Fernando Ortega, el hombre esperado

tativa atraviesa por una crisis de legitimidad, misma que es producto
de la voluntad ciudadana expresada en el voto universal, ya que no
cuenta con vínculos jurídicos que garanticen la interlocución y la adopción
de compromisos entre representante y representado, es decir,
entre electos y electores, y por consiguiente, no existe después de las
elecciones ninguna relación de representación o mandato, tampoco
ningun mecanismos de control efectivo.
Una definición de participación ciudadana, sin adjetivar aún el término
es la intervención (directa o indirecta) de distintos actores en la
definición de las metas de acción de una colectividad y de los medios
para alcanzarlas. Es un proceso social que genera la interacción o
relacionamiento de diferentes actores (individuales o colectivos) en la
definición de su destino colectivo. Esta interacción involucra, relaciones
de poder que se presentan en todos los espacios donde se despliegan
relaciones humanas y que tienen una incidencia mayor o menor según
los intereses, las valoraciones y las percepciones de los involucrados
en la interacción. Estas expresiones de poder generan tensiones y conflictos
que pueden tener un efecto positivo o negativo en los procesos
de participación. 1
Cuando hablamos sobre la pertinencia de una ley de participación
ciudadana, resulta inevitable analizar detalladamente cuál es su finalidad,
las motivaciones sustentadas que originan su construcción, y con
base a ella, determinar su interés público, que en todo caso, determinar
los vacíos legislativos en la materia y si se contrapone o no a los
derechos constitucionales, individuales y sociales ya establecidos, a fin
de determinar si es necesaria, y si la normatividad creada fortalece la
reconstitución del tejido social. Bajo estas premisas, analizaremos el
contexto sobre la Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana en el
Estado de Campeche.
La experiencia enseña que los partidos políticos generalmente son
renuentes a la intromisión de los ciudadanos en los asuntos públicos
y en la toma de decisiones. Entonces, resulta crucial apreciar que el
objetivo central de esta ley está orientado a limitar el poder del Estado,
y los funcionarios que gobiernan sus instituciones, mediante el control
de su actuación por parte de la sociedad civil, vigilando sus abusos y
violaciones a la legalidad vigente sometiéndolos al escrutinio público, y
en caso de perdérseles la confianza, revocarles el mandato.
Los partidos políticos ya no garantizan la participación ciudadana,
la representación política y los intereses colectivos de numerosas
organizaciones sociales, de modo que la interlocución ciudadana en
muchos casos sólo es viable y posible a través de canales distintos a los
partidos, a través de derechos creados por una nueva legislación y una
nueva interlocución institucional. Esto es resultado del débil proceso
institucional de legitimación hacia los representados (gobernadores,
presidentes municipales, regidores, síndicos y legisladores -diputados
y senadores-), en virtud de la renuncia y negativa a ser conducto de
la gestión social ante las instituciones del Estado de las demandas y
rezagos sociales, que en caso de ser atendidos satisfactoriamente, se
traducen en beneficios a toda la población.
Muchas veces, con demasiada frecuencia, los gobernantes y los
legisladores ejercen el poder que la ciudadanía les otorgó mediante
el voto, en provecho personal o del partido político que los postuló
abandonando las promesas o compromisos asumidos en campaña, o en
contra de estas. Ahora, en muchos países la democracia representativa
es complementada con la democracia directa. La primera resuelve el
problema de cómo formar gobiernos legítimos con mayoría de votos, en
tanto que la segunda resuelve el problema de qué hacer ante decisiones
políticas trascendentes en una coyuntura determinada.
Otro elemento que debemos enfatizar es que la aplicación de los
instrumentos de participación ciudadana no ponen en riesgo a las instituciones,
por el contrario, las fortalecen y las legitiman, y coadyuvan
a sustentar la gobernabilidad democrática de todo régimen político.
Desde otro ángulo, los intentos de controlar, mediatizar y enajenar la
participación ciudadana, a través de instrumentos dilatorios o poco
serios como la simulación o la retórica ornamental, rechazados por
el movimiento ciudadano, más que estimular la corresponsabilidad
ciudadana con los programas de gobierno y las políticas públicas, han
provocado con frecuencia enfrentamientos con la autoridad o condujeron
a la desmovilización ciudadana, e incluso han alcanzado el hartazgo
de propiciar la cancelación de toda interlocución real y constructiva con
las esferas gubernamentales.
Podría afirmarse sin temor a equivocación, los regímenes políticos
que disfrutan de mayor estabilidad democráctica no sólo disponen
de cauces institucionales que aseguran la consulta permanente de la
ciudadanía en la toma de decisiones sustantivas de las acciones de gobierno,
sino que además, cuentan con instrumentos para impedir que
los representantes electos a cargos de elección popular caigan en la
tentación de obedecer incondicionalmente los imperativos e intereses
de la partidocracia, y se alejen de los dictados del interés público y/o
social.
Los instrumentos de participación ciudadana son figuras de democracia
directa, que al margen que pueden y deben perfeccionarse
y profundizarse, resultan adecuados y pertinentes para resolver los
problemas de legitimidad y gobernabilidad que pudieran presentarse
en un período que transcurre entre un proceso electoral y otro, al
propiciar cauces institucionales para resolver probables conflictos
políticos, económicos y sociales que se presenten durante el quehacer
de gobierno.
Durante la última década ha estado presente la demanda reiterada de
numerosas organizaciones sociales en distintos puntos de la República
mexicana de lograr una legislación en materia de participación ciudadana.
La pertinencia de esta legislación corresponde a la actualización
de un nuevo tipo de cauce institucional que no pretende limitar, sino
encauzar las expresiones diversas, heterogéneas, autónomas y plurales
de la organización social, que son expresiones de las diferentes formas
de manifestarse de la sociedad civil organizada.
En primer término la iniciativa de ley está dirigida a presentar a
los legisladores del Congreso Local un panorama general del estado
que guarda la elaboración y aprobación de estas leyes en las entidades
federativas hasta el momento, enfocando la atención hacia las figuras
de democracia participativa, el referéndum, el plebiscito, la consulta
ciudadana, la revocación del mandato y la iniciativa popular como instrumentos
de participación ciudadana y como mecanismos de control democrático
de la sociedad civil en la gestión pública y vías de participación
de los ciudadanos, que voluntaria, individual o colectivamente, asumen
el compromiso de colaborar de manera honorífica con la administración
pública y en la toma de decisiones de los asuntos públicos.
2.-En torno al concepto
Participación Ciudadana
Por supuesto que las elecciones no agotan la participación ciudadana,
y que ésta alude a las diversas formas y mecanismos de expresión
de la sociedad civil organizada que reclama espacios de interlocución
institucional que generen alternativas de acciones en la toma de decisones
de los asuntos de interés público.
Son manifestaciones de la democracia participativa y deliberativa
que encuentran en las iniciativas ciudadanas los causes para la acción
conjunta de las políticas públicas entre los tres órdenes de gobierno, los
poderes Legislativo y Judicial y la sociedad civil. En suma, la teleología
del ciudadano es la participación plena en la deliberación de los asuntos
públicos del Estado.
La democracia representativa , también conocida como democracia
de partidos se encuentra en crisis, y con frecuencia son las organiza-
1.- Arzaluz Solano, Socorro. La participación ciudadana en el gobierno local mexicano. Algunas reflexiones teóricas sobre el concepto. 1999 (agosto). Pág. 3. www.iglom.iteso.
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