia legal.
El llamado Representante Social es
el responsable de brindar la
asistencia legal a las víctimas u
ofendidos. Es el Ministerio
Público quien, con su actuación
profesional, legal, eficiente,
honesta y oportuna, debe pugnar
por que quien haya sufrido el delito,
obtenga justicia por parte de la
autoridad judicial. Cuando esto no
es así, sin duda, se violentan
derechos humanos.
Sin embargo, la falta de los
recursos humanos y materiales o
deficiencia de los existentes, con los
que cuenta el Ministerio Público es
una problemática ya inveterada en
la procuración de justicia.
Con motivo de la función que
desempeño, con frecuencia reviso
actuaciones ministeriales y he
encontrado que, por ejemplo, los
recursos de apelación que
interpone el Ministerio Público local
son, casi de manera general,
desechados por la presentación
deficiente de agravios, incluso, en
un caso, el magistrado ponente en
la resolución, tuvo que explicar de
manera detallada la forma en la
que habían que presentarse los
agravios.
La deficiencia del Ministerio Público
tiene, por supuesto, sus
consecuencias puesto que al
tratarse de un “órgano técnico” no
hay suplencia de la queja. Aquí uno
de los desequilibrios entre los
actores de “la cuestión penal”,
porque tratándose de la defensa,
sí hay suplencia de agravios
deficientes. Así, el procesado sí
puede ser beneficiado aun con
agravios deficientes, lo que no
ocurre a favor de la víctima u
ofendido. La desventaja crece si
recordamos que el Ministerio
Público carece de atribuciones
para solicitar juicio de amparo.
Entonces, sólo podemos concluir
que en materia de representación
legal, las víctimas u ofendidos se
encuentran en franca desventaja
frente al probable delincuente.
· Reparación del daño.
No obstante que está establecido
como derecho fundamental, la
reparación del daño sólo es
asequible cuando los recursos y
tesón del ofendido o la víctima
logran salvar las múltiples y
diversas dificultades que la realidad
-y también la legalidad-, les
interponen.
De acuerdo con nuestro orden
jurídico -artículo 21 de la CPEUMcorresponde
exclusivamente al
Ministerio Público la investigación
y persecución de los delitos. Así,
las acciones tendentes a demostrar
una responsabilidad penal,
requisito sine qua non para exigir
el pago de una reparación de
daño por la comisión de un delito,
le compete únicamente al
denominado Representante Social,
el cual es considerado un órgano
técnico, un perito en la materia
punitiva.
Ya lo hemos referido, no es ultraje
señalar que los agentes del
Ministerio Público carecen de la
preparación y vocación de servicio
para, con eficiencia, representar los
intereses de las víctimas u
ofendidos. En particular, sobre la
reparación del daño, en el mejor
de los casos, el Representante
Social se limita a demostrar el daño
material con la presentación
de las notas o facturas que la
propia víctima o el ofendido
proporcionan, por iniciativa
propia. Respecto al daño moral,
ni comentar. No existe para quien,
de acuerdo con la ley, representa
los intereses de la víctima u
ofendido del delito.
Por su parte, el Poder Judicial en
ocasiones también se constituye en
obstáculo insuperable para
acceder a los derechos que
reconoce la ley a las víctimas del
delito u ofendidos.
ENERO / FEBRERO 2004