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EDITORIAL 7
íctimas son “las
personas que
individual o
colectivamente,
hayan sufrido daños,
inclusive lesiones
físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial
de los derechos fundamentales,
como consecuencia de acciones u
omisiones que violen la legislación
penal vigente en los Estados
Miembros, incluida la que
proscribe el abuso de poder“. Pero
además, la expresión víctima
incluye, “en su caso, a los
familiares o personas a cargo que
tengan relación inmediata con la
víctima directa y a las personas que
hayan sufrido daños al intervenir
para asistir a la víctima en peligro
o para prevenir la victimización”,
expresa el numeral 1 de la
Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso del
Poder, proclamada por la
Asamblea General de la ONU,
cuya adopción se efectuó en 1985.
El complejo y desfavorable
panorama que enfrenta toda
persona o personas que han
padecido por la comisión de un
injusto legal en su perjuicio,
continúa siendo, un asunto que
merece la mayor atención por parte
de todos los Estados del planeta.
Pese a los avances alcanzados
y a la generalización del
reconocimiento normativo de los
derechos de las víctimas, es
demasiado lo que falta por hacer:
observamos con tristeza que en la
realidad cotidiana, lejos de recibir
un trato digno y de respeto, la
víctima con frecuencia resulta
sobrevictimizada y durante el
proceso continúa ocupando un
papel secundario, sin que se logre
en la mayoría de las ocasiones,
una justa reparación del daño.
En el caso de México, fue hasta la
última década del siglo XX, en
1993, cuando se efectuó la
modificación de nuestra
Constitución Política Federal para
reconocer a ese nivel los derechos
de la víctima, lo cual ocasionó que
en el ámbito de algunos estados,
se realizaran a su vez, unas cuantas
reformas al respecto. Con
posterioridad, ya en el año 2000,
tuvo lugar una nueva reforma, en
busca también del equilibrio entre
derechos del inculpado y de la
víctima del delito. Estos plausibles
avances pueden considerarse
como un primer paso en el camino
hacia la vigencia efectiva de los
derechos fundamentales de las
víctimas del delito.
Pero nuestro país ha acusado
un desinterés mundialmente
compartido por la situación de la
víctima del delito, pues la atención
de los legisladores y de estudiosos
del Derecho penal se ha centrado
de manera preponderante en
atender la situación del actor del
ilícito, subestimando o de plano
ignorando a la víctima. Por fortuna
esto ha comenzado a cambiar, si
la Criminología no ha considerado
en su contenido a la víctima, sí se
ha producido el desarrollo de una
nueva disciplina conocida como
Victimología, destinada a estudiar
científicamente a las víctimas,
encargándose de profundizar en
las relaciones entre ofensor y
víctima, en lo que corresponde a
la etiología del delito, estudiando
además los procesos de
victimización y los efectos del
medio social en el delincuente y la
víctima.
La responsabilidad, como bien han
señalado diversas voces, para con
las víctimas del delito es un deber
del Estado, que no puede ser
asumido en su dimensión plena sin
la participación de todos, en esto
tienen mucho que aportar las
organizaciones de la sociedad civil
y las propias víctimas, las
autoridades deben dar certidumbre
a las víctimas de que no resultarán
doblemente victimizadas, contando
con personal preparado para
atenderlas con eficiencia.
Es imperativo subrayar el papel
básico de las autoridades en su
obligación de proveer lo necesario
para materializar los derechos
humanos de las víctimas del
delito; es preciso, también
elaborar políticas e implementar
procedimientos y programas de
justicia que consideren los
derechos y las necesidades de las
víctimas, así como de los
delincuentes y de la comunidad,
pues resulta inequívoco que es
posible contar con un sistema
procesal acorde con las necesidades
sociales, que mantenga un
equilibrio entre los intereses
colectivos, los de la víctima y los
del propio infractor.