UNIVERSIDAD DE CARABOBO

esponsabilidad que corresponde a los autores del hecho" (Gabaldón 1978,
p. 124). Podrá apicarse una pena a los autores, siempre que para ellos el
delito cambie de titulo, pero si sigue siendo único, es un absurdo
mantenerla. De no confundirse con otra situación es la que estatuye una
pena compuesta por el mismo hecho (ejemplo: multa y prisión), y en el
caso de imputación a la persona jurídica, la pecuniaria se aplica a la
entidad y la detentiva al ejecutor. Así lo prevé el proyecto de Ley
Antimonopolio en el artículo 24 cuando afirma:
Es conveniente ampliar y sistematizar las sanciones penales del
cuerpo moral. Nuestro derecho no contempla la disolución
societaria, pues la hipótesis más próxima (clausura definitiva) es
algo equivoca, y no implica necesariamente la desaparición del ente
colectivo que, especialmente si tiene una organización flexible y
pluralidad de metas, puede dedicarse a otros ramos en su actividad...
Respecto a la medida de seguridad que algunos autores han propectado, no paree
que las condiciones de peligrosidad social que dieron origen a la discusión de
esta materia respecto a los individuos tengan igual relevancia en materia de
actuación corporativa. Siempre la persona jurídica obra a través de sujetos
individuales y transitorios, por lo que es muy discutible que se pueda hablar de
peligrosidad propia. Es conveniente, en todo caso, sistematizar con carácter
programático en un texto único el principio de imputación y las penas impunibles
al ente colectivo. El instrumento legal más adecuado parece ser el Código Penal.
Bello Rengifo (1988), señala que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo es ejemplo de los autores que admiten la
responsabilidad penal corporativa, sus conclusiones al respecto son:
Estos principios parten del derecho positivo, pero no se agotan en
él. Hay no sólo los principios expresos o de derecho positivo, sino
también los de orden valorativo y de naturaleza social en que la
norma positiva se desarrolla y expresa, o contradice, según el caso.
Las realidades histórico-culturales lato sensu, imponen su impronta
al Derecho... Las realidades sociales interpretadas conforme a los
valores vigentes y por realizar son en cuanto tiendan a la regulación
coactiva de la comunidad "realidades jurídicas". (p. 127).
Luego importa tomar en cuenta necesidades y cualidades de la realidad social
para poder afirmar si hay o no-responsabilidad como la posibilidad cierta de
imponer sanciones restrictivas o anulatorias de derecho y bienes.