UNIVERSIDAD DE CARABOBO

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
AREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
FACULTAD DE DERECHO
DELITO LABORAL, DELITO IMPUNE
Autor: Mariela Mayaudón Grau
Asesora: Dra. Dora Zerpa
Valencia, Septiembre 1998

INDICE GENERAL
Resumen
CAPITULO I: MARCO TEORICO
LA LEY ORGANICA DE PREVENCION
CONDICIONES Y MEDIO DE TRABAJO
Naturaleza
Principios
CAPITULO II: EL DELITO INDUSTRIAL
Concepto de Delito Laboral
DOLO EN EL DELITO LABORAL
Elementos de la Tentativa
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURIDICAS EN VENEZUELA
Corriente Dogmática-Positivista
CAPITULO III: MUERTE EN LA FAENA
ENTREVISTAS
CAPITULO IV: EN BUSCA DE LA
SALVACION
EL DELITO LABORAL Y LA
PROBLEMATICA NACIONAL
CON RESPECTO A LA LEY ORGANICA
DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE
DE TRABAJO
RESPECTO A LA SITUACION DEL
EMPLEADOR
CONCLUSION
INTRODUCCION
BASE CONSTITUCIONAL VENEZOLANA EN
RELACION A LAS CONDICIONES Y MEDIO
AMBIENTE DE TRABAJO
Definición
Objeto
Ámbito de Aplicación Personal
DEFINICION DE DELITO
LA VOLUNTAD EN EL DELITO LABORAL
LA TENTATIVA DEL DELITO LABORAL
EL DELITO LABORAL EN LA LEY
ORGANICA DE PREVENCION,
CONDICIONES, Y MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO.
Corriente Dogmática-Negativa
Fundamentación Normativa en la Legislación
Venezolana
HISTORIAS DE VIDA
SONDEO DE OPINION
PROBLEMAS DE HOY, PROYECCION DE
FUTURO
PROPUESTAS FINALES, EN BUSCA DE LA
SALVACION
CON RELACION AL CODIGO ORGANICO
PROCESAL PENAL
RESPECTO A LA SITUACION DEL
TRABAJADOR
BIBLIOGRAFIA

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el derecho constitucional del
trabajo, desde la particular óptica del Derecho Penal, y circunscrito al área de los
"accidentes laborales"; con el fin de determinar si los delitos previstos en la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo constituyen
paliativos legales que los únicos que han conseguido son institucionalizar la
impunidad de los delitos laborales, o, si por el contrario los mismos se
corresponden con la realidad venezolana y se han constituido en la gran solución
de dicha problemática. Estructurado en cuatro Capítulos, el Capítulo I con la
definición de condiciones y medio ambiente de trabajo, evolución histórica y
base constitucional de la legislación laboral en relación con los accidentes
laborales y la definición de delitos laborales, el Capítulo II se concreta en el
estudio del novísimo artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo, tildado por muchos como escueto y carente de
dogmática penal, en el Capítulo III, a través de una investigación de campo,
consistente en un sondeo de opinión, entrevistas e historias de vida, se verifica en
la praxis los alegatos teóricos aducidos, y finalmente en el Capítulo IV, luego de
este recorrido documental y de campo, se concluye con unas propuestas en torno
al tema, y afirmando que en Venezuela los delitos laborales son materia impune
que ofrecen oportunidades para un debate serio, público y de especialista.
Palabras Claves: Delito Laboral,
Accidente de Trabajo, Empleador,
Trabajador, Peligro, Medio Ambiente,
Prevención

INTRODUCCION
El Derecho Laboral muy a pesar de ser parte de la esencia humana, como se verá
a través del desarrollo de la presente investigación documental y de campo, el
hombre en su condición de trabajador, no siempre disfrutó de la protección del
mismo, situación por lo demás muy preocupante.
Desde tiempos remotos, la protección del trabajador ha constituido una necesidad
incuestionable e imprescindible y en estos tiempos modernos, donde los avances
tecnológicos son vertiginosos y el hombre se somete a diferentes riesgos en
procura de realizar las diferentes faenas encomendadas, se hace invalorable crear
una legislación adecuada, que realmente satisfaga los riesgos a que se ve
sometido el trabajador como víctima principal, y su grupo familiar como víctima
accesoria, por los daños producidos en ocasión de la realización de su trabajo, y
más aun cuando los "accidentes laborales" en Venezuela suelen ser muy
frecuentes, a causa de la falta de protección de los trabajadores en áreas
peligrosas.
Quizás inspirado en esta situación, el legislador venezolano creó la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que no dejó de ser un
esfuerzo sesudo, el cual sirvió quizás como paliativo en un momento
determinado, pero que al devenir del tiempo se ha visto, que dado su poco
criterio, es imposible su aplicación práctica.
La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,
tiene aspectos penales de interés ya que en la misma queda de manifiesto una
tónica penalizadora y represiva exagerada, que sin embargo, no fue traducida
adecuadamente en el texto legal, dejando lagunas e incoherencias en relación con
el Sistema Penal vigente en Venezuela.
Esto, aunado a que las condiciones inseguras se anotan como causa principal de
los accidentes de trabajo, y en virtud la mayor incidencia de accidentes en el
Estado Carabobo, fueron sin duda las chispas que permitieron nacer el presente
trabajo, que tiene la pretensión de penetrar en el campo del Derecho Laboral,
enfocado desde el punto de vista Penal, no por mero capricho, sino por un gran
sentimiento de preocupación al considerar que dado el crecimiento industrial, los

accidentes laborales son el pan de cada día en la masa trabajadora, ya que día a
día mueren en vida trabajadores venezolanos, sin que exista una verdadera
respuesta al daño ocasionado a los mismos; y en definitiva, por haber creado esta
Ley verdaderos delitos y penas privativas de libertad, y quizás lo más
preocupante es que se han creado de manera improvisada, con escaso criterio
científico y poca factibilidad, textos legales que sólo han respondido a intereses
egoístas y que no se corresponden con una protección real del débil jurídico, que
en este caso es el trabajador.
Pues bien, a los fines de presentar y demostrar lo antes expuesto, se realizó el
presente trabajo, estructurado en cuatro Capítulos; el primer Capítulo define los
conceptos esenciales para la comprensión del mismo, en el Segundo Capítulo se
analiza desde el punto de vista estrictamente Penal el artículo 33 de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, se destaca
el estudio del delito laboral, el ámbito de aplicación de esta Ley, su objetivo, la
naturaleza pública de la acción de los delitos laborales, la responsabilidad de la
persona natural, hace especial énfasis en la responsabilidad de la persona jurídica,
los tipos de delitos, bien sea homicidio o lesiones, y la factibilidad de las penas a
aplicar.
El tercer Capítulo busca demostrar a través de ciertos alegatos teóricos y muy
especialmente a través de una fundamentación práctica, los alegatos teóricos
aducidos, y el cuarto Capítulo pretende reivindicar la condición laboral del
trabajador venezolano en lo que a esta materia se refiere, a los fines de su
reinsertarlo laboralmente y alertar acerca de la aplicación de penas sin sentido en
el Sistema Legal del país.
Finalmente, este trabajo se considerará que ha cumplido su cometido en la
medida que suscite la polémica necesaria para su discusión y sirva de punto de
partida para que el trabajador conquiste una voz con voz, que se oiga, y no que
sirva de instrumento a los factores de poder. De tal manera que una vez expuestas
estas palabras introductorias, se invita disfrutar de este análisis, quizás no
complaciente pero si muy reflexivo, al respecto e igualmente se sugiere que si al
momento de finalizar su estudio queda evidenciado que en Venezuela el Delito
Laboral es un delito impune, sirva como punto de reflexión y de partida para un
nuevo enfoque de las reivindicaciones laborales del trabajador venezolano.

CAPITULO I
MARCO TEORICO
La resolución adoptada por la Organización Internacional del Trabajo, en la
Conferencia de 1975, llamada "Resolución sobre la Acción Futura de La
Organización Internacional del Trabajo. Materia de Condiciones y Medio
ambiente", la cual dio lugar por petición de la misma Conferencia al director
general de dicha Organización, al llamado "Programa Internacional para el
Mejoramiento y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo" (PIACT).
El Gobierno venezolano en 1976, a un equipo multidisciplinario de dicho
programa, el cual durante su estadía en ésta, produjo un extenso documento sobre
la situación en el país en materia de medio ambiente y condiciones de trabajo,
elaborándose un Anteproyecto de Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo, Dicha Ley fue publicada en Gaceta Oficial el 18 de
julio de 1986.
Esta materia había sido objeto de conferencias y seminarios, entre los cuales
destacan, entre otros, el realizado en el Centro Médico Docente La Trinidad, los
seminarios y cursos de especialización de diversas Universidades, y muy
especialmente los valiosos aportes que pueden encontrarse en las normas
COVENIN, el Primer Seminario Tripartito sobre Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo, celebrado en Caracas en 1986, organizado por el Ministerio del
Trabajo con la cooperación de la Organización Internacional del Trabajo, con
participación de Fedecámaras, CTV, CUTV y CGT, e invitados de las
Universidades.

BASE CONSTITUCIONAL VENEZOLANA EN RELACION A LAS
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
La Constitución de la República, del 23 de enero de 1961, expresa el firme
propósito de Proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana,
promover el bienestar general y la seguridad social; lograr la participación
equitativa de todos en el disfrute de las riquezas, según los principios de justicia
social, y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre.
Al tratarse de la preservación de la integridad física del trabajador, las
instituciones de higiene y seguridad ocupacional, alcanza carácter de estricto
orden público, siendo por ello irrenunciables y no susceptibles de acuerdos
particulares. En todos los estados modernos la protección de la salud es uno de
los derechos sociales que proclaman y consagran las constituciones.
La Constitución de la República de Venezuela, dispone con carácter de norma
programática, además del derecho a la protección de la salud, que la Ley
dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e
intelectuales de los trabajadores. Ello permite afirmar que la materia relativa a la
seguridad industrial, está reservada a la competencia del Estado, quien la ejerce a
través de órganos especiales.
A su vez, las legislaciones laborales en el mundo vienen concediendo mayor
importancia al establecimiento de normas protectoras sobre las condiciones en las
cuales el trabajador debe prestar el servicio; y así dichas normas constituyen
parte muy especial dentro de las Leyes del Trabajo; pero es más, la tendencia
cada vez mayor es la de establecer Leyes o Reglamentos especiales sobre la
materia, que a la vez que otorgan una mayor autonomía jurídica, pautan una más
efectiva protección al trabajador por el detalle de sus disposiciones.
De ese carácter imperativo, el cual es menester repetir, se desprende que las
mismas no admiten violación, modalidad, ni condiciones, ya que en su
cumplimiento está interesada toda la colectividad. Las obligaciones concernientes
a los dos sujetos de la relación de trabajo en materia de higiene y seguridad, no
nacen como una derivación de la misma, sino que se constituyen ex lege; es

decir, son anteriores a la misma relación y no puede existir arreglo o convención
entre las partes para modificar lo establecido por la Ley.
En la doctrina venezolana a ello se han referido en forma por demás clara y
precisa, los estudiosos de la materia, Rafael Caldera y Rafael Alfonzo Guzmán,
para destacar el carácter de dichas normas que se palpa en forma por más
evidente al establecerse como causales de justo despido o de justo retiro, las
omisiones, imprudencias y acciones que afecten a la seguridad industrial.
El doctor Rafael Caldera, después de destacar la gran importancia de la higiene y
seguridad laboral, y de considerar que su estudio corresponde en gran parte a la
Seguridad Social, afirma que no hay Margen para arreglos convencionales que
puedan comprometer el cumplimiento de los requisitos legales en esta materia.
Las omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial,
constituyen justa causa para el despido o para el retiro, cualquiera que sea la parte
que las cometa... trabajador, patrono o su representante; causa que debe
considerarse irrenunciable.
Para el doctor Rafael Alfonzo Guzmán, expresa que la observancia y el
cumplimiento de las normas sobre seguridad industrial constituye una obligación
del trabajador frente al patrono incluida dentro de la prestación del servicio en las
formas y condiciones establecidas en el contrato o derivadas de la equidad, el uso
o la Ley; y que frente al Estado por parte del trabajador constituyen un deber de
previsión en que tiene interés la comunidad.
Del patrono frente al trabajador vienen a ser también un deber de previsión, por
la protección y el resguardo de la salud y de la vida del prestador de servicios.
El carácter de orden público de las normas sobre higiene y seguridad ocupacional
ha sido siempre ratificado por la Jurisprudencia Administrativa y Judicial
venezolana. La expansión industrial ha determinando una cada vez mayor
preocupación por parte de los trabajadores y pro parte del Estado, de mejorar no
sólo las condiciones económicas de aquellos, sino la protección frente a las
situaciones sobrevenidas en relación con el medio ambiental de trabajo. El
Seguro Social, en el cual están representados el Estado, los trabajadores y los
patronos, y en su carácter de instrumento fundamental de seguridad social, para
asumir una obligación de carácter social que refleja el sentido de solidaridad
como uno de los principios básicos de una política de seguridad social.
En otros términos, se subroga para asumir una responsa- bilidad en las diferentes
contingencias a que está expuesto el trabajador como consecuencias de su
relación con el medio ambiente de trabajo; y de allí la naturaleza de inminente

orden público de las normas relativas a higiene y seguridad ocupacionales y a
preven- ción de riesgos, al estar interesada la sociedad en el cumplimiento de las
mismas, y por lo cual son además de denuncia obligatoria por parte de cualquier
ciudadano.
Si bien en la Constitución de la República no hay una norma expresa sobre
seguridad industrial, las previsiones están encuadradas dentro del derecho a la
salud consagrada para toda la población en el artículo 76, dentro del Capítulo de
los Derechos Sociales, y en la disposición programática del artículo 85 de la
Constitución de la República, que permite a la Ley disponer lo necesario para
mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores.
Las normas específicas sobre seguridad industrial se encuentran consagradas en
Venezuela en la Ley del Trabajo y en su Reglamento desde diciembre de 1973, el
reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
promulgado por Decreto de fecha 18 de diciembre de 1968 y la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo promulgada en 1986, pro
supuesto también en la actual Ley Orgánica del Trabajo.

LA LEY ORGANICA DE PREVENCION CONDICIONES Y MEDIO DE
TRABAJO
En forma progresiva se desarrolla un sistema de seguridad social tendente a
proteger a todos los habitantes de la República contra infortunios del trabajo,
enfermedad, invalidez, vejez, muerte, desempleo y cualesquiera otros riesgos que
puedan ser objeto de previsión social.
Sentada la salvedad acabada de exponer, las dos expresiones que se analizan
(previsión de accidentes y medidas de seguridad e higiene) se dirigen a expresar
ideas semejantes. N efecto, con la expresión "seguridad" se debe sobreentender
"seguridad frente al peligro de posibles accidentes".
Cuando se hace referencia a la prevención y a la seguridad, se está expresando
dos facetas de una misma idea: el resultado perseguido (seguridad) y el medio de
lograrlo (prevención). Podría decirse que la seguridad es la causa final, y la
prevención la causa eficiente, de la rama del
Derecho que se dirige a velar por la salud de los trabajadores.
Pero, en otro aspecto, el término "seguridad e higiene" es más amplio que el de
"prevención de accidentes". Este se refiere exclusivamente a los accidentes (es
decir, a las alteraciones traumáticas de la salud obrera). En cambio, el otro
abarca, además de los accidentes, la higiene (es decir, la prevención frente a
posibles perturbaciones patológicas).
Ahora bien, en la práctica, como consecuencia del peso de los términos
consagrados, se acostumbra a usar ambos términos
Definición
Se puede considerar la disciplina objeto de estudio, como la rama del Derecho
dirigida a velar por la integridad física y la salud del trabajador en el ejercicio de
las funciones propias de su empleo, fijando las precausiones para evitar los
accidentes de trabajo y enfermedades causadas por actuación profesional, así
como a paliar los primeros efectos de los accidentes y enfermedades que se
pudieran producir en el seno de la empresa.

Naturaleza
La naturaleza del Derecho de prevención de accidentes, plantea algunos
problemas. Ahora bien, parece indudable que se trata de una disciplina social,
puesto que atiende a evitar daños a la salud de uno de los sujetos del contrato de
trabajo, en el ejercicio de las funciones propias de la relación laboral derivada de
dicho contrato.
Objeto
El objeto de la Ley es garantizar a los trabajadores, permanente y ocasional,
condiciones de seguridad, salud y bienestar, en un medio ambiente de trabajo
adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales.
Al amparo del citado texto legal, desde un punto de vista positivo, se considera la
seguridad e higiene en el trabajo como la rama del Derecho Laboral que tiene por
objeto proteger al trabajador contra los riesgos propios de su profesión que pone
en peligro su salud y su vida.
Principios
Principio Humanístico
Es un principio de salvaguarda de la vida humana, o si se prefiere de prioridad de
la vida humana, sobre el coste de la prevención. Viene proclamado en el fuero
del trabajo, es un principio fundamental, pues salvaguarda la vida humana y la
salud se halle en la razón de ser de todo el derecho prevencionista. Este principio
se justifica en sí mismo. Es decir, directamente se justifica en el valor de la vida
humana e indirectamente en el superior valor de salvar las almas dado el peligro
de muerte en pecado que supone todo fallecimiento repentino.
La prioridad de este principio, lo es la vida sobre los intereses materiales. Las
medidas de seguridad hay que aplicarlas, aun cuando representen una carga
económica y su coste no exime de responsabilidad.
Principio Económico
La seguridad evita muchos gastos: sostenimiento de inválidos, formación de
nuevos especialistas, daños ocasionados por la catástrofe, faenas perdidas. Todo
el coste del seguro de accidentes desaparecería en el utópico caso de que llegara a
la seguridad perfecta.

Un importante sector de la doctrina ha llegado a sostener que la seguridad paga
por superar los gastos de los siniestros a los de la seguridad. Se cree que aún no
hay datos para pronunciarse sobre la cuestión. Incluso si así fuera en
macroeconomía (economía nacional), ello no fuese siempre en mocroeconomía.
Con todo, es cierto que a veces, cuando menos, los siniestros ocasionan
importantes daños económicos a la microeconomía (patrones y del empleador) y
ello es suficiente en incurrir a ciertas esferas de responsabilidad.
Principio de Tecnicismo
El principio de tecnicismo se refleja en la cantidad de normas técnicas que
aparecen en el reglamento de seguridad. Este principio de técnica se explica por
la propia misión y función del Derecho de Seguridad: Recoger la técnica y
elevarlos a normas jurídicas, para que los resultados de los estudios científicos
entre en la esfera de lo obligatorio.
Principio de Doble Interés
El peso de este principio es manifiesto. El obrero tiene interés en salvar la vida
(frente a los yerros prevencionistas del patrono y sus compañeros). El empresario
tiene interés en que un siniestro no le destroce la industria. También están
interesados en la prevención el Estado y la Comunidad Nacional, por hacerse
cargo de los costos de los accidentes a través del Seguro Social. Es justo que la
Nación se interese en reducir al mínimo la carga económica de los accidentes.
Consecuencia de este principio será la de ambivalencia de derechos y deberes y
de irrenunciabilidad, derechos que a su vez configuran el sistema de
responsabilidad.
Principio de Ambivalencia de Derechos y Deberes
Tanto para el empleado, como para el patrono, la seguridad es a la vez un
derecho y un deber. En todo caso, el obrero puede reclamar la seguridad de su
patrono, y denunciarle por no proporcionarla, la cual será sancionada por la
autoridad, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Pero también el empleado es sancionado, mediante el despido justificado, por no
adoptar las medidas de prevención.
Principio de Irrenunciabilidad de Derechos

Son irrenunciables los derechos, por suponer un derecho de la otra parte.
Tampoco cabe renuncia de derecho contra el interés público o en perjuicios de
terceros.
Así sucede en el caso del prevencionismo. Si un obrero permite que estalle una
caldera, perjudica a la empresa, a sus compañeros y a la economía nacional.
Además no hay derecho al suicidio, por no caber derecho a la inmoralidad. De
ahí, por ejemplo, la nulidad de un pacto que aumente el salario a cambio de
renunciar a la seguridad y, por tanto, este pacto no liberaría de una
responsabilidad a las partes interesadas.
Principio de Pluralidad de Responsabilidades
Este principio de pluralidad lo serán las distintas clases de responsabilidades
(penal, civil, administrativa, empresarial) los distintos sujetos responsables
(patrono, empleado, alto cargo, técnico de seguridad), aun cuando no lo sean
todos en todas las esferas por existir una gradación.
La acumulación de responsabilidades de acuerdo a este principio (cárcel e
indemnización), debido a los diversos ámbitos que pueden dañar la falta de
prevenciones.
Ambito de Aplicación Personal
a. Responsable: La posible responsabilidad del mismo, en las distintas esferas
jurídicas que interesan es evidente, así como es evidente su razón de ser; siendo
el titular de la empresa, y estándolo reconocida la raíz de la autoridad
empresarial, tiene la obligación, con la consiguiente responsabilidad, de atender a
la adopción de las medidas de seguridad.
Responde por los actos propios, en el campo Penal, y en materia económica
(multas, responsabilidad civil), por actos de los subordinados, si bien con derecho
a repercutir sobre éstos su responsabilidad económica.
Lo es evidentemente el patrono o empresario tomado esta figura en el sentido
amplio de la legislación de Seguridad Social, pues está en su ámbito. La Ley así
lo establece, aun cuando se refiere a la empresa, evidentemente entiende por tal
no la organización (que no es sujeto de derecho) sino a su titular (que sí es
sujeto).

Como infractor directo puede ser un sobordinado (por ejemplo, un director
general) en tal caso el empresario tendrá una vez más derecho a repercutir al
amparo.
b. Beneficiario: Lo es el trabajador indemnizado y en caso de muerte lo son sus
derechohabientes.
Los empleados responden frente al empresario (responsabilidad general por faltas
en el trabajo). No se aprecia responsabilidad penal en el campo de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Las
responsabilidades penales y civiles están construidas al margen de la relación de
trabajo.
c. Altos Cargos: Están excluidos del término trabajador, pero incluidos en la
seguridad laboral. La exigencia, pues, de responsabilidad en el campo del
Derecho Social; dependerá del grado en que la prevención se considera
positivamente integrada, por la Ley y la jurisprudencia, en el terreno de la
seguridad social.
El alto cargo, con toda claridad responde en los ámbitos civil y penal, construidos
al margen del contrato de trabajo.
2.6. Medio, Prevención y Protección
Medio: Se considera el ambiente de trabajo, entendiéndose los lugares, locales o
sitios, cerrados o al aire libre, donde personas vinculadas por una relación de
trabajo presten servicios a empresas, oficinas, explotaciones, establecimientos
industriales, agropecuarios y especiales o de cualquier naturaleza que sean,
públicos o privados.
Se debe considerar como medio, las circunstancias de orden socio-cultural y de
infraestructura física que de forma inmediata rodean la relación hombe-trabajo.
Los terrenos situados alrededor de la empresa explotación, establecimientos
industriales o agropecuarios y que forman parte de los mismos.
Prevención: Constituye el deber del Estado y en emplearlos en garantizar la
prevención de los riesgos mediante la vigilancia del medio ambiente en los
centros de trabajo y las condiciones con él relacionados, a fin de que se cumpla
con el objeto de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo.

Protección: A los efectos de la protección de los trabajadores en las empresas,
explotaciones, oficinas o establecimientos.
Accidentes de Trabajo: Es importante saber definir qué es accidente de trabajo
y distinguirlo del accidente común, porque en las partes del país en los cuales no
se aplica el régimen del Seguro Social, el empleador deberá pagar la
indemnización especial establecida en la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, hay o no-delito, cuando el accidente
deba ser calificado como accidente de trabajo y no cuando sea calificado como
accidente común.
En las zonas en las cuales se aplica el régimen del Seguro Social, el trabajador
recibirá en casi todos los casos, indemnización,. Ya que sea que se trate de un
accidente de trabajo o de un accidente común, pero el monto de una y otra
indemnización, en caso de incapacidad definitiva, no es igual.
La definición legal de accidente de trabajo no es igual a la que puede darse para
otros fines, tales como fines estadísticos, de investigación y otros.
Sin embargo, para determinar en cuáles corresponde el pago de la indemnización,
se debe recurrir necesariamente a la definición de la Ley.
En todos los casos debe aplicarse la definición de la Ley del Trabajo, a la que se
remite la Ley de Seguro Social Obligatorio y que es repetida por el artículo 32 de
la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. De
la definición legal corresponde señalar dos elementos: uno es que el accidente, a
diferencia de la enfermedad, es el resultado de "la acción violenta de una fuerza
exterior que pueda ser determinada", situación a la cual el legislador asimiló "la
lesión interna determinada por un esfuerzo violento". Es decir, que el accidente
se diferencia de la enfermedad en que ocurre repentinamente y se manifiesta de
inmediato; en cambio, la enfermedad supone un proceso lento, cuyo comienzo es
muy difícil de precisar.
El otro elemento fundamental de la definición es que el accidente es accidente de
trabajo toda vez que ocurra "por el hecho o en ocasión del trabajo". De manera
que un mismo hecho puede o no ser un accidente de trabajo según haya ocurrido
o no como consecuencia o en ocasión del trabajo.
Si un trabajador es embestido por un autobús, el domingo cuando se dirige a un
juego de pelota sé esta ante un accidente común; pero si se tomó un autobús para
llevar la correspondencia del patrono, sé esta ante un accidente laboral.

La Ley establece dos criterios, cada uno de los cuales alcanza por si sólo para que
el accidente sea considerado como accidente laboral, los cuales son, que éste se
sobrevenga en el curso o en ocasión al trabajo.
No importa que la causa del accidente sea ajena al trabajo sino que ocurra en
ocasión al trabajo.
El segundo elemento se refiere a que el accidente sea causado por el hecho del
trabajo en este caso alcanza que el accidente sea consecuencia del trabajo, aunque
no sea en ocasión a este.
Enfermedad profesional
Mucho más difícil es definir qué es una enfermedad profesional y distinguirla de
la enfermedad común.
Son enfermedades profesionales todas las contraidas "con ocasión del trabajo o
exposición del medio en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar". Es
decir, que conforme al nuevo texto legal, también son enfermedades
profesionales las que son consecuencia del trabajo, aunque no hayan sido
incluidas en ninguna lista y aunque sean contraidas por un trabajador que no
trabaja con la sustancia o el proceso señalados en la lista como causantes de la
enfermedad.
También son enfermedades profesionales, conforme a la nueva Ley, las
endémicas, cuando las contraiga un trabajador que se encuentra obligado a
trabajar en lugares donde esas enfermedades son endémicas.
La nueva Ley da dos criterios de enfermedad profesional. En primer lugar, es o
puede ser enfermedad profesional toda enfermedad que se contraiga como
consecuencia del trabajo. En segundo lugar, son enfermedades las que aparezcan
en las listas que en el futuro elaboren los órganos competentes conforme a los
criterios indicados en la última parte del artículo 28.
La diferencia entre una y otra situación, es que en el primer caso –enfermedades
contraídas en ocasión del trabajo pero no incluidas en la lista de enfermedades
profesionales- deberá probarse la relación entre la enfermedad y el trabajo. En el
segundo caso no se requiere más prueba que la de padecer la enfermedad
calificada como profesional.

Referencias Bibliográficas
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA
LEY DEL TRABAJO
Ley OrgAnica de PrevenciAn, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo
REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y
SEGURIDD EN EL TRABAJO
REGLAMENTO DE LA LEY DEL TRABAJO

CAPITULO II
EL DELITO INDUSTRIAL
1. DEFINICION DE DELITO
La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo crea
el delito laboral y lo tipifica en el artículo 33, que textualmente establece:
Cuando el empleador a sabiendas que los trabajadores corren
peligros en el desempeño de sus labores y se ocasionare la muerte
por no cumplir con las disposiciones ordenadas en la ley, será
castigado con pena de prisión de 7 a 8 años. Cuando el empleador
actuando en las mismas circunstancias haya ocasionado:
1. La incapacidad absoluta y permanente del trabajador, la pena será
de seis (6) años de prisión.
2. La incapacidad absoluta y temporal, la pena será de cinco (5) años
de prisión.
3. La incapacidad parcial y permanente, la pena será de cuatro (4) años
de prisión.
4. La incapacidad parcial y temporal la pena será de dos (02) años de
prisión.
Un acto necesita reunir los requisitos fundamentales para ser delito: Acción
descrita objetivamente en la Ley, es decir, tipicidad; contraria al Derecho, esto es,
que exista antijuricidad; dolosa o culposa, es decir, que mezcle culpabilidad,
sancionada como una pena, o sea que tenga fijada una penalidad; y que se den las
condiciones objetivas de punibilidad y por ello, en este punto.
Según Mezger (citado por Frías Caballero, 1996), el famoso penalista que
reemplaza en la Universidad de Munich a Beling (citado por Frías Caballero,
1996), reduce la definición al señalar en el delito a estos elementos: "Acción
típicamente antijurídica y culpable". Para nada alude a las condiciones objetivas
de la penalidad que es para él una consecuencia del delito y no una característica.
Según Jiménez de Asúa (1958) se puede definir el delito como:
El acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a
condiciones objetivas de penalidad imputable a un hombre y

sometido a una sanción penal y cuyos elementos son: Actividad,
adecuación típica, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad,
penalidad y en ciertos casos condición de punibilidad. (p. 201)
DELITO LABORAL
Concepto de Delito Laboral
Es el acto típicamente antijurídico imputable al empleador que intencionalmente
haya ocasionado la muerte o la lesión del trabajador, por el incumplimiento
voluntario de las normas de seguridad e higiene, sancionado con una pena.
El concepto de delito laboral desarrollado, se desprende de un proceso deductivo
de depuración hecha a la norma antes transcrita.
En primer lugar, se tomó el término "a sabiendas", usado por el legislador el cual
deduce un acto de voluntad, suficiente razón para analizar la voluntad en el delito
laboral.
Siendo necesario comenzar la voluntad, diciendo que efectos penales del acto
dependen, ante todo, de la existencia de una voluntad y, en segundo lugar, que
esta sea normal; sin embargo, la influencia de la dirección de la voluntad, que es
lo que se llamará la intención, es aún más relevante para el delito laboral.
La experiencia común enseña que, a semejanza de todos los demás elementos del
delito, el acto es o no penado por la Ley según sea que su voluntad se
desenvuelva normalmente, o bien su proceso presente anomalías o se dirija en
uno u otro sentido.
Según la variación de esa voluntad, el Código Penal venezolano, en su artículo 61
declara solemnemente que "Nadie puede ser castigado como reo de delito no
habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto
cuando la Ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión".
Asimismo, el segundo aparte del artículo in comento, excluye la punibilidad del
acto cuando la presencia de voluntad se ha desvirtuado, bien sea por caso
fortuito, fuerza mayor o haber sido constreñido, como ejemplo: distingue el dolo
de la culpa, subordina la punibilidad a la existencia del dolo salvo los casos de
los delitos culposos o preterintencionales expresamente en la Ley.

En el Código Penal venezolano, en los artículos siguientes, se excluye de
punibilidad a los actos justificados (causas de justificación), las causas de
inculpabilidad y se prevé el error como elemento de la voluntad.
El reflejo de la influencia del elemento psicológico sobre las consecuencias
penales del acto es evidente; en efecto, para que el acto sea o no, delito, depende
de la intención; no obstante, existen daños cuya punibilidad depende de la
coincidencia entre la intensión y la forma, hay otros que son castigados aún
faltando tal coincidencia; por lo demás, tampoco en otros casos es indiferentes la
intención, sino que es relevante por su diligencia con el elemento formal.
La divergencia entre la forma y la intención se encuentra en aquellos que
presentan una divergencia cualitativa o cuantitativa, basadas sobre la identidad o
sobre la diversidad de especie entre el evento querido y el acaecido; cuando se
encuentra la identidad de especie y la intención no coincida con el evento, la
diferencia es cualitativa. Se ha de citar el tradicional ejemplo del cazador que
queriendo matar un animal, mata a un hombre, se tiene así un evento de especie
diversa al que se quería realizar; si viceversa, queriendo matar a un hombre, no se
logra más que herirlo, la diferencia entre el evento y la intención no es tanto de
calidad como de cualidad.
2.1.1 Divergencia Cualitativa
A la hipótesis de la divergencia cualitativa entre la forma y la intención
corresponde el delito culposo. El artículo 61 del Código Penal, tras de haber
establecido la regla sobre la necesidad del dolo, deja a salvo la hipótesis de la
culpa: "excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u
omisión".
En el delito culposo el agente prevé el evento, no lo quiere pero ése se verifica a
causa de su negligencia, imprudencia o impericia, o bien por inobservancia de
leyes, reglamentos, órdenes o disciplinas.
Este delito culposo no es más que el lado negativo de la noción de culpa,
debiendo tener en cuenta que no todo daño no querido es un delito culposo, sino
aquél que la Ley verifica por "negligencia, imprudencia, impericia, o bien por
inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o disciplinas", pues si el agente ha
desarrollado su acción conforme a las reglas del derecho y de la experiencia y el
daño se produce; ese acto no es culposo sino fortuito.
Divergencia Cuantitativa

Para la otra hipótesis de divergencia entre la forma y la intensión llamada
cuantitativa, el evento se desarrolla en la órbita de la intención, pero no coincide
exactamente con ésta, en el sentido menos o más de lo que el agente ha tenido
intención de hacer que acaezca. De tal hipótesis vale considerar su eficiencia
constitutiva, porque se dan acciones las cuales no serían punibles por su forma,
pero que llegan a serlo por haber estado guiadas por una intención más grave,
donde la influencia de la intención no se ejercita en cuanto a ser conforme
contraria al evento, sino al contrario, en cuanto sobrepasa el evento mismo, cae
aquí los llamados delitos de peligro, donde la Ley, no obstante la divergencia
entre el evento y la intención, considera el delito consumado.
LA VOLUNTAD EN EL DELITO LABORAL
La voluntad como elemento psicológico del delito. De estas reflexiones se
deduce que la voluntad en el delito es un elemento constante donde el punto de
vista cualitativo (problema de querer) pero variable desde lo que pudiera llamarse
el punto cuantitativo (problema de lo querido); desde ese segundo punto de vista,
la voluntad oscila ente un máximo y un mínimo, esto es, entre el querer contrario
y el disconforme con la Ley, que viene a ser el elemento psicológico necesario
para la punibilidad del acto, esto es, para la existencia del delito.
Estas diferencias permiten definir el elemento psicológico del delito en sus dos
especies: dolo y culpa; dolo es la voluntad dirigida a un fin contrario al evento
mandado o dirigida al evento mandado o dirigida al evento prohibido; culpa la
voluntad dirigida a un evento diverso, tanto del mandado como del prohibido.
Como se ha señalado, los delitos culposos deben estar expresamente previstos en
la Ley y verificados por los supuestos de negligencia, imprudencia, impericia o
inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o disciplinas. De tal manera que no
se puede hablar de delitos culposos en los casos que no estén expresamente
establecidos por la Ley, como lo establece el artículo 61 del Código Penal.
El artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo, no contempla la forma culposa, por cuanto el supuesto establecido en
la norma expresa en principio una conducta dolosa, al referirse la norma a la
intensión del empleador cuando expresa el término: "a sabiendas" de que sus
trabajadores corren peligro, de tal manera que al no estar previsto que esa
intervención del empleador sea por negligencia, imprudencia o impericia, no se
pude hablar de un delito culposo.
Tampoco se puede decir que el delito laboral sea un delitos de comisión por
omisión, como lo ha sostenido el Profesor Duque Corredor, por cuanto no existe

para el empleador la posición de garante frente al trabajador, por cuanto el
empleador no está en la obligación de asumir el riesgo (accidente) para salvar al
trabajador, hecho que caracterizaría el delito o el de comisión, por omisión donde
opera el principio del garante, que tiene la obligación de evitar el daño en virtud
de la función que ejerce, que a manera de ejemplo se cita del caso típico del
bombero que por miedo no salva a la persona, estando obligado a ello.
Así pues, en los delitos culposos hay un no hacer; en el delito laboral existe un
hacer; esa voluntad positiva del empleador está determinada en la norma, al
señalar: "Cuando el empleador a sabiendas de que sus trabajadores corren
peligro...", pudiendo concluir que el término "a sabiendas" presume voluntad y
esa voluntad positiva lo caracteriza como delito doloso.
DOLO EN EL DELITO LABORAL
Doctrinariamente son muchas las especies y categorías de dolo que han solido
manejarse. Solamente interesa aquí, aquellas especies que tienen que ver con el
elemento volitivo o emocional del dolo, esto es respecto a la toma de posición
que asume la voluntad del agente frente al contenido representativo de una acción
u omisión.
Haciendo una gradación del hecho querido intencionalmente al hecho necesario y
al simplemente posible o probable como consecuencia del primero. Esta
gradación comprende el dolo directo, el de consecuencias necesarias y el
eventual, prescindiendo de la clasificación antigua del "dolo directo" y un "dolo
específico", en virtud de su inexactitud e impresión.
El dolo directo es aquel en el cual la voluntad es intención directa-mente dirigida
a la acción o al resultado. El agente quiere matar y mata, obviamente se trata del
fin inmediato que intencionalmente se propone el autor, no de la finalidad última
que se propuso (objetividad ideológica).
En segundo lugar, es también dolo directo el llamado dolo necesario, en el cual el
resultado representado se encuentra necesariamente vinculado con lo
directamente querido. El terrorista que pretende hacer explotar un carro donde va
el magnate que quiere asesinar y necesariamente tiene que matar al chofer del
automóvil. El agente se representa estos resultados no queridos como necesarios.
En tercer lugar el dolo eventual sólo existe con relación a un resultado o una
consecuencia que ha sido representado o prevista por el agente de una manera
posible y aún probable, aquí no quiere el agente realizar intencionalmente la

conducta constitutiva de delito tampoco el resultado está por el previsto como
seguro o necesario, sino simplemente como posible y quizás probable.
Se llegan de este modo al límite menor del dolo en la frontera con cierta forma de
culpa, siendo necesario abordar las teorías que la doctrina ha establecido para
diferenciarlo, como es la teoría objetiva de la probabilidad, las subjetivas del
sentimiento y del asentamiento (consentimiento).
Existe una semejanza entre el dolo y la culpa, respecto al elemento psicológico,
basada en la representación del resultado como posible. La teoría de la
probabilidad parte del examen objetivo de los hechos para extraer de ellos la
afirmación del dolo y la negación de la culpa (Frías Caballero, 1996). La teoría
de la objetividad fue expuesta por Saer, quien entiende el dolo en estos casos a
costa de la culpa, frente a situaciones que parecen merecer la calificación más
grave; se agrega a esta categoría la situación de la no-verificación expresa de los
supuestos de la negligencia, imprudencia, impericia, violación de la Ley o
Reglamento. En esta teoría basta la probabilidad del hecho punible por la Ley
para verificar el dolo, se considera aquí los delitos de peligro y los de resultado.
Teorías intermedias son las del sentimiento que señala que la existencia del dolo
eventual se verifica por el sentimiento del agente frente a la norma; habrá dolo
eventual y no culpa con previsión si el agente manifestó fría indiferencia frente a
la representación del resultado o si obró con palmaria actitud de menosprecio a la
norma (Frías Caballero, 1996).
La teoría que goza de mayor respaldo es la del asentimiento o consentimiento.
Habrá dolo cuando se pruebe que en última instancia, el agente acogió o aceptó la
producción del resultado que representó como posible. En esta teoría se
distinguen dos fórmulas hipotéticas para su explicación: Una positiva según la
cual, si el agente se dijo sea lo que sea, pase lo que pase yo actúo en todo caso, su
culpabilidad es dolosa; la segunda fórmula es la negativa, el sujeto no habría
actuado si se hubiese representado el resultado posible como seguro. Puede
considerarse aquí la posición del empleador en el delito laboral.
La posición mixta se debe a Mezger, quien realiza una combinación de
probabilidad y consentimiento. Si el autor pensó el hecho posible como algo que
depende de su voluntad o de su idoneidad, se requiere el consentimiento efectivo
y positivo. Si el resultado se piensa por el agente como independiente de su
voluntad, podrá afirmarse el dolo cuando lo considere probable.
Las posiciones en contra no esperan para opinar o hacer su crítica, sólo el
pensamiento de la probabilidad por el temor de un enjuiciamiento objetivo

cuando la acción tiende a resultados más graves, razón por la cual Díaz Palos,
propone suplantar el principio de culpabilidad por el de causalidad.
La doctrina acoge estos puntos de vista y los Códigos o Proyectos recientes, por
ejemplo el Código Penal Tipo para Latinoamérica, también al definir el dolo
acoge e influyen el criterio del asentamiento o consentimiento.
¿El delito laboral es un delito intencional
Este interrogante que se presenta, corresponde a la necesidad de responder
afirmativamente, que el delito laboral es un delito intencional, ante las restantes
posiciones doctrinarias, donde se destaca la clasificación; Duque Corredor
(1986), considera el delito laboral un delito culposo, basado en una culpa
temeraria o consciente (artículo 33, primer aparte, numerales 1 al 4).
Distinguiendo este autor que existe además un homicidio intencional agravado
establecido en el artículo 6, parágrafo 2 de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Es necesario, a los fines de depurar el concepto de delito laboral recoger de
manera resumida la valiosa posición de este autor, aunque no se comparte.
Concreta dos tipos de delitos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo, un delito de homicidio intencional agravado
previsto en el artículo 6, parágrafo e de la Ley. El autor de este delito incurre no
sólo el patrono sino incluso los gestores de empleo (Tinoco Smith, 1986. p. 120).
Por otra parte, distingue un delito culposo basado en la culpa temeraria, afirma
que
La responsabilidad penal surge por conductas que son más que
imprudentes, casi dolosas, en compensación, por ejemplo con Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo homicidio o con las lesiones por haber obrado con la
imprudencia o con la negligencia a las que contrae el Código Penal.
(p. 121)
Sin ánimos de entrar la polémica doctrinaria, y con el respeto de este autor, se
considera que la norma que contempla el delito laboral es una sola, ya que el
delito laboral en único, establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; se señala que en la
norma no está contemplado el delito culposo por cuanto, como bien se expuso y
diferenció los delitos culposos, éstos deben ser expresos y verificados por los
elementos de culpabilidad, es decir, negligencia, impericia, imprudencia, o

violación de leyes o reglamentos e instrucciones, que como bien se señaló, deben
expresarse en la norma.
No se puede concebir delitos culposos sobre conducta que la Ley expresamente
no castigue como tal, por ejemplo en el caso del aborto, no se puede hablar de
delito culposo por cuanto en el mismo el legislador castiga la intencionalidad más
no la culpa.
Esta razón, aunada al término "a sabiendas" empleado en la norma y la forma tan
implícita de voluntad expuesta en la norma, hace considerar al delito laboral
como un delito doloso, es decir intencional.
Se debe agregar que, en principio la responsabilidad penal en Venezuela es a
título doloso y solamente cuando la Ley establezca responsabilidad a otro título,
es cuando cabe otra responsabilidad, que debe estar expresamente establecida en
la Ley.
Considerado el delito laboral como delito doloso, se debe clasificar dentro del
dolo eventual desde el punto de vista doctrinario, basado en la teoría de
asentamiento o consentimiento, ya expuesta. Pero el Código Penal vigente no
hace distinción del dolo refiriéndose sólo a la intención como característica del
dolo, razón para afirmar que en el Sistema Penal venezolano el delito laboral es
un delito intencional, por cuanto en el término "a sabiendas" está implícito la
representación del resultado que sobrevendrá, por parte del empleador por no
cumplir con las disposiciones ordenadas en la Ley.
Entre los supuestos del delito laboral, existe la muerte o la incapacidad absoluta o
parcial del trabajador; son los dos resultados no deseados por el legislador para
sancionar penalmente la conducta del empleador. Se prevé un resultado negativo,
razón por la cual se estaría hablando de una especie de delito de peligro
calificado por el resultado.
¿Es el delito laboral un delito de peligro calificado por el resultado
El peligro concreto es un elemento de tipo, en la descripción del delito laboral se
exige el peligro, esto quiere decir, que s debe probar el peligro para que se dé el
delito; desde este punto de vista el delito laboral es un delito de peligro concreto,
por cuanto se demuestra bien con la muerte del trabajador o la incapacidad
producida por la lesión o enfermedad sufrida y así una vez materializado lo
considera típicamente antijurídico.

En el delito laboral, además se exige la relevancia del acto para hacer efectiva la
responsabilidad criminal, de allí que el delito pueda ser de homicidio o de
lesiones. Llámese homicidio al supuesto de la muerte del trabajador y lesiones a
las incapacidades, según su grado.
Las penas establecidas para este delito dependiendo de su resultado, están
expresamente fijadas por el legislador; impidiendo al Juez hacer la adecuación
necesaria en caso de agravantes o atenuantes. Sólo en el primer supuesto de
homicidio que se fija la pena entre 7 y 8 años, se permite al Juez, adecuar la pena
entre escasos 12 meses de diferencia.
Se pretende precisar que la voluntad del legislador en esta norma, es admitir la
tentativa y la coautoría. La ley establece en su artículo 6, parágrafo 2, una
agravante específica que es el fin de lucro, la tentativa y la coautoría, más no otro
delito laboral, como lo de diferenciar el citado autor Duque Corredor.
LA TENTATIVA DEL DELITO LABORAL
El artículo 80 del Código Penal establece en su encabezamiento lo siguiente:
"Son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa del delito y
el delito frustrado".
Seguidamente el mismo artículo, en el primer aparte, define la tentativa en los
términos siguientes: "Hay tentativa cuando un delito ha comenzado alguien su
ejecución, por medios apropiados y no realizando todo lo necesario para la
consumación del mismo, por causas independientes de su voluntad".
Elementos de la Tentativa
1. Es menester que el agente tenga la intención de perpetrar un delito.
2. Es menester que el agente con el objeto, con la finalidad o el propósito de
perpetrar un delito, comience la realización del mismo por medios
idóneos, por medios apropiados, es decir, valiéndose de medios eficaces
para la perpetración de tal delito.
3. Es menester que el agente no haya hecho todo lo que es indispensable para
la consumación, para la perpetración del delito por causas o circunstancias
independientes de su voluntad.

Se debe señalar que la norma antes citada admite la tentativa al no esperar el
resultado del accidente o enfermedad laboral para castigarlo.
EL DELITO LABORAL EN LA LEY ORGANICA DE PREVENCION,
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.
El artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo, en su primer aparte, establece:
Esta tipificación legal, que se ha llamado delito laboral, contempla dos supuestos
o consecuencias jurídicas, punibles nacidos de la conducta dolosa del empleador.
Una consecuencia que es el hecho de la muerte del trabajador y la otra
incapacidad del trabajador, situaciones que de manera errónea hace pensar
inmediatamente en un delito de homicidio y un delito de lesiones, siendo más
bien delito que puede tener dos resultados: el hecho de la muerte y el hecho de la
incapacidad sea cual fuere su grado.
La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo es
una Ley Penal en blanco. En efecto, en haber tipificado en el artículo 33 y haber
dejado abierto el supuesto de hecho, debiendo ser complementado con otras
normas establecidas en la misma Ley. El delito se subsume en las normas de
prevención con el objeto de verificarse, de complementarse y de constatar el
incumplimiento de éstas.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN
VENEZUELA
En Venezuela se debaten dos posiciones claramente definidas con relación a la
responsabilidad penal corporal:
Corriente Dogmática-Negativa
Así se tiene que dentro de la posición que niega la responsabilidad penal
corporativa se encuentran los siguientes doctrinarios:
El profesor Chiossone (1972), sostiene

La voluntad de realizar el acto prohibido es el elemento esencial de
la Responsabilidad Penal, y como el hombre es el único ser que
posee las potencia volitiva e intencional ilimitada por la razón;
debemos deducir que él sólo pudo ser sujeto activo del delito. (p.
75)
El profesor Mendoza Troconis (1989), refiere:
Las personas jurídicas no pueden ser autoras de actos delictivos,
porque no pueden representarse el acto y carecen de voluntad,
siendo inútil también la consecuencia de la responsabilidad, esto es,
la pena. Sin embargo, a esta fecha sé tata de acriminarlas también
estimándose que no son seres ficticios como las concibió el viejo
representante de la escuela histórica, Savigny, sino seres reales
como los conciben Gierke, Mestre y Hafter. Los penalistas
modernos sostienen que la responsabilidad penal de las sociedades
se presenta no sólo como posible sino asimismo como conveniente.
(p. 341)
Arteaga Sánchez (1989), dice que el sujeto activo del delito, por las exigencias
del Derecho Penal que toma en cuenta y valora solamente la conducta de seres
humanos capaces de actuar como tales, esto es, voluntariamente, con conciencia
y voluntad libre y por tanto capaz de culpa y por ende también de sujetarse y de
sufrir la consecuencia de la pena, ha de ser necesariamente un ser humano que
actúe como persona física. Esto, que no paree ofrece mayores problemas ni dudas
en cuanto a la exclusión como sujetos activos del delito, de los animales y a las
cosas inanimadas, suscrita la discusión doctrinaria sobre la posibilidad de admitir
o no la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por tanto la posible
condición de éstas como sujetos activos de delito.
A juicio de la autora, tomando partido por la tesis doctrinaria tradicional que
sigue el aforismo romano: Societas delinquere non potest, a pesar de los
interesantes argumentos por la tesis afirmativa, que contaría con el presunto
apoyo de disposiciones vigentes en un punto abierto a la discusión, se inclina por
la posición que niega a la persona jurídica la condición de sujeto activo del delito
por ser ficción legal. La persona jurídica no puede cometer delitos. Y ello es así
por cuanto el Derecho Penal supone la acción finalista de un ser humano
presidida por una voluntad entendida en sentido individual psicológico y no
normativo.
El Derecho Penal valora las acciones de seres humanos que se revelan contra las
exigencias normativas, supone la actuación de seres inteligentes y libres que

pueden actuar con dolo o con culpa y que tienen capacidad para sentir el reproche
moral por su conducta que implica un castigo o pena, retribución por el mal
causado voluntariamente y que tiende a corregir al culpable.
De esta manera pues, en conclusión la persona jurídica no es sujeto activo del
delito, ni responde penalmente, ni se puede por tanto aplicar una pena, entendida
ésta en sentido estricto. A las personas jurídicas sólo corresponden sanciones
civiles o administrativas, cualquier otra que se pretenda quedaría impune y no
podrá repercutir sobre su patrimonio económico que es el único sentir de ésta.
Ahora bien, lo expresado no significa, como lo precisa asimismo Nuñez (1959),
que no pueden repercutir sobre las personas jurídicas, consecuencias de los
delitos de sus órganos. Esto es, se puede afirmar que nada se opone a que con
ocasión o con motivo de un delito cometido por personas físicas, se puedan
aplicar a las personas jurídicas ciertas medidas que se pueden denominar penas,
en sentido estricto, cuya naturaleza es también penal, como lo que se impone
fundamentalmente en el campo de la delincuencia económica y fiscal donde se
suelen indicar para las personas jurídicas medida de multas u otras que son de
naturaleza administrativa. Si en tal sentido se habla de "una responsabilidad penal
de las personas jurídicas", podría aceptarse la expresión, siempre y cuando se
precise que no se trata de una responsabilidad penal en sentido estricto, entendida
en los mismos términos de la responsabilidad penal de las personas físicas. Se
trataría de una responsabilidad penal sui géneris.
Corriente Dogmática-Positivista
En contra de la tesis tradicional, sustentada en Venezuela por Mendoza,
Chiossone y Arteaga, insurge la posición de Gabaldón (1978) y Bello Rengifo
(1988), donde el primero consagra la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, y el segundo plantea que ante la evolución social, es necesario
redimensionar el concepto de la culpabilidad a los efectos de extenderla a la
realidad grupal.
Gabaldón (1978), en su libro "La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
en Venezuela", hace una excelente exposición sobre el tema. En su ensayo
monográfico, después de hacer un recuento histórico, sobre la responsabilidad
colectiva o moral, entra a discernir sobre el posible deslinde existente entre la
ilicitud administrativa y la penal, antes de abordar el tema esencial de su trabajo.
Ese acierto metodológico le permite escoger el criterio de la trascendencia de la

infracción penal, sostenido entre otros pro Manzini, Welsel y De Matteis,
afirmando de ellos
Es evidente que para estos autores hay una distinción necesaria de
intereses, dentro del ámbito jurídico: unos que pertenecían
exclusivamente a la función administrativa vinculada directamente
al Poder Ejecutivo del Estado y otros fereridos a los generales
intereses de la colectividad. (p. 34)
Según todos estos autores el ilícito administrativo se enmarca dentro de la
protección limitada de los intereses propios de la función administrativa del
Estado, mientras que en ilícito penal los intereses protegidos trascienden al bien
común colectivo, es decir, a toda la sociedad, al aumentar la responsabilidad
ético-social del hecho sancionado.
Esta distinción le permite al profesor Gabaldón afirmar, que en Venezuela son
muchas las leyes especiales que consagra la Responsabilidad Penal de las
personas jurídicas, al no tener cabida dentro de su ámbito de reglamentación.
Este autor en su trabajo, asienta lo siguiente: Admitiendo como criterio válido de
distinción entre el ilícito administrativo y el delito, la trascendencia del hecho que
configura este último, más allá de la infracción prevista de modo que
compromete un interés de la colectividad entera y no ya de la simple
administración. Es tarea del intérprete describir los hechos que sustancialmente
son delitos y los que son ilícitos administrativos. Asimismo, ese autor no acoge
como criterio diferenciador de que sólo el Código Penal y las leyes especiales
propiamente dichas rebasan los límites de aquellos. Igualmente niega este autor
que como criterio diferenciador de ambos ilícitos, se utilice la jurisdiccionalidad
del procedimiento, toda vez que ésta es más bien consecuencia del carácter penal
del ilícito dentro de la concepción jurídico-política liberal, y no causa para
establecer el carácter delictual o administrativo de la infracción sancionada.
También rechaza como criterio válido, la naturaleza no privativa de la libertad de
la sanción, opinando al respecto ciertamente que las penas detentivas son,
forzosamente de aplicación exclusiva al ser humano, pero la Legislación Penal
aún clásica contempla penas de otro tipo, y las modernas tendencias políticocriminales
propugnan una mayor utilización de estas últimas, particularmente la
multa para castigar infracciones de orden penal cuando se presume su mayor
efectividad preventiva y atributiva en relación con el agente.
Finalmente Gabaldón, sobre el tema examinado llega a las siguientes
conclusiones:

1. El Derecho venezolano ha establecido la responsabilidad penal
corporativa, al señalar penas pecuniarias y de clausura propias para los
cuerpos morales y de aplicación conforme al procedimiento criminal.
2. Aunque muchas de las sanciones de las leyes especiales tienen previsto un
sistema de aplicación administrativo, siendo sus supuestos de aplicabilidad
infracciones criminales, es necesario jurisdiccionalizar el conocimiento de
las mismas, para adecuar el procedimiento a su verdadera naturaleza.
3. Un procedimiento jurisdiccional responde a dos exigencias importantes:
una de justicia, al garantizar efectivamente la defensa frente a la
imputación y, que encuentra basamento fundamental en el artículo 68 de la
Constitución de la República; la otra, en cuento la pena aplicable adquiere
mayor relieve y reafirma su carácter intimidativo, frente a delitos de daño
y peligro que, por el desarrollo de la vida moderna, son de fácil y frecuente
comisión pro la persona jurídica.
4. La imputación del hecho a la persona jurídica se hace a título de riesgo y
no de culpa propia. Es obvio que el autor material de un acto cualquiera
siempre es una persona física, pero en los casos en que la pena se aplica a
la persona jurídica, ésta es la directa beneficiaria de dicho acto,
fundamentalmente desde el punto de vista económico. Al respecto se ha
argumentado que la penalidad no distingue entre asociados culpables e
inocentes castigando a todos pos igual. Pero también es cierto que la
conducta es manifestada por él a los individuos que tienen poder de
comprometer la gestión de la asociación, y que estas personas han sido
seleccionadas mediante procesos internos de participación.
Siempre es posible, además proceder civilmente por daños y perjuicios
contra el responsable directo de la sanción aplicada, por lo que la pérdida
social no es irremediable. Es necesario para que la responsabilidad
colectiva esté comprometida, que el acto ejecutado se produzca dentro del
marco de competencia quien lo lleva a cabo, según las disposiciones
legales estatutarias, atributivas de función. Asimismo, que esté destinado a
beneficiar a la corporación, pues de otro modo cabría hablar de
responsabilidad personal agravada por la utilización de un medio que
asegura impunidad o mayor provecho para el autor.
5. La responsbilidad concurrente del ejecutor material debe ser descontada
por vulnerar el principio de la unidad de infracción y de pena. El legislador
puede optar por sancionar el cuerpo moral o el autor físico, según lo que
estime más conveniente; pero castigarlos conjuntamente por el mismo
hecho equivale a imponer una doble penalidad, pues el acto es
inescindible. La legislación especial venezolana contempla el principio de
la doble penalidad, bien mediante la fórmula "... Sin perjuicio de la

esponsabilidad que corresponde a los autores del hecho" (Gabaldón 1978,
p. 124). Podrá apicarse una pena a los autores, siempre que para ellos el
delito cambie de titulo, pero si sigue siendo único, es un absurdo
mantenerla. De no confundirse con otra situación es la que estatuye una
pena compuesta por el mismo hecho (ejemplo: multa y prisión), y en el
caso de imputación a la persona jurídica, la pecuniaria se aplica a la
entidad y la detentiva al ejecutor. Así lo prevé el proyecto de Ley
Antimonopolio en el artículo 24 cuando afirma:
Es conveniente ampliar y sistematizar las sanciones penales del
cuerpo moral. Nuestro derecho no contempla la disolución
societaria, pues la hipótesis más próxima (clausura definitiva) es
algo equivoca, y no implica necesariamente la desaparición del ente
colectivo que, especialmente si tiene una organización flexible y
pluralidad de metas, puede dedicarse a otros ramos en su actividad...
Respecto a la medida de seguridad que algunos autores han propectado, no paree
que las condiciones de peligrosidad social que dieron origen a la discusión de
esta materia respecto a los individuos tengan igual relevancia en materia de
actuación corporativa. Siempre la persona jurídica obra a través de sujetos
individuales y transitorios, por lo que es muy discutible que se pueda hablar de
peligrosidad propia. Es conveniente, en todo caso, sistematizar con carácter
programático en un texto único el principio de imputación y las penas impunibles
al ente colectivo. El instrumento legal más adecuado parece ser el Código Penal.
Bello Rengifo (1988), señala que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo es ejemplo de los autores que admiten la
responsabilidad penal corporativa, sus conclusiones al respecto son:
Estos principios parten del derecho positivo, pero no se agotan en
él. Hay no sólo los principios expresos o de derecho positivo, sino
también los de orden valorativo y de naturaleza social en que la
norma positiva se desarrolla y expresa, o contradice, según el caso.
Las realidades histórico-culturales lato sensu, imponen su impronta
al Derecho... Las realidades sociales interpretadas conforme a los
valores vigentes y por realizar son en cuanto tiendan a la regulación
coactiva de la comunidad "realidades jurídicas". (p. 127).
Luego importa tomar en cuenta necesidades y cualidades de la realidad social
para poder afirmar si hay o no-responsabilidad como la posibilidad cierta de
imponer sanciones restrictivas o anulatorias de derecho y bienes.

El derecho en consecuencia no ha de ser esclavo de un determinado léxico, ni
mucho menos de un determinado sentido semántico de tendencia antropológica.
Explicar su realidad y sus necesidades, son un instrumental tendencialmene
antropológico, tales como voluntad, persona, derecho subjetivo realidad, facultad,
es subvertir el orden expositivo debido y convertir en dogma lo que debe ser
ciencia.
Puede ocurrir que la restricción o anulación de derechos corporativos sea una
necesidad y una conveniencia social, y si ella no repugna a los principios y
valores que el derecho estima cohesionadores del conglomerado que le toca
regular, entonces la responsabilidad corporativa es una realidad jurídica de
entidad científica no discutible.
Este autor, citando a Meza Morales, refiere ocurre que la persona física no es
sinónima de hombre y persona jurídica de organización. En el fondo tanto la una
como la otra es técnica mediante las cuales se atribuye trascendencia en el mundo
jurídico a los actos ejecutados por un individuo o una colectividad. El concepto
de persona, es elaboración del derecho, que no por ello coincide con el concepto
de hombre que es un concepto utilizado por las ciencias causales. De allí que
haya existido y puedan existir jurídicamente personas que no coinciden con
hombres concretos.
En Roma se conocieron hombres que no fueron substrato material de personas, al
igual que hoy se conocen personas cuyo substrato material es una pluraridad de
hombres. De ahí que las personas puedan ser individuales o colectivas, según que
el substrato material que las actúan tengan igual característica. El término
persona es una técnica jurídica, luego su naturaleza es normativa o intelectual, no
empírico sensible. Empero al desviar el sentido de la expresión a una concepción
antropológica se torna incomprensible la realidad jurídica de la responsabilidad
penal corporativa, esto es, que existan normas que privan o restrinjan sus
derechos (a las corporaciones en cuanto tales) por la comisión de ilícitos penales,
aun cuando ella corresponda a una conciencia social uniforme y no contradiga los
postulados y objetivos del derecho en cuyo seno se desarrolla el fenómeno.
Persona en Derecho y deberes, y la posibilidad de su ejercicio. Esta atribución
recae siempre como último sostén en el individuo humano, que puede emerger
específicamente señalado por la norma o genéricamente, cuando ella, la norma,
se refiere a la voluntad resultante de una comunidad sin que renuncie al último
espiritualista de su ordenación. Dependerá de los valores finales perseguidos y de
las necesidades sociales condicionales, su opción por una u otra expresión de su
objeto.

La sanción a imponer por el incumplimiento del mandato correspondiente debe
guardar relación con la naturaleza o especie de la orden o prohibición.
Claro que surge la inquietud en torno al núcleo culpabilístico del Derecho Penal
Liberal occidental, con el cual la autora siente identificación por principios y
convicción, que se nutre de una concepción individualista de la culpabilidad,
esencialmente espiritualista, y así es recogida por las normas jurídicas positivas.
La valoración del fenómeno puede ser dentro de linderos estrictamente psíquicos
individuales, como ya dijimos, caso en el cual estaremos frente a supuestos de
culpabilidad individual pero nada obsta para que el Derecho Penal también valore
los acaecimientos sociales que derivan de una voluntad grupal, y por ello
dependientes de acción humana, y los considere delictivos.
No se ha perdido el substrato psicoindividual, lo que se altera o modifica es el
ámbito de valoración. Ya no se valora en el limitado e íntimo cuadro de un
espíritu, sino en el ámbito ampliado de una expresión grupal. En el primer caso,
el fenómeno es estrictamente espiritual, en el segundo es social, dentro de un
marco de referencia inmediatamente formal, la coportación.
Luego la norma jurídica penal tiene como contenido sustancia en todo caso, la
conducta interrelacionada de los miembros del orden social. Esta conducta puede
ser ponderada en su propia raíz, el individuo y su proceso psíquico, es el delito en
su sentido individual. Pero también puede hacer suyo la redimensión de su
contenido, y es el delito corporativo. Ahora, ¿se ha renunciado entonces al
fundamento culpabilístico y liberal del Derecho Penal Se considera que no, pues
el fundamento sigue exactamente igual, sólo que la proyección de la sanción que
dirige a objetivos distintos, según las necesidades, y conveniencias de la sociedad
en un lugar y en momento dado, y en atención a la norma infringida.
El carácter axiológico del Derecho Penal como lo ha dicho la escuela kelseniana,
deriva de la concepción de la sanción pues, esta brinda significación a la
finalidad, la sanción como pena, restricción o anulación de bienes jurídicos, en la
medida en que corresponda al mantenimiento del orden social y al desarrollo de
los principios evolutivos del conglomerado, se aplicará, según la naturaleza del
contenido de la norma, según la referencia del tipo de conducta regulada.
La culpabilidad jurídico-penal, es, ciertamente un juicio de reproche que se
formula en relación con una cierta conducta que se revele el ordenamiento
jurídico, en la medida que fuese posible, como comportamiento distinto; esta es
la culpabilidad en relación con una norma de contenido psicoindividual; pero es
también suya la responsabilidad resultante de la amplificación de la conducta en

un marco de referencia formal (la persona jurídica) que no ha cumplido su
mandamiento.
Que la responsabilidad de su persona jurídica no forma parte de la culpabilidad
que bajo aquél término se pueda, comprenderla, como su mera especie, es una
discusión semántica que nada aporta al Derecho y que dejará las cosas como al
principio.
La realidad social y los principios axiológicos de la Ciencia Jurídica no pueden
permanecer de espaldas a la imposición de medidas sancionatorias, llámense o no
penas, a las corporaciones en cuanto a los individuos a través de ellas incurren en
hechos cuya naturaleza, contradice los principios ordenadores del grupo social, y
el Derecho puede considerarlos delictivos. Si éstos son o no delitos, como
nomen, no es el problema para esta investigación. Se considera que sí, pero frente
a quien mantenga una irreductible polémica semántica, se opondrá la feliz
coincidencia de la necesidad y la justicia de tales medidas y prevenciones, con
independencia del rito bautismal. La evolución del Derecho Penal de la
concepción del delito y de la pena, tiene que traer por resultado la interpretación
de los términos empleados de acuerdo a las necesidades sociales de los tiempos,
sin que renuncie al último sentido y substrato de la realidad individual y
espiritual como garantías insustituibles frente a todo objetivismo totalitario.
En este sentido, aclara Bello Rengifo (1988), que como se puede desprender con
facilidad, las necesidades sociales han dado que su instrumento de regulación y
ordenación el Derecho adopte una y otra posición. Una sincera visión realista y
científica del problema debe observar que es una realidad jurídica la imposición
de medidas a las personas jurídicas.
La denominación debe responder a los fines axiológicos propuestos y de esta
manera, dentro de este enfoque la teología del Derecho Penal viene significada
por los fines de la pena, antes que por la decisión formal del delito. La inversión
de los términos permite considerar como justa y posible la imposición de
sanciones-penas a las personas jurídicas, de tal manera que lo que es delito viene
dado por el fin y naturaleza de la pena y no a la inversa, como la doctrina
ortodoxa ha mantenido por siglos.
Dentro del lenguaje ortodoxo tradicional, se parte de la premisa de la definición
de delito haciendo eje de la misma al concepto sujeto activo entendido en sentido
antropológico, dado que es el hombre el único ser viviente capaz de obrar con
voluntad y razón, es decir con imputabilidad sobre la cual se apoya la
culpabilidad o reproche que él pueda formular. Pero esta concepción del sujeto
activo es racional e intelectual, sin fundamento en ninguna demostración

histórica que pruebe que en el proceso y evolución de la humanidad siempre ha
sido y tenga que ser así. Históricamente no hay prueba que acredita que desde sus
inicios la humanidad consideró como sujetos activos sólo a los seres humanos
individualmente considerados y antes bien, según Sohn, citado por Martínez
(1995), cada vez hay mayores luces que permiten hacer ver que el derecho
quiritario estatuía en derecho colectivo de la gens, como procedente al individual
consagrado en ius civile, y esto no es sino la demostración que las necesidades y
las formas jurídicas cambien y se transformen y la Ciencia de Derecho, no debe
encasillarse en las fórmulas sobrepasadas por las realidades socio-normativas de
su contexto.
Tampoco es argumento válido que las personas jurídicas sea una pura abstracción
legal o ideal, pues el fenómeno significado por el concepto no es una idealidad,
es una sección, de la realidad total, y por ende perceptible y humanamente
existente. El hombre como tal, es una realidad sensorialmente perceptible sin
intermediación, las consecuencias de su agrupación, los hechos que sobrevienen
de su actuación idealmente formalizada a través de la asociación son
perceptibles, la diferencia consiste en que en el primer caso, el hecho y su
consecuencia son fenómenos empíricos, en tanto que en el segundo, la
consecunecia, el hecho ilícito parece de una causa empírica, inmediata, por lo que
el derecho ha recurrido a su configuración "ideal". El Derecho Penal tiene que
alcanzar un sentido de la personalidad que se relacione con la regulación de los
desórdenes sociales de cuya magnitud e importancia deriva la imposición de la
respectiva para cuya finalidad es la corrección de ese desorden en un marco
estimativo y teleológico. He allí, la naturaleza de la sanción y el delito. Es así
como continúa diciendo:
En nuestra personal comprensión del asunto, estimamos que los
delitos cometidos por personas jurídicas son delitos y que las
sanciones que a ellos se les impone deben merecer el nombre de
pena... En cuanto a la culpabilidad, ha de entenderse como el
ingrediente genuinamente espiritual del delito, pero no tiene por qué
ser individual, si hay necesidad y justicia a que sea diferente. Al fin
y al cabo, ninguna entidad espiritual, debe renunciar a la
humanidad, a lo que es humano, no es únicamente el individuo en sí
mismo sino también en todas las constelaciones que es capaz de
formar para su realización socio-espiritual.
Esta necesidad social obliga a una doble dimensión de la culpabilidad, los cuales
son:

a. El estrictamente individual que será siempre que sé transgreda la norma
cuyo contenido es libertad individual regulada en interacción.
b. Su rendimiento social, su amplificación expuesta en la conducta grupal.
Luego se pregunta Bello "¿Significa una consagración de culpabilidad sin culpa,
porque no habría posibilidad de demostrar la ausencia de dolo y culpa y en
consecuencia la consagración de la inversión de los onus probandi, en detrimento
de la presunción de inocencia"
Si se habla de inversión de los onus probandi es porque se sigue manejando el
equipo lexicológico con su carga semántica antropológica, individualista, y aún
en este campo puede decirse que el deber jurídico que viola el infractor particular
se refiere a hechos, de allí que pueda ante ellos haber dolo o culpa, fenómenos de
sentido individual; ahora es deber jurídico que pesa sobre el miembro de una
corporación con miras a la colectividad per se, por lo que se le exige que no
condicione circunstancias, generalmente de peligro atentatorios contra el grupo
social. Si no existiera un fundamento último da espiritualidad, la consagración
jurídica de ese deber sería un absurdo, una aberración. Pero puede prescindirse de
la determinación última de ese deber, adquiere su verdadera fisonomía cuando las
voluntades se conjugan. Ahora, claro está, dentro del antiguo orden polémico
esto implica una responsabilidad objetiva o por riesgo, inadmisible para el
Derecho Penal.
Por vía de consecuencia, se considera que nada obsta a la imposición de
sanciones individuales para los autores materiales, sin perjuicio de las sanciones
convenientes para la corporación a fin de poner cese a las consecuencias
perjudiciales de su colectividad.
Para concluir, la naturaleza del Derecho Penal, es indudablemente espiritual y
como tal debe garantizar el respeto y mantenimiento de valores fundamentales,
como la libertad del individuo, pero esta espiritualidad no es individual, porque el
espíritu humano tiene en su evolución histórica múltiples expresiones.
Fundamentación Normativa en la Legislación Venezolana
Se hará referencia al Derecho Penal Positivo venezolano donde la consagración
de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en numerosas leyes, es una
realidad incontrovertible, se considera que a mayor democratizada de la Justicia
Penal venezolano se acrecentarán la responsabilidad penal de las personas
jurídicas

La Constitución de la República de Venezuela, a diferencia de la italiana, no
establece en forma expresa que la Responsabilidad Penal sea personal, pero
tampoco la prohibe.
El Código Penal venezolano, tampoco establece en forma directa que la
responsabilidad es personal, de hecho tiene residuos de responsabilidad objetiva.
Sin embargo, de su texto se infiere que la Responsabilidad Penal Corporativa no
tiene cabida en su reglamentación, si se rige por el principio culpabilístico
consagrado en el artículo 61 del Código Penal, así se tiene que en sus artículos 1,
2, 3, 4, entre otros, consagran principios que sólo pueden ser referidos o
destinados a la persona natural.
Dentro de los tipos de pena señalados en el Título II, del Libro Primero del
Código Penal, son factibles por su naturaleza para ser aplicados a las personas
jurídicas, la multa (artículo 30), la caución de no ofender o dañar, la
amonestación o apercibimiento (artículo 32). Algunas de estas penas que en otras
legislaciones (Código de Defensa Social de Cuba) se han señalado a la persona
jurídica, presentan dificultad, dentro del Código Penal venezolano.
En cambio, en las leyes especiales, se ve la consagración de la Responsabilidad
Penal como son los casos de:
Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional:
Ley de Aduanas:
En su artículo 311 (contempla la Responsabilidad Penal por hecho
ajeno); el artículo 314 (refiere la prescripción de la acción penal
para perseguir las contravenciones y las penas); el artículo 306
(enumera las penas por infracciones de leyes fiscales).
Artículo 152, letras f, g y h (distintas hipótesis de defraudación
fiscal en operaciones de importación).
Ley de Impuesto Sobre la Renta:
En su artículo 88 (contravención por reparos en la Declaración de
Impuestos).
Ley de Timbre Fiscal:

Artículo 27 (promisión, falsificación, reutilización de timbres
fiscales).
Ley de Protección al Consumidor:
Artículo 6 (amplía la tipificación del delito de usura); artículos 34,
35, 36 y 37 (establecen sanciones a los infractores); artículo 42
(considera infractores de la Ley a personas jurídicas).
Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo:
Artículo 79 (sanciona a quienes ejecuten operaciones de ahorro y
préstamo sin estar autorizados para ello, o utilicen la denominación
Entidad de Ahorro y Préstamo).
Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito:
Artículo 170 (establece sanciones a los institutos que no mantienen
el encaje legal).
Ley de Ventas de Parcelas:
Artículo 20 (sanciones por omisiones en los anuncios de las
características de la parcela ofertada en venta); artículo 21 (falsas
afirmaciones sobre la urbanización o parcelamiento anunciadas que
induzcan a engaño al público).
Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros:
Artículo 174 (establece sanciones a estas empresas por incumplimiento
de las disposiciones de esta Ley, o resoluciones de la
Superintendencia de Seguros); artículo 175 (sanciones más severas
por reincidencias); artículo 176 (sanciones a Sociedades de
Corretaje) y el artículo 188 (considera infractor penal a la persona
jurídica pero la pena de prisión aplicable se hará a sus
representantes o administradores).
Ley de Mercado de Capitales:
Artículo 144, ordinales 1 y 2 (sanciones a las personas jurídicas que
hagan oferta pública de valores sin autorización de la Compañía
Nacional de Valores, o lo haga a sabiendas de que está suspendida
la inscripción en el Registro Nacional de Valores).

Ley de Propiedad Industrial:
Artículo 102 (sanciona hechos dolosos vinculados con la indebida
utilización de patentes industriales).
Ley sobre el Derecho de Autor:
Artículos 36, 37 y 105 (establece sanciones penales a los que de
alguna manera violen el derecho de autor, aprovechándose
indebidamente de la creación intelectual).
Por lo demás es inequívoca la mención del artículo 106 al referirse a
sentencias condenatorias y absolutorias. Los hechos son imputables
a personas jurídicas, particularmente empresas editoras aunque no
hay mención expresa, aún para el caso del aparte único del artículo
105 pues la pena de multa son alternativas a la de prisión.
Ley Orgánica del Sufragio:
Destaca que puede cometer por parte de la persona jurídica, el
hecho señalado en el ordinal 8º, artículo 178, que consiste en la
organización de espectáculos o distribución de bebidas alcohólicas
el día fijado para las elecciones, así como la propaganda electoral de
cualquier forma, dentro de las 48 horas anteriores al día fijado para
las votaciones. Responden de esta última conducta
fundamentalmente los partidos políticos, en cuanto personas
jurídicas que son de conformidad al artículo 21 de la Ley respectiva.
Ley de Partidos Políticos:
El artículo 29 sanciona la disolución de partidos políticos por
infracciones graves relativas a la subvención del orden
constitucional.
Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas:
En sus artículos 18 y 25 establece sanciones de multa y clausura
establecimientos cuyo conocimiento y procedimiento estará a cargo
de la autoridad judicial.
Ley Penal del Ambiente:

Esta Ley parte del presupuesto de que sólo las personas naturales pueden cometer
delitos y sufrir las consecuencias penales, pero con lo contemplado en el artículo
3, cuando el hecho punible descrito en la Ley Penal del Ambiente se comete por
decisión de personas naturales, pondrán a la persona jurídica las sanciones que
establece la Ley, siempre que, además el hecho se haya cometido en el ámbito de
la actividad propia de la sociedad, con recursos sociales y en su interés exclusivo
o preferente.
Como se ha venido diciendo, la más común de las sanciones aplicables a las
personas jurídicas, es la multa; y así la Ley Penal del Ambiente la consagra en su
artículo 6, estableciendo su aplicación por los hechos punibles cometidos, en las
condiciones señaladas en el artículo 3, estableciendo además como sanción
acumulativa, la prohibición por un lapso de tres meses a tres años de la actividad
origen de la contaminación, atendida la gravedad del daño. Si éste fuere
gravísimo, además de la multa, la sanción será la clausura de la fábrica o
establecimiento, o la prohibición definitiva de la actividad origen de la
contaminación a criterio del Juez.
La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,
debió ejercer sus penas al igual como lo hizo el legislador en la Ley Penal del
Ambiente, que ha podido ser más eficiente, de esta manera, evitando la pena de
prisión habría cumplido su cometido de castigar el delito laboral, hoy impune.
Otra novedad de la Ley Penal del Ambiente se señala en el artículo 323, relativo
al emplazamiento de la persona jurídica en el Proceso Penal.
Código Orgánico Tributario
Se define el artículo 72, a las infracciones estableciendo que esta acción u
omisión violatoria de normas tributarias es punible conforme a este Código. El
artículo 81, establece que las personas jurídicas responden por infracciones
tributarias punibles, independientemente de la responsabilidad que pueden tener
sus representantes, directores, gerentes administradores o mandatarios por su
actuación personal en la infracción, de igual manera responderán las sociedades
irregulares o entidades sin personalidad jurídica; y el artículo 82, consagra la
responsabilidad de las personas jurídicas por las infracciones cometidas por sus
repre- sentantes y dependientes actuando éstos en ejercicio de sus funciones.
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
Establece esta Ley, en el Capítulo IX, de las Sanciones, parágrafo cuarto:
"Cuando el empleador sea una persona jurídica será enjuiciada penalmente del

acto criminal tipificado en este artículo, la persona humana que resulte
responsable y que haya actuado como representante legal, administrador,
apoderado, mandante o gerente del empleador.
Como se puede apreciar las personas jurídicas deben ser sancionadas penalmente,
pero a través de las mal llamadas sanciones administrativas, que son realmente
verdaderas sanciones penales. La Ley Orgánica de Prevención Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo, debió crear exclusivamente sanciones
administrativas para las personas jurídicas incursas en el delito laboral, sin ser
éstas limitativas o dependientes del hecho del empleador responsable directo,
persona natural.

CAPITULO III
MUERTE EN LA FAENA
1. HISTORIAS DE VIDA
Las historias de vida referidas en este Capítulo han sido la causa y las
motivaciones del estudio realizado, muchas de ellas dejan huellas en la sociedad
y han dejado a hombres grandes, en incapacitados física o psíquicamente
afectados, cuando no han muerto en la faena.
Del análisis de los procesos emprendidos en cada una de ella se pudo comprobar
la ineficacia de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo, dado que a excepción de uno de estos casos, todos los demás fueron
declarados terminados por sus hechos no revestir carácter penal.
Lamentables hechos como éstos, van siendo normalizados por el Sistema de
Justicia en Venezuela, pudiendo decirse que hoy en día, los accidentes laborales
constituyen una causa de muerte parainstitucionalizada. La sociedad hace caso
omiso de la problemática existente en la industria, donde día a día el trabajador
emprende una lucha entre la vida y la muerte, en virtud de los grandes riesgos
generados por el capitalismo económico. Sistema por demás perverso, que valora
más lo económico que lo humano, anteponiendo el capital productivo a la
persona del trabajador.
Los obreros venezolanos en sí, constituyen historias de vida relevantes en esta
investigación, dada la condición de subordinación social y económica en que se
encuentran dentro de un país capitalista subdesarrollado, que los considera
objetos y no sujetos de derecho. Sin embargo, las historias a las que se hace
referencia son de exclusiva vinculación con los delitos laborales, caracterizados
en su mayoría por el olímpico desprecio demostrado en un sentimiento de
indiferencia en el sentir del empleador venezolano.
Casos como los de: Jesús Aular, Perfecto Jesús Rivas, Felix Gómez, Alexis
Martínez, Gustavo Pérez, Judith Rodríguez, Henry Andrade Batista, Javier Páez,
Ramón Montesino, entre otros, son ejemplo de los dantescos crímenes laborales
que suceden en la ciudad de Valencia, los cuales se citaran a continuación.
El caso de Jesús Aular, trata de un trabajador de una reconocida empresa
transnacional, ubicada en la Zona Industrial de Valencia, que a escasos 31 años

de edad, sufre unas quemaduras de tercer grado, a consecuencia de recibir un
fulminante baño de ácido sulfúrico al cien por cien, cuando procedía a descargar
una cisterna que transportaba el corrosivo líquido, sin percatarse, dado lo habitual
de su labor, que la tapa de seguridad del tanque no había sido sujetada conforme
a las reglas de seguridad. La situación fue intempestiva, Jesús sólo sentía como
su piel se corrugaba como un papel de seda, incluso sus órganos sexuales.
Los supervisores y demás compañeros de trabajo, tampoco estaban preparados
para atender esta emergencia, ni siquiera la empresa contaba con las duchas de
los neutralizantes requeridos por el reglamento de seguridad industrial en las
maniobras con este tipo de ácidos, razón por la cual Jesús, fue expuesto a una
ducha de agua que agravo su situación clínica. Fueron más de cuatro meses de
terapia intensiva en una clínica privada de esta ciudad, Jesús logra sobrevivir
milagrosamente; sin embargo, se convertía en un nuevo "Jorobado de
Notredame", nacía un nuevo ser de un físico desconocido y repulsivo, pero con
un espíritu sublime y angelical.
No-conforme con el milagro acaecido, la empresa rechazó de plano, los
requerimientos extrajudiciales que en un inicio sólo estaban limitados a los
gastos clínicos, razón por la cual Jesús, convaleciente y con un grave shock posttraumático,
inicia con denuncia penal en contra de los directivos de la empresa, el
proceso establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo; no pasaron dos meses para que la empresa accediera a las
indemnizaciones solicitadas, todo en virtud que el nuevo proceso les
obstaculizaba las defensas opuestas en un proceso previo en contra de ellos
mismos.
La indemnización lograda satisfacía sus expectativas económicas, pero no así los
daños psíquicos que fueron finalmente, después de diez años la causa de su
suicidio. Jesús, luego de haber logrado ocupar un status económico considerable,
muere como un mendigo arruinado por su familia.
De este caso se puede deducir que la Ley cumplió su cometido indemnizatorio,
mas no prevencionistas, ya que se tuvo conocimiento de accidentes posteriores en
la misma empresa causados por la falta de supervisión necesaria y exigida por la
Ley.
Este caso llama a una reflexión que es la siguiente: no hay indemnización que
valga, lo justo y necesario es prevenir a los fines de no lamentar.
Otro caso importante de resaltar es el caso de: Felix Gómez, habida cuenta de ser
el único caso de accidente laboral casado por la Corte Suprema de Justicia a

favor del trabajador, jurisprudencia que es tema del próximo título de este
capítulo. Felix, chofer de montacargas de una importante empresa de este Estado,
había reportado, conjuntamente con sus compañeros de trabajo, la falta de tubo
de escape de uno de los montacargas.
Los representantes de la empresa hacían caso omiso del peligro que corrían los
trabajadores por este hecho, razón por la cual fueron obligados a laborar, con la
orden expresa de no apagar el montacargas por razón de la falta de batería que
presentaba.
Ese día el compañero de Felix, procedía a abastecer de combus-tible el
montacargas, dejándole encendido, el motor hizo chispa que produjeron un
incendio con la gasolina que se le suministraba. La manguera se enciende, Felix,
con experiencia en el asunto corre a socorrer a su compañero, y logra salvar a
todos de un dantesco accidente, pero es alcanzado por las llamas, causándole
quemaduras de tercer grado en un 30 por ciento de su humanidad, ocasionándole
una incapacidad parcial y permanente.
La empresa no contaba con ambulancia, ni servicios médicos, Felix fue
conducido por dos compañeros de trabajo a un ambulatorio donde le dieron el
cuidado inmediato y le dieron de alta. La falta de atención especializada empeoró
la situación clínica de Felix, sus heridas se infectaron, se pegaron, dando origen a
una nueva intervención quirúrgica que con grandes esfuerzo hubo de sufragar la
familia del trabajador, que muy a pesar de ellos no alcanzó los resultados
deseados.
La empresa le negó a Felix hasta las prestaciones sociales, alegando que él había
causado con su imprudencia el accidente, hechos que lo impulsaron a ejercer las
acciones legales pertinentes. Se interpusieron acciones civiles, por daños
extracontracontuales, demanda laboral por las prestaciones y los daños laborales
(aquellos establecidos en el contrato) y acciones penales basadas en el delito
laboral (artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo).
La demanda civil se ganó en Primera Instancia, pero con unos montos
indemnizatorios irrisorios; posteriormente apelada fue declarada sin lugar, hasta
llegar a la Corte Suprema de Justicia, tiempo para el cual el trabajador
desesperado por la situación económica y las injusticias del Sistema, acepta
recibir las prestaciones ofrecidas, dando fin a los procesos civil y laboral. La
denuncia que dio origen al Proceso Penal, fue terminada su averiguación por
considerar el Juez de Primera Instancia en lo Penal, que no revestía carácter penal
(artículo 206, ordinal 1, Código de Enjuiciamiento Criminal venezolano vigente),

sentencia que confirma el Superior, y que, posteriormente, es casada por la Corte
Suprema de Justicia, ante el recurso formalizado por la Fiscalía del Ministerio
Público, por la falta de motivación de la Sentencia. Se espera actualmente la
decisión de reenvío.
Vale destacar que la Sentencia comentada, que forma parte de los anexos de este
trabajo, es la primera y única jurisprudencia que existen en Venezuela sobre
delito laboral.
Felix hoy día sigue su vida, en nada afectó su accidente, por el contrario fue
circunstancia motivo de superación. A Dios gracias.
El caso de Henry Andrade Batista, quien muere en un silo de granos en una
conocida empresa de alimentos concentrados de esta ciudad, por
politraumatismos generalizados causados por la fuerza ejercida de más de 10
toneladas de granos de soya donde se sumergió al caer de los puentes o pasadizos
superiores del flat contenedor o silo, cuando sé diponía a engrasar el sistema de
secado. ¿Fue imprudencia de Henry, trabajar sin compañero de trabajo, sin
cinturones de seguridad, sin supervisión necesaria, a esa altura de más de 20
metros
La tragedia de la familia Batista duró tres meses, dado que Henry había sido
declarado como desaparecido por la empresa, sus familiares insistían en que el
trabajador estaba dentro de la empresa ya que su hoja de salida nunca fue
firmada, ésta se negó a buscarlo dentro de los silos llenos, sólo permitió buscar
para evitar pérdidas económicas en los silos vacíos, razón por la cual después de
tres meses cuando quedaba en el flat sólo residuos de granos el montacargísta que
se disponía a almacenar los granos residuales encontró la engrasadera y luego, el
cadáver de Henry.
Este caso fue terminado por la vía penal por no revestir carácter penal, de
conformidad con la norma establecida en el artículo 206, ordinal 1 del Código de
Enjuiciamiento Criminal. La demanda laboral de Primera Instancia condenó a la
empresa a pagar indemnizaciones irrisorias y el Tribunal Superior negó las
indemnizaciones concedidas, se anunció el Recurso de Casación y aún no ha sido
decidido.
La empresa siempre se ha negado a pagar y el Sistema Judicial les ha dado el
apoyo. La muerte de Henry quedó impune.
La historia de vida de Javier Páez, es dantesca. Javier, de 19 años de edad,
excelente estudiante, deportista, padre de dos niñas, operaba en una empresa

distribuidora de cabillas en esta ciudad, su labor consistía mayormente en
asegurar los atados de cabillas que luego transporta la grúa aérea a los camiones
para ser despachadas.
Un día, ya sonando el timbre de almuerzo, al ver que sus compañeros
transportistas y ayudantes no habían terminado de cargar el camión, se dispuso a
prestar su colaboración; iba llegando al sitio, caminando casi a la altura de la
puerta izquierda del camión cuando un atado de cabillas de mil kilos
aproximadamente, se safó del puente grúa o del camión, logrando por fuerza de
gravedad saltar la parte de adelante del camión y apoyarse sobre la cabeza de
Javier, quien murió instantáneamente.
La empresa reaccionó favorablemente y brindó indemnización a la familia, pero
su Expediente Penal iniciado por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial también,
a semejanza de los casos restantes, fue decidido en Primera y Segunda Instancia
Penal, como averiguación terminada, por no revestir carácter penal (artículo 206,
ordinal 1, Código de Enjuiciamiento Criminal).
Las historias de vida citadas, tan sólo es una mínima parte de los lamentables
accidentes laborales que sufren los obreros valencianos; debe citarse también la
historia de Ramón Montesino, quien queda sordo después de sufrir un trauma
acústico por el escandaloso ruido de unas máquinas de fabricar cartones.
Paralelamente, causado por los ruidos internos producidos en sus oídos, sufre
problemas psíquicos graves aún no recuperados.
La empresa hizo caso omiso a la enfermedad, negándose a pagar indemnización
ni tratamiento, el expediente penal corrió con la misma suerte de los demás, antes
citados. La Acción Civil terminó con una transacción monetaria por parte de la
empresa que accedió a cancelar después de tres años.
Por su parte, analizar las historias de vida de Gustavo Pérez, quien perdió su
pierna derecha al resbalar y ser atrapado por una laminadora de hierro; Yudith
Rodríguez, quien pierde los dedos de su mano derecha al ser atrapada por una
moledora de carnes usada para hacer guasacaca de una famosa pollera de esta
ciudad; Perfecto Rivas, técnico electricista que resultó quemado al ser encendido
el cuarto de electricidad donde se encontraba trabajando para una importante
empresa del estado. Alexis Martínez quien es amputado de su mano izquierda
después de haber quedado aprisionado de esta mano por una laminadora de
madera, por usar un guante inadecuado, sería repetir los mismos efectos penales
que se citan en las historias anteriores, sólo ellos han sufrido su dolor y
consecuencias, describirlo es figurarlo.

Vale destacar que en Carabobo, específicamente en Puerto Cabello, hace algunos
dos años, el Tribunal Noveno de Primera Instancia en lo Penal dictó el primer
auto de detención que por delito laboral se conoce en el Estado, auto que fue
revocado en Segunda Instancia, en virtud del Tribunal haber considerado que los
hechos no revestían carácter penal (artículo 206, ordinal 1, Código de
Enjuiciamiento Criminal) decisión que fue debidamente recurrida ante la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el correspondiente
Recurso de Casación.
Se concluye este punto del tema recordando las tragedias de Tacóa, y Tejerías,
historia de vida que quedan en el recuerdo de la humanidad, por quienes hoy se
pide a Dios su descanso eterno.
ENTREVISTAS
Otro genero de técnica científica utilizado en esta investigación a los fines de
corroborar en la praxis los alegatos teóricos, sobre la responsabilidad penal de las
personas jurídicas establecida en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo, fue la realización de entrevistas a distintos
especialistas en el área, en relación con la temática planteada; uno de los
destacados profesionales entrevistados fue el Profesor argentino Alberto Binder,
quien al serle consultado sobre su visión al respecto, afirmó que los tipos penales
previstos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, ayudan mucho a establecer un control más eficaz en áreas que hay una
impunidad absoluta.
Con respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas, el mencionado
profesor opina que la categoría de responsabilidad subjetiva, no es aplicable a las
personas jurídicas, pero en un sistema de imputación distinta, básicamente de raíz
objetiva sí.
Para el mencionado profesor, hay que estudiar las responsabilidades que existen
entre los directivos, pero justamente él cree que hay que crear un sistema de
responsabilidad jurídica diferenciado. Además ha sido una tarea de muchas
décadas, para que el Derecho Penal de las personas se haya sacado de encima los
criterios de responsabilidad objetiva, entonces hay que tratar de evitar que por vía
de la responsabilidad de las personas, se haya reintroducido la responsabilidad
objetiva en el sistema de imputación de los hechos cometidos por personas
naturales, hay que hacer una gran clasificación conceptual para que quede claro
que hay dos sistemas de imputación distintas.

En la Ley de Protección del Medio Ambiente, según la acertada posición del
mencionado profesor, ya está pautada en la legislación venezolana la
responsabilidad de las personas jurídicas, razón por la cual no viola el principio
de la legalidad, toda vez que esta Ley fue creada cumpliendo con todos los
extremos de ley, e igualmente destaca que doctrinal y legalmente si se trata de
aplicar la categoría de Derecho Penal común a la categoría de las personas
jurídicas no encaja, pero esto es un tema que se esta discutiendo actualmente en
el Derecho Penal moderno.
Igualmente, el profesor opina que la previsión del artículo 33 de la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, es buena pero sería
mejor si existiera responsabilidad objetiva de la empresa.
La visión de la Profesora Magaly Vásquez, no dista mucho de la del profesor
Binder, pero la misma fue categórica al afirmar que había que replantearse y
reflexionar si la parte represiva de la Ley es necesaria, hay que reflexionar si es
necesario que en esta Ley de naturaleza laboral, contenga previsiones y sanciones
de naturaleza Penal. Ella opina particularmente, que puede haber mejor efecto de
la Ley si las sanciones fueren de orden administrativo o de orden civil, aparte que
el procedimiento para el reclamo de las acciones civiles, son mucho más
expeditas, y hay una mayor cercanía entre el daño causado y la reparación, y esto
conlleva a que el objetivo de la norma se cumpla.
La profesora opina, que debe haber una reformulación estructural de la Ley que
guarde armonía con los principios del Código Penal, fundamentalmente con el
artículo 61 del mencionado texto legal, e igualmente que guarde armonía con
principios constitucionales y de orden internacional que Venezuela ha recogido
en instrumentos internacionales, que conllevan a un Derecho Penal más
garantista, por lo que esta Ley tan cuestionada, es decir la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, contiene normas que
violan los principios relativos a la responsabilidad subjetiva, estableciendo una
responsabilidad por el resultado y eso es contrario al Derecho Penal moderno, por
lo que ella cree que debe haber una reestructuración general en ese sentido.
SONDEO DE OPINION
La tercera técnica de investigación científica utilizada fue el sondeo de opinión,
el mismo fue practicado en una población conformada por un grupo de cien
personas, cuyas edades oscilan entre los 25 y 35 años de edad, obreros, y
domiciliados en el Estado Carabobo.

El diseño del cuestionario para el sondeo de opinión estuvo dado por una serie de
preguntas de selección múltiple y tuvo por finalidad determinar, el conocimiento,
vigencia, utilidad y la factibilidad de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en el área empresarial venezolana.
La primera pregunta del sondeo de opinión giró en torno a saber si los
consultados conocían la existencia de normas de carácter Penal en la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en relación
con esta pregunta los consultados respondieron en su mayoría que no, mientras
que la minoría respondió que si, es decir de un universo de 100 personas, el 80%
respondió que no y el 20% respondió que si, lo cual se gráfica de la siguiente
manera:
Esta situación deja entrever, que la clase obrera en Carabobo desconoce los
alcances legales de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo y, por ende, no puede conocer sus objetivos. En la medida
que se dé a conocer los efectos penales del delito laboral, los trabajadores serán
los primeros en constatar el dolo del empleador una vez reportado u observado el
peligro existente.
La segunda pregunta del sondeo de opinión giro en torno a saber si los
consultados tenían conocimiento de la existencia de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, del universo de 100
personas, 60 respondieron que no, 20 respondieron que si y 20 se mostraron
confundidos en cuanto al nombre pero no a la normativa existente en materia de
seguridad industrial. Estas posiciones sé gráfica de la manera siguiente:
La situación planteada permite observar y deducir que el 60% de la población
obrera en el Estado, no conoce la existencia de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, mientras que el 40% conoce poco de
su contenido, nombre y propósitos de la Ley.
La tercera pregunta giro en torno a saber si en las empresas donde laboraban, se
cumplían las normas de higiene y seguridad industrial, a lo que los consultados
respondieron en su mayoría equivalente al 70% que no, mientras el 30% restante
respondió que sí, lo que se gráfica de la siguiente manera:
Esta gráfica muestra que en Valencia sólo el 30% de los empresarios cumple las
normas de seguridad industrial y que de acuerdo al índice de accidentes
registrados y la cantidad de industrias existentes en la ciudad, algunos accidentes
ocurren por la falta de supervisión necesaria exigida en la Ley.

La Cuarta pregunta del sondeo giro en torno a saber si en las empresas que
laboraban los consultados había ocurrido algún accidente laboral. A lo que los
consultados respondieron en su mayoría equivalente a un 90% que si, y el resto
equivalente al 10% respondió que no. Graficándose lo antes expuesto de la
siguiente manera:
Esta situación confirma las anteriores, demostrando el exorbitante índice de
accidentes que ocurren en el Estado Carabobo, que van siendo normalizados
hasta por los mismos trabajadores que tácitamente por el silencio mantenido por
sus organizaciones sindicales parece estar asumiendo los riesgos a cambio del
salario; transformando así la teoría del Riesgo Profesional en que se fundamenta
la responsabilidad objetiva de la empresa.
La quinta pregunta era saber si los consultados como trabajadores cumplían las
normas de higiene y seguridad industrial a los fines de prevenir un accidente
laboral. El 50% afirma que si cumplían con las referidas normas, mientras que el
50% restante respondió que incumplían dichas normas, graficándose los
resultados del sondeo de la siguiente manera.
De lo que se deduce que un 50% de los accidentes pudieran estar generados por
la imprudencia o echo del trabajador, que excluye de responsabilidad al
empleador.
La sexta pregunta del sondeo de opinión se baso en saber si los consultados
consideraban justo que el trabajador víctima de un accidente laboral se le
busquen medios para reinsertarlo en el medio laboral. Aquí los resultados fueron
sorprendentes por la casi unanimidad de las opiniones ya que el 95% era de la
opinión que si debían existir previsiones legales que reinsertaran al trabajador al
medio laboral, mientras que el 5% restante respondió que no, graficandose los
resultados de la siguiente manera:
De lo que se puede inferir la necesidad de reformular las sanciones previstas en la
Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
La séptima pregunta consistía en conocer si el universo de los consultados
conocía un caso donde los familiares de un trabajador que haya muerto por un
accidente de trabajo se le haya indemnizado. Del universo de las 100 personas
consultadas, 80 que equivalen al 80% respondió que no, mientras que 20
equivalente al 20% restante respondió que sí, graficándose dichos resultados de
la siguiente manera:

Lo que permite deducir la poca inherencia que tienen los accidentes laborales en
el capital de la empresa, que ha repercutido en un sólo 20% de ellas, que
voluntariamente pagan indemnizaciones por vía transaccional.
La novena pregunta giro en torno a saber si los consultados conocían algún caso
donde el empleador haya ido preso. Del universo de 100 personas, las mismas
respondieron en su totalidad que no, lo cual sé gráfica de la siguiente manera.
Lo que trae como consecuencia que el delito laboral es un delito
impune. Que los Jueces de Carabobo consideran que la ley y el
delito en ésta tipificado no es penal, a pesar de disponer una pena
privativa de liberta como es la de prisión.
La décima pregunta del sondeo giro en torno a saber si los
consultados en el caso de ser ellos víctimas de un accidente laboral,
que tipo de sanción preferiría se le aplicaran al empleador, entre
sanción pecuniaria, prisión, o sanción pecuniaria más prisión
Del universo de 100 personas, el 85% respondió que preferirían prisión mas
medida pecuniaria, el 10% respondió que solo pena pecuniaria, y el 5% restante
respondió que ellos preferirían prisión. graficándose lo antes expuesto de la
siguiente manera:
De lo que se deduce unas propuestas para una futura reforma de la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, tan necesaria y útil
en una nueva democratización de la Justicia Penal.

CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
EN BUSCA DE LA SALVACION
PROBLEMAS DE HOY, PROYECCION DE FUTURO
En Carabobo ocurren anualmente más de 2000 accidentes laborales, sin contar
aquellos que pasan a conformar las cifras negras por el hecho de no haber sido
reportados. En lo que va del año, es decir en 1998, la Oficina de Higiene y
Seguridad Industrial del Seguro Social ha recibido 1.270 denuncias de accidentes
en el campo de la industria.
De cada 100 accidentes, 10 trabajadores mueren, aproximadamente, y 50 sufren
lesiones graves, con incapacidad total y permanente del trabajador y los restantes
sufren lesiones menos graves o leves, que han ocasionado incapacidades
parciales. De todas estas cifras sólo llegan a ser denunciadas por ante los
Tribunales Penales, el 1%, aproximadamente, echo que se constata de revisión
efectuada en los libros de entrada del tribunal distribuidor y según información
de los distintos secretarios de los tribunales de primera instancia en lo penal del
estado Carabobo, los cuales fueron consultados al respecto.
Algunas empresas han reportado mas de dos accidentes por año; sin embargo,
continúan funcionando sin mayores problemas, y el puesto vacante dejado por el
trabajador lesionado inmediatamente es ocupado por otro obrero necesitado de
empleo.
Los sindicatos laborales y los comités de higiene y seguridad, conformados en la
empresa con la participación de los trabajadores son participes de la situación al
permitir la continuidad del peligro, pudiendo en consecuencia ser sancionados de
conformidad con la norma establecida en el artículo 6, paragrafo 2 de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, no existe
precedente legislativo al respecto por el conocimiento de los efectos penales del
delito laboral, razón por la cual en lo adelante después de analizar las formas de
comisión en el Capítulo II y haber fijado una posición al respecto sobre la
coautoria en el delito procuran corregir las fallas mediante la prevención.
El índice de accidentes laborales causados por el hecho de la víctima no ha
podido ser establecido en razón de su escaso tratamiento procesal y la reiterada

jurisprudencia local que considera que el delito laboral no reviste carácter penal
que se abordará más adelante, no obstante no se puede dejar de considerar que
muchos accidentes ocurren por culpa del trabajador. Debe observarse que según
estadísticas anuales de la Organización Internacional del Trabajo la mayoría de
los accidentes laborales ocurren los días lunes y en horas tope de la jornada ¿Es
acaso que el peligro se hace eminente a esas horas y esos días
De estas estadísticas también se ha demostrado que los accidentes laborales en
mujeres trabajadoras son escasos, cabe formularse una interrogante ¿Es la mujer
más prudente o más riesgosas en sus labores. De comprobarse estas hipótesis
¿abrirá esta situación un mayor campo laboral a la mujer venezolana
La mayoría de los empresarios carabobeños desconocen los alcances legales de la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, sólo
aquellos que han tenido una experiencia directa por consecuencia de los
accidentes laborales la han conocido y éste no debe ser el motivo de su estudio.
La prevención debe ser la finalidad de dicha normativa, no la sanción.
Los desgravámenes fiscales en materia de impuesto sobre la renta establecidos en
el artículo 43 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo, sobre la inversión que efectúe el empleador en equipos de seguridad
industrial parecieran ser desconocidos por los empleadores, pues considerar lo
contrario sería difícil entender él por qué no de su inversión, al menos que sé este
engañando al fisco nacional en la adquisición de los mismos o ¿es que acaso se
declaran perdidas
La situación es lamentable, el Estado venezolano se aparta de este panorama
como un tercero a pesar de su deber de garantizar la vida de los trabajadores
establecida en la Constitución de la República; pareciera que su deber se agota en
el campo legislativo, se sancionan Leyes que lejos de llenar un vacío pasan a
agravar la problemática. El caso de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo es un claro ejemplo, su pobre técnica legislativa
crea confusión a nivel de los agentes de justicia, permitiendo la impunidad del
delito.
La Ley otorgó facultades al ejecutivo nacional para mediante decreto se creare en
Instituto de Higiene y Seguridad Industrial según las disposiciones establecidas
en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Hasta ahora el Ejecutivo Nacional no ha creado la institución que se quiere en el
órgano rector de la Ley.

Sólo el Seguro Social en unos perdidos intentos ha querido llenar el vacío de
supervisión no teniendo facultades para aplicar las normas a que se contraen los
artículos de la Ley, es decir ordenar el cierre de empresas que infrinjan las
normas de prevención imponiendo multas entre otras.
El ministerio del trabajo también a hecho un intento fallido creando las Oficinas
de Higiene y Seguridad Industrial que en la practica es letra muerta por su corto
alcance sancionatorio hasta el punto de no ser considerado su opinión en el
proceso penal, en el que sólo se valora el documento público a que se refiere la
norma establecida en el artículo de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo.
La Oficina de Higiene y Seguridad Industrial del Instituto de los Seguros
Sociales tiene en la actualidad la labor de instruir los expedientes administrativos
que se instruyen de oficio cada vez que se tiene conocimiento de algún accidente
laboral o enfermedad profesional, en la mayoría de los casos los trabajadores por
si solo o a través de sus familiares que reportan los casos.
En esa instrucción, supervisar e inspeccionar la empresa como medio ambiente
de trabajo a fin de constatar si se cumple o no con las normas de prevención
establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo y en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, a las que se
contrae o se refiere la norma establecida en él articulo 33 de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, interrogar a los testigos,
supervisores, y al gerente de la empresa como trabajador víctima del accidente o
de la enfermedad en caso de muerte a sus familiares, hechas las investigaciones
elaboran un oficio de recomendación a la empresa, de donde se deducen sus
violaciones, vale decir que aún y cuando los peligros fueren inminentes o graves
el empresario o empresa puede corregir sin ser sancionado, pudiere especularse
ya que en la practica no se ha visto que en los casos que no se corrijan las faltas
de manera voluntaria una vez firme, ordenar su cumplimiento por via del proceso
en la Ley orgánica de procedimientos administrativos antes descrito lo realiza el
instituto venezolano de los seguros sociales de conformidad con lo establecido en
el artículo de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo.
La especial materia del delito laboral requiere el auxilio de especialistas en
materia de higiene y seguridad industrial, sobre las normas de prevención y
seguridad industrial, así como a los especialistas en medicina forense a objeto de
determinar el grado de lesión, de igual forma se auxilia de especialistas en
ingeniería o mecánica industrial para poder comprobar el cuerpo del delito el

grado de daño o lesión, la causa de la muerte y la responsabilidad penal entre
otras.
En la práctica y búsqueda de la verdad, en la etapa de instrucción el Juez se
encuentra con un documento o informe final elaborado por funcionario publico,
denominada Ficha Individual de Accidentes, formula 1868 del I.V.S.S.
Ese documento o ficha puede ser registrado, a los fines de determinar los efectos
que surte frente a terceros, conforme a lo establecido en el artículo.de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y aunque es
prueba flagrante de la responsabilidad penal no es vinculante, en la práctica
forense del estado Carabobo, para el Juez Penal, dado que reiteradamente en la
mayoría de los procesos judiciales, deciden en base a los extremos previstos en el
ordinal primero del artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal
venezolano vigente.
EL DELITO LABORAL Y LA PROBLEMATICA NACIONAL
Los accidentes de trabajo como ya se ha expuesto en los Capítulos anteriores
constituyen un problema importante en las sociedades modernas. Basta señalar
que tanto en Estados Unidos, como en Inglaterra, y muchos países
industrializados, el número de accidentes de trabajo ocurrido durante la segunda
guerra mundial fue muy superior al número de heridos de guerra.
A los accidentes de trabajo propiamente dicho deben agregarse las enfermedades
profesionales o enfermedades adquiridas como consecuencia del trabajo, cuyo
número es más difícil de determinar porque no siempre se advierte la relación
entre la enfermedad y el trabajo.
Aun cuando los llamados riesgos del trabajo son uno de los principales
problemas que aquejan a la clase obrera a nivel universal, su importancia relativa
es mucho mayor aún en los países como Venezuela que en los altamente
industrializados.
Como ya se ha expuesto varios factores inciden en el caso venezolano para hacer
mas grave todavía el tema de los riesgos del trabajo. En términos generales, los
empleadores venezolanos no han adquirido conciencia, como se demostró en el
sondeo de opinión, de la importancia de los riesgos en el trabajo, ni siquiera
desde el punto de vista de sus propios intereses económicos. Es corriente que aún

hoy, entre nosotros, como en Europa de la primera revolución industrial, se cuida
más de la maquina que del hombre o mujer que en ella trabaja.
El profundo proceso de industrialización ocurrido en Venezuela en las últimas
décadas, no fue acompañado por campañas de concientización de empleadores y
trabajadores, ni de planificación en materia de seguridad en el trabajo. Como
consecuencia de un criterio desarrollista mal entendido, la clase obrera
venezolana ha pagado un pesado tributo en vidas, sea en la explotación del
petróleo, en la construcción de grandes represas y autopistas de los grandes
complejos industriales e incluso de las torres de cemento de las modernas
ciudades.
Al igual que en el resto del mundo el panorama no parece mejorar con el
progreso, por el contrario las nuevas tecnologías introducen todos los días nuevos
riesgos, la mayoría de los cuales deben incluirse en el concepto de enfermedades
profesionales, que son mucho más difíciles de detectar.
Pero si ese panorama es cierto a nivel universal, también es cierto que la
situación es aún mas grave en los países subdesarrollados.
No es raro y existen varios ejemplos de ello que los países altamente
desarrollados deriven hacia países en desarrollo las tareas más peligrosas y
contaminantes o que por razones de costo se instalen fabricas o unidades de
producción que los países desarrollados habrían exigido costosos mecanismos de
seguridad industrial o de protección al medio ambiente
A estas circunstancias generales deben agregarse algunos rasgos característicos
de la clase obrera venezolana.
En primer lugar la falta de tradición industrial de nuestros obreros. A diferencia
de los países con industrialización más vieja en que los obreros son hijos de
obreros y adquieren desde la infancia la conciencia de los riesgos del trabajo
industrial, nuestros trabajadores son casi siempre excampesinos o hijos de
campesinos que carecer de cultura industrial y que casi siempre mantienen un
culto por el coraje y el machismo que los lleva a despreciar las medidas de
seguridad en el trabajo.
Es hora de mejorar los instrumentos de educación y capacitación necesarios para
disminuir la incidencia de los riesgos del trabajo.
Eso fue el sentido que este trabajo pretendió enseñar a los trabajadores, un
aspecto normativo del régimen en materia de riesgos laborales.

Necesariamente se debe concluir que este estudio no sólo debe conllevar al
cumplimiento de las normas vigentes, sino a demostrar su injusticia, y por lo
tanto a exigir su mejora o efectivo cumplimiento. La seguridad e higiene en el
trabajo contribuye y propicia el incremento de la produc- tividad, ayuda a evitar
accidentes y enfermedades que ponen en riesgo a los trabajadores y por ende
contribuye con el desarrollo económico de las Naciones. Por lo que seguidamente
se enumeraran algunas medidas de defensa ante los riesgos del trabajo.
Pueden señalarse dos grandes grupos de formas de acción contra los accidentes
de trabajo, las medidas preventivas y las medidas indemnizatorias.
A efecto de simplificar la exposición en este trabajo se dará el tratamiento de
indemnizaciones a algunas prestaciones de seguridad social.
Estas dos clases de medidas están fuertemente relacionadas entre sí, y por lo
tanto no puede hacerse referencia a una de ellas sin referirse también a las otras.
Aun cuando este trabajo esta orientado al amito penal, no debe olvidarse que este
tipo de medidas es crucial en el desarrollo del mismo.
Entre las medidas preventivas cabe señalar las educativas o de capacitación, de
empleadores y de trabajadores las de diseño de los locales de trabajo así como de
las maquinas herramientas y procedimientos de trabajo el estudio e investigación
de los accidentes e incidentes de trabajo los exámenes médicos preventivos la
elaboración de planes de prevención y en ultimo termino la utilización de equipos
personales de protección cuando el riesgo no pueda ser evitado de otra manera.
Sin embargo, la medida preventiva fundamental es el establecimiento de las
correctas condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. En efecto las más
importantes medidas preventivas son el establecimiento de una jornada de trabajo
y de un régimen de descanso intermedio consenso con las tareas que realiza el
traba-jador la supresión absoluta de las horas de trabajo extraordinarias, el
establecimiento de regímenes especiales para el trabajo nocturno o el trabajo de
turnos continuos. Junto a estas medidas deben señalarse las indemnizatorias, las
cuales se detallaran en el punto que sigue a continuación relacionado con las
propuestas.
PROPUESTAS FINALES, EN BUSCA DE LA SALVACION
Es por este motivo que sin animo de hacer una critica destructiva a la legislación
vigente, sino más bien una critica constructiva, en este tercer punto del Capítulo

final del presente trabajo de investigación, se harán una serie de propuestas
relacionadas con el empleador, el trabajador y la legislación en general, a los
fines de demostrar la posición adoptada en el mismo.
CON RESPECTO A LA LEY ORGANICA DE CONDICIONES Y MEDIO
AMBIENTE DE TRABAJO.
Se puede afirmar antes de hacer las propuestas relacionadas con su estudio, que
la misma no se corresponde con el clamor de la masa trabajadora venezolana, y
esto ¿por qué Sencillamente porque la misma en la practica no se cumple y al no
cumplirse es como si la misma no existiera.
El texto legal en cuestión presenta graves fallas legislativas, que pueden y deben
ser corregidas si es la idea salvar este texto legal. Desde el punto de vista de la
dogmática penal, se crea un delito que prácticamente no se halla donde cuadrarlo
si acaso dentro de la categoría de delitos culposos, para muchos estudiosos, o en
la categoría de delitos dolosos como es el caso.
En todo caso lo importante en este punto final es concretarse en la necesidad o no
de la existencia de estos tipos penales, que actúan paralelamente, o al margen de
las Leyes penales, y que son llamados por la doctrina delitos colaterales, los
cuales en muchas ocasiones son producto de irracionales creaciones legislativas.
Se propone en concreto despenalizar esta Ley, o por lo menos despenalizarla en
los términos por ellas previstos en el sentido de no castigar a los representantes
de las personas jurídicas cumpliendo con los extremos por ella establecidos, toda
vez que los representantes de las personas jurídicas previstos en la Ley,
generalmente no tienen una relación de causalidad que los vincule con el delito
establecido.
Si en todo caso se persistiera en mantener la responsabilidad de las personas
jurídicas previstos en la Ley, por lo menos que se haga un estudio exhaustivo del
mismo, en el sentido que por lo menos se verifique quien en realidad es la
persona natural responsable por parte de la persona jurídica del delito ocurrido,
porque definitivamente sino es así no sé esta aplicando la sanción a quien se debe
y por lo tanto sé esta cometiendo un acto de injusticia.
Con respecto a las penas previstas en esta Ley, igualmente se cuestiona el hecho
de la existencia de penas fijas en las sanciones previstas en las mismas, toda vez
que se le quita al juez la posibilidad de analizar las agravantes y atenuantes del

caso, y en todo caso se invoca una aplicación mecánica del derecho, que se
sumaria como detalle a otra injusticia de este tipo legal.
En todo caso si se considera necesario mantener el tipo penal, y las penas
corporales, por lo menos que se deje una margen de discrecionalidad al Juez que
esta juzgando el caso, en todo caso se tiene que dejar claro que la posición es que
las penas corporales a las personas jurídicas en este tipo de casos son lo que se
conocen como penas perdidas.
CON RELACION AL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL
Con la entrada en vigencia en su totalidad del Código Orgánico Procesal
venezolano resulta interesante hacer un análisis de la compatibilidad o no de la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, con las
instituciones previstas en dicho Código.
Pues bien con respecto al inicio del proceso la situación quedaría igual, ya que al
ser los delitos previstos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, de acción publica y enjuiciables de oficio, con respecto a
los mismos se conserva la posibilidad de proceder e iniciar el proceso mediante
simple denuncia.
Cabe destacar con respecto a los tribunales competentes que como el código
Orgánico procesal penal venezolano, determina la competencia respecto a la
cuantía del delito, los delitos laborales serán conocidos por los tribunales
unipersonales y mixtos, ya que el limite máximo de las penas no permitiría que
conocieran de este tipo de delitos los tribunales con jurados.
El artículo 34 del mencionado código establece con respecto a los acuerdos
reparatorios que cuando el hecho punible recaiga sobre bienes jurídicos
disponibles de carácter patrimonial o cuando se trate de delitos culposos, el juez
podrá desde l fase preparatoria, aprobar acuerdos reparatorios entre el imputado y
la víctima verificando que quienes concurran al acuerdo hayan prestado su
consentimiento en forma libre y con pleno conocimientos de sus derechos.
En la opinión de la profesora Magaly Vásquez, no es posible aplicar a los
artículos previstos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, los acuerdos reparatorios si uno se acoge al cumplimiento
estricto de los términos de la Ley, ya que no se trata de delitos culposos, y el

delito de lesiones u homicidio, que son el tipo de delitos previstos en esta Ley, no
son bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial.
Con respecto a lo anterior se es del criterio que en este tipo de circunstancias
tiene mas utilidad y sentido una indemnización que una penal corporal, por lo
que se afirma que lo correcto y asertivo es permitir que sobre este tipo de delitos
se apliquen los acuerdos reparatorios.
RESPECTO A LA SITUACION DEL EMPLEADOR
El empleador tiene el compromiso de generar el medio ambiente laboral seguro y
productivo, abatir los índices de riesgo de enfermedades y accidentes, y facilitar
al trabajador el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones legales en
materia de seguridad e higiene.
Por lo que el empleador tiene el compromiso de:
Dar orientación al trabajador sobre los procedimientos de seguridad y medio
ambiente laboral.
Revisar nuevos programas para prevenir accidentes de trabajo.
Crear Juntas de seguridad de protección en el medio ambiente laboral.
Inclusive crear un sistema para que los trabajadores puedan informarle
anónimamente a la gerencia sobre los riesgos o peligros que existen en el trabajo.
RESPECTO A LA SITUACION DEL TRABAJADOR
El trabajador por su parte tiene la obligación de cumplir con los extremos
previstos en la Ley, para evitar ser víctima de un accidente de trabajo, pero en
todo caso que resultare víctima del mismo, según lo analizado en el Capítulo III,
en relación con las historias de vida, se observa que definitivamente las penas
corporales con respecto al empleador han terminado por convertir los delitos
laborales en delitos impunes, aparte de demostrar que las indemnizaciones
económicas tampoco los son todo y con respecto al trabajador hay que
necesariamente prever otras medidas que aparte de indemnizarlo por el daño
causado, lo reinserten en el medio laboral, y en el peor de los casos cuando este

esulte muerto se tome en cuenta la situación de sus herederos que por lo general
quedan desamparados ante una situación de esta naturaleza.

CONCLUSION
El estudio de la Ciencia Penal, desde un punto de vista crítico, liberal,
garantizador y de avanzada, hace reflexionar sobre el modo de enfocar los
conceptos, y las instituciones, que tradicionalmente se ha estudiado, por lo cual
se hace necesario buscar la interpretación, racional, justa, valorativa, y coherente
de las cosas. Difícil es lograr, lo antes expuesto cuando no hay una confrontación
dialéctica, entre lo que se ha dicho, y lo que crítica lo que se ha dicho, por lo cual
se hace necesario estudiar el Derecho desprovisto de gringolas, que nos conllevan
única y exclusivamente a ser presos de la ideología de un Sistema.
Partiendo de la anterior premisa y luego de haber revisado extensa bibliografía
extranjera, penal, procesal civil, procesal penal, de revisar jurisprudencia del
máximo tribunal del país, de realizar entrevistas, y analizar encuestas, se puede
concluir que con este estudio se pretendió hacer un enfoque innovador de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Ley que no
llegó a ser más que un intento fallido que se creó para defender la vida y salud de
millones de trabajadores, pero que en la práctica no pudo cumplir con los
objetivos propuestos, ya que la misma adolece de grandes defectos de técnica
legislativa.
Entre los errores más palpables de la citada Ley, se pude concluir que la misma
presenta los siguientes: la palabra "Prevención" en el título de la misma pareciera
un añadido de última hora, pues por ninguna parte aparecen penas que puedan
considerarse medidas de prevención de accidentes o enfermedades laborales,
mucho menos medida alguna de previsión de riesgos.
Igualmente el presente estudio conlleva a concluir necesariamente que está claro
que esta Ley, no castiga a quien debe, ni como debe castigar.
La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo,
establece igualmente un sistema inusual e injusto de penas fijas que no permite el
ejercicio del poder discrecional del Juez para determinar la penalidad.
Igualmente una conclusión necesaria es que la Ley en comento, no aporta
absolutamente nada a la disminución de los accidentes y enfermedades laborales,
al formular sanciones corporales como la pena de prisión, ya que las mismas
amenazan a personas sin verdadera capacidad de decisión, sea cual fuere la
categoría de asalariados que ostenten en los organigramas empresariales.

Por esta y otras circunstancias esbozadas a lo largo de la elaboración de este
trabajo, se hace necesario hacer un nuevo enfoque de esta Ley, tan criticada pero
tan necesaria, adecuándola al presente, y deslaztrándola de un pasado arraigado a
conceptos enquistados en el tiempo que no se corresponden con un Derecho
Penal garantizador, útil y despenalizante.
Finalmente, es responsabilidad de los trabajadores exigir que esta Ley se cumpla.
Ante esta situación, constituye una necesidad prioritaria, la capacitación del
movimiento sindical, la cual deberá abarcar asuntos relativos al medio ambiente
y a la seguridad e higiene en el trabajo, para poder enfrentar con éxito las
presentes y futuras reivindicaciones que vayan en resguardo de la salud laboral y
la seguridad de la empresa, lo cual conllevará a un verdadero estricto y riguroso
control de las condiciones y medio ambiente laboral teniendo por norte que
prevenir, es no lamentar.
Por eso, necesariamente se concluye en que esta Ley es efímera por obsoleta,
carente de base doctrinaria y categóricamente por injusta, no se debe olvidar que
cuando la Ley es injusta la historia enseña que la Ley no se aplica, el delito
laboral seguirá siendo impune y los trabajadores venezolanos víctimas del delito
laboral.

BIBLIOGRAFIA
ARTEAGA SANCHEZ, Alberto. (1989). Derecho Penal Venezolano. Parte
General. Universidad Central de Venezuela. 5ª edición. Caracas.
ARTEAGA SANCHEZ, Alberto. (1992). Exposición de Motivos y Comentarios.
Ley Penal del Ambiente. Vadell Hermanos Editores. Caracas.
BARBERO SANTOS, Marino. (1957). Revista de Derecho Mercantil. Volumen
XXIII. Enero-Marzo. Madrid, España.
BELLO RENGIFO, Carlos Simón. (1988). Ilicitud Penal Colateral. Tomo I.
Caracas.
CAÑIZARES, Felipe. (1954). Revista del Instituto de Derecho Comparado Nº 3.
Artes Gráficas Rafael Salvá. Barcelona, España.
CARRARA, Francisco. (1956). Programa de Derecho Criminal. Parte General.
Volumen I. Editorial Temis. Bogotá, Colombia.
CHIOSSONE, Tulio. (1972). Manual de Derecho Procesal Penal. Curso de
Derecho. Facultad de Derecho. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
DUQUE CORREDOR, Ramón J. (s/f). Aspectos Adjetivos de la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Instituto de
Actualización Jurídica. Editorial Jurídica Alva, S.R.L. Caracas.
FENICH, Miguel. (s/f). Enciclopedia Práctica de Derecho. Volumen Segundo.
Editorial Labor, S.A.
FOULCAULTI, Miche. (1975). Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión.
Editorial Siglo XXI. Madrid, España.
FRIAS C., Jorge; et al. (1996). Teoría del Delito. Editorial Livroca. Caracas.
GABALDON, Luis Gerardo. (1978). La Responsabilidad Penal de la Persona
Jurídica en Venezuela. Colección Monográfica Nº 13. Editorial Jurídica
Venezolana. Caracas.
GARCIA P., Manuel. (1951). Derecho Constitucional. Colección Textos
Jurídicos Universitarios. Buenos Aires, Argentina.

GAZIER, Sachet. (s/f). Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales.
Editorial Bibliográfica. Argentina.
GOTI, Malamud. (1981). Persona Jurídica y Penalidad. Ediciones Depalma.
Buenos Aires, Argentina.
HEINRICH JESCHECH, Hans. (s/f). Tratado de Derecho Penal. Parte General.
Volumen Primero. Bosch Casa Editoral, S.A. Barcelona, España.
JIMENES DE ASUA, Luis. (1958). Tratado de Derecho Penal. Tomo III. El
Delito. Segunda edición. Editorial Lozada, S.A. Buenos Aires, Argentina.
MACCIORE, Giuseppe. (1954). Derecho Penal. Volumen I. Editorial Temis.
Bogotá, Colombia.
MANZINI, Vicenzo. (s/f). Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I.
Ediciones Jurídicas. Europa, América, Chile.
MARTINEZ P., Armando. (1995). Filosofía del Derecho. 2ª edición.
Buchivacoa. Estado Falcón.
MELICH O., José. (1981). Responsabilidades Civiles y Extracontractuales.
Editorial Amon. Caracas.
MENDOZA TROCONIS, José R. (1989). Curso de Derecho Penal Venezolano.
Parte General. Tomo I. 13ª edición. Caracas.
MEZGER, Edmund. (s/f). Tratado de Derecho Penal Venezolano. Editorial
Revista de Derecho Privado. Tomo I. Madrid, España.
MILLE M., Gerardo. (1989). Doctrina Judicial Sobre Derecho Sustantivo del
Trabajo. Temas Laborales. Tomo II. Volumen I. Editorial Paredes. Caracas.
MILLE M., Gerardo. (1993). Comentarios sobre Jurisprudencia Laboral y
Carrera Administrativa. Temas Laborales. Tomo VII. Volumen VII. Editorial
Paredes. Caracas.
NUÑEZ, Ricardo G. (1959). Derecho Penal Argentino. Tomo I. Parte General.
Editorial Bibliográfica. Argentina. Buenos Aires, Argentina.
PEREZ, Luis Carlos. (1989). Derecho Penal. Parte General y Especial. Tomo II.
Editorial Temis. Bogotá, Colombia.

TINOCO S., J.R.; et al. (s/f). Ambito de Aplicación y Aspectos Adjetivos de la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Editorial Jurídica Alva, C.A.Caracas.
WELZEL, Hans. (1980). Derecho Penal Alemán. Parte General. 11ª edición.
Ediciones Jurídicas del Sur. Santiago de Chile.
Referencias Legales
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA
CODIGO PENAL VENEZOLANO
CODIGO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL VENEZOLANO
CODIGO PENAL PARA LATINOAMERICA. Parte General
CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO
LEY ORGANICA DE HACIENDA PUBLICA NACIONAL
LEY ORGANICA SOBRE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
Y PSICOTROPICOS
LEY DEL TRABAJO
LEY DE ADUANAS
LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
LEY DE TIMBRE FISCAL
LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO
LEY GENERAL DE BANCOS Y OTROS INSTITUTOS DE
CREDITO
LEY DE VENTAS DE PARCELAS
LEY DE EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS

LEY DE MERCADO DE CAPITALES
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR
LEY PENAL DEL AMBIENTE
Ley OrgAnica de PrevenciOn, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
LEY DEL SUFRAGIO
LEY DE PARTIDOS POLITICOS
REGLAMENTO DE LA LEY DEL TRABAJO
REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO