Título: La castaña y la shiringa en Madre de Dios - CDAM

4. Autorizaciones de desbosque en concesiones forestales
Además de la problemática de cambio de uso de tierras con aptitud forestal a tierras agrarias,
incentivado en los últimos años por la presión de nuevos migrantes en Madre de Dios, existen
también problemas relacionados con el desbosque realizado de manera legal, autorizado por
la autoridad forestal –en el marco de sus competencias– dentro de concesiones forestales
(castañeras en particular). Estos son los casos, por ejemplo, de las superposiciones de
concesiones mineras o hidrocarburíferas con concesiones forestales, sobre las que los
concesionarios mineros o titulares de contratos de hidrocarburos solicitan efectuar un
desbosque para realizar las actividades propias de sus concesiones.
La actual legislación forestal prevé que quienes soliciten una autorización de desbosque deben
pagar un derecho. El artículo 72 del Reglamento establece que “[e]l derecho de desbosque se
establece en función a la superficie total a desboscarse, para lo cual se fija una tarifa diferencial
y creciente en proporción directa al área de desbosque, el tipo de vegetación presente en el
área solicitada y el valor de la madera en pie”.
En ese sentido, una de las preguntas importantes que fue puesta sobre la mesa en los procesos
participativos detallados en el Capítulo 2 de este libro, consistió en determinar si debía además
pagarse a los castañeros y shiringueros una compensación por los daños efectivamente
ocasionados en sus concesiones por actividades provenientes de un desbosque “legal”. Por lo
tanto, debía definirse si este derecho de desbosque a ser pagado al Estado, como autoridad
forestal, era una reparación por el daño o, en todo caso, un derecho de aprovechamiento
como cualquier otro, sobre todo teniendo en cuenta los criterios que cita la norma 51 . Si este
pago fuera una reparación por el daño, es correcto pensar que las empresas mineras o
hidrocarburíferas que operen dentro de una concesión castañera o shiringuera, y que estén
realizando un desbosque con autorización dentro de la misma, ya no estarían obligadas a pagar
al titular de la concesión una compensación por los mismos hechos, amparándose en que esta
ya fue pagada en su oportunidad al Estado, lo que ciertamente puede devenir en situaciones
de injusticia grave.
Así, la propuesta participativa recogió las ideas acerca de un pago compensatorio a los titulares
de derechos forestales. Para esto, se planteó que se especifique en el Reglamento la inclusión
de formas de redistribución de los montos recaudados por este concepto, de forma tal que se
permita que el mayor porcentaje del dinero producto de derechos de desbosque no vaya a las
arcas fiscales sino a los comités de gestión de bosques de la zona.
Este tema fue explícitamente mejorado en el derogado Reglamento del Decreto Legislativo N°
1090. El artículo 319, referido a las autorizaciones de desbosque para titulares de operaciones
y actividades distintas a las forestales, establecía explícitamente que los titulares de estas
operaciones deben, además de pagar la retribución económica correspondiente al Estado,
pagar una indemnización a los titulares de concesiones forestales afectadas en caso estos las
soliciten. Consideramos que la legislación sectorial actual forestal, minera e hidrocarburífera,
a pesar que haga incidencia en compensaciones para propietarios privados y servidumbres, sí
permite sostener que el pago realizado por una autorización de desbosque es un “derecho de
aprovechamiento” y no una indemnización, teniendo los titulares de concesiones forestales la
posibilidad de negociar con los titulares mineros o de hidrocarburos, compensaciones por daños.
51 Un análisis preciso de los daños abarcaría ciertamente muchos más criterios considerados por la legislación sobre responsabilidad civil,
cosa que se extiende más allá de los límites de este trabajo.
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