Administración de justicia en Centroamérica 2000-2009

Administración de justicia en Centroamérica 2000-2009: el caso de Guatemala
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como la casación (en materia tributaria por ejemplo);
sin embargo, en la ley no existe coerción para que
en los casos en que la Administración Pública sea la
obligada a acatar la sentencia, ésta se haga efectiva.
En algunos casos la certificación de lo conducente por
el delito de desobediencia se ha intentado y ha tenido
resultados satisfactorios para el administrado.
• Los problemas señalados aumentan con las
debilidades más evidentes en la actualidad: i) falta
de especialización de los magistrados recientemente
electos; ii) excesivo formalismo en la tramitación por
el procedimiento escrito a diferencia del procedimiento
oral.
• Principales fortalezas: i) la existencia misma del
proceso como garantía de los administrados frente a
la Administración Pública; ii) la posibilidad de asignar
recursos para el cumplimiento de las obligaciones de
la Administración Pública en el Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado.
c. Buenas y malas prácticas
• Buenas prácticas: i) resoluciones bien fundamentadas
jurídicamente; ii) caso en el que los magistrados de
la sala citaron a la autoridad de la Administración
Pública para evaluar el proceso de cumplimiento
de la sentencia, lo que hasta la fecha se está
monitoreando; iii) certificar lo conducente por el delito
de desobediencia a los funcionarios que no cumplan
con la sentencia; iv) que la parte actora conmine a la
autoridad mediante la acción constitucional de amparo.
• Se propone como reformas a la Ley de lo Contencioso
Administrativo: i) establecer un plazo a la Administración
Pública para que informe al tribunal sobre la ejecución
de lo ordenado en la sentencia que dicta el Tribunal de
lo contencioso-administrativo; ii) regular el recurso de
apelación para impugnar la resolución que deniegue el
trámite del proceso de lo contencioso-administrativo;