Administración de justicia en Centroamérica 2000-2009

Administración de justicia en Centroamérica 2000-2009: el caso de Guatemala
Siempre en materia penal, el establecimiento de la CICIG
ha generado expectativas en la sociedad guatemalteca que
ante el aumento de los niveles de inseguridad se manifiesta
insatisfecha por la falta de funcionamiento eficaz y eficiente de
las instituciones del sector justicia.
En cumplimiento de su mandato, la CICIG propone reformas
legislativas en materia procesal penal con el fin de hacer
eficiente la investigación criminal 29 ; se conforma la Fiscalía
Especial del Ministerio Público para la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala que ofrece resultados de
impacto en casos vinculados con el crimen organizado, tales
como la muerte violenta del abogado Rodrigo Rosenberg 30 ,
la captura y proceso de extradición del ex Presidente de la
República Alfonso Portillo, la muerte de once personas en el
departamento de Zacapa como resultado de un enfrentamiento
entre narcotraficantes; y establece acuerdos de asistencia
técnica con las instituciones del sector justicia para integrar
los juzgados y tribunales de competencia penal en delitos de
mayor riesgo 31 e incorporar a la legislación procesal penal la
figura del colaborador eficaz.
Y, como un hecho importante anuncia la participación de la
CICIG en apoyo a la aprobación de la Ley de Comisiones de
Postulación y en los procesos de nominación de magistrados
de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte
de Apelaciones, que para finales del año 2009 generaron un
movimiento nacional e internacional a favor de una integración
29
El primer grupo de reformas propuestas, algunas pendientes de aprobación lo
constituyen: a) reformas a la Ley de Armas y Municiones; b) reformas a la Ley
de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; c) reformas al Código
Procesal Penal; y d) Reformas en materia de antejuicio.
30
Este hecho ocurrido el 10 de mayo de 2009 causó impacto, especialmente en la
población del departamento de Guatemala por la difusión de un video en el que
la víctima acusó de su muerte al Presidente de la República Álvaro Colom y a
algunos funcionarios de Gobierno.
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Conforme lo ordenado en el Decreto número 21-2009 reformado por el Decreto
número 35-2009, ambos del Congreso de la República de Guatemala.
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