Fernando Ortega, el hombre esperado

dimiento de realización de mecanismos de participación ciudadana en el
Código Electoral; Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro,
Tabasco y Tlaxcala son entidades que consignan figuras de participación
en su Constitución Local, pero carecen de ley de participación ciudadana
o el procedimiento no está contenido en ella.
En particular este proyecto tiene como propósito revisar la estructura
jurídica, conceptual y los contenidos más importantes de las
leyes de Participación Ciudadana hasta ahora existentes (vigentes y en
proceso legislativo), analizando de manera particular sus componentes,
las posibilidades y limitaciones sobre los diversos enfoques téoricos de
las vías institucionales que posibilitan la intervención de la sociedad
civil en la corresponsabilidad de la toma de decisiones de los asuntos
públicos.
A nivel federal existen varias iniciativas de ley para legislar en materia
de democracia directa y participativa de los ciudadanos, que permanecen
hasta ahora en la congeladora legislativa. El 2 de febrero de 2000 el
grupo parlamentario del PAN presentó en la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión una Iniciativa para reformar del artículo 116 de
la Constitución Política para fin de establecer las figuras del plebiscito,
el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. Todas permanecen
en comisiones en espera de dictamen.
Haciendo un ejercicio comparativo, a nivel local existe un avance
gradual de la legislación estatal de la participación ciudadana que regulen
esta materia, con excepción de las entidades de Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Querétaro,
San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz no cuentan con ninguna ley
específica en materia de participación ciudadana. Michoacán, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Sinaloa y Sonora tienen registradas sus iniciativas
de ley en el Congreso, pendientes de dictaminar en comisiones.
Como podemos observar, existe una tendencia gradual en la adopción
de estos mecanismos de participación en las entidades federativas.
Hasta el momento 17 entidades cuentan con la ley en materia de
Participación Ciudadana vigente, y otras 6 se encuentran en proceso
de dictaminación en comisiones, tal como puede apreciarse en el anexo
cuadro 3.
Esta línea de trabajo tiene como propósito revisar los elementos
más relevantes de las Leyes de Participación Ciudadana, a partir de
cinco variables que permitan analizar los alcances y las limitaciones,
así como los diversos enfoques teóricos aplicables para comprender su
importancia en la consolidación de la legitimidad democrática.
Algunas legislaciones estatales imponen candados en la materia,
como prohibir que en el año en que se realicen las elecciones locales
o federales no podrán organizarse ningún plebiscito, referéndum o
consulta popular, asimismo, además no deberá llevarse a cabo más de
una de estas en el mismo año.
Ahora bien, de 17 entidades que tienen vigentes sus leyes de Participación
Ciudadana, 14 cuentan (nota: tenemos datos de 16 entidades)
con los tres principales instrumentos: plebiscito, referéndum e iniciativa
ciudadana, en tanto sólo 2 entidades cuentan con cuatro instrumentos
que agregan la figura de consulta ciudadana (Coahuila y el Distrito
Federal), mientras que sólo Chihuahua contempla la revocación de
mandato en su Constitución local, sin tener reglamentación o ley en
materia de participación ciudadana. Ninguna entidad incorpora en su
ley la revocación del mandato, aunque pueden identificarse numerosas
iniciativas de ley presentadas en los Congresos (locales y de la Unión)
que están en la congeladora.
La revocación del mandato es el instrumento hasta ahora totalmente
negado en las leyes estatales de participación ciudadana, ya que con
ello se faculta a los electores para demandar la destitución de algún
funcionario público electo mediante el sufragio popular, introduciendo
la pregunta respectiva en la papeleta de un referéndum revocatorio
antes de la finalización de su período.
Analizando la estructura y contenidos de las legislaciones estatales de
participación ciudadana se encontraron algunos elementos sustantivos
que habrá que destacar, entre ellos el organismo o institución al que es
solicitado el instrumento de participación y quien tiene tiene facultad
decisoria, encargado de calificar la procedencia o improcedencia de
las solicitudes que se presenten. Nadamás como muestra arrojó los
siguientes elementos:
• Chihuahua: Organismo Electoral
• Colima: Congreso del Estado
• Jalisco: Organismo electoral
• Morelos: Consejo de Participación Ciudadana,
de conformidad con el artículo 6º.
• Zacatecas: Organismo Electoral,
de conformidad con el artículo 11.
Consideramos importante resaltar que la organización, convocatoria
y realización de los ejercicios de democracia directa corresponden, en
todos los casos, al Instituto Electoral Local, y que los Tribunales Electorales
Estatales resolverán las controversias o impugnaciones que el
referéndum, el plebiscito o iniciativa ciudadana hayan generado.
Las leyes locales en la materia varían en relación al carácter vinculatorio
de los resultados alcanzados en las votaciones por las acciones
o decisiones a los titulares de los organismos o dependencias públicas,
algunas sujetas a que se obtenga la mayoría de la votación válidamente
emitida y ésta corresponda cuando menos a la tercera parte de los
ciudadanos inscritos en el padrón electoral local. En Durango, los
resultados del referéndum serán vinculantes, cuando hayan votado al
menos el 50% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal y que
más del 50% haya votado en el mismo sentido (artículo 30).
Por ejemplo, en Yucatán, el artículo 45 establece que los resultados
de las consulta tendrá efecto vinculatorio si participa al menos el 20
% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal; para Tamaulipas, de
conformidad con el artículo 3º los resultados de las consultas sobre estos
instrumentos no tendrán carácter vinculatorio para ninguna autoridad;
en Zacatecas, de acuerdo a su artículo 3º. en ningún caso los resultados
del referéndum, del plebiscito o del derecho de iniciativa, producirán
efectos vinculativos u obligatorios para las autoridades.
Otro aspecto relevante establecido en las leyes estatales es el requisito
que deberán cubrir los ciudadanos que suscriban la iniciativa,
debidamente identificados para solicitar a la institución competente
la aplicación del instrumento de participación, que regularmente está
relacionado con un porcentaje mínimo del listado nominal o del padrón
electoral vigente de la demarcación, que la ley estatal establece para
su procedencia:
• Aguascalientes: 5.0 % del listado nominal
• Baja California: 1.0% (plebiscito), 2.5% (reférendum)
e iniciativa popular 1000 ciudadanos del listado nominal
• Baja California Sur: 4.0% del padrón electoral
• Coahuila: 5.0% del listado nominal
• Colima: Iniciativa ciudadana y plebiscito, 4.0 %;
7.0 % referéndum
• Durango: 5.0% del padrón electoral
• Guanajuato: 3.0% del listado nominal
• Guerrero: 5.0% del listado nominal
• Jalisco: 2.5 % del padrón electoral
• Morelos: 10.0% del padrón electoral
• Tamaulipas: 1.0% del padrón electoral
• Yucatán: 10.0% del listado nominal en municipios con 3,000
ciudadanos inscritos; 8.0% con 5,000 ciudadanos;6.0% 10,000ciudadanos;
4.0% con 50,000 y 2% con más de 50,000.
• Zacatecas: 5.0% del padrón electoral
* Coahuila
En 2008 el Congreso del Estado modificó la Constitución Política
local y la Ley de Participación Ciudadana, vigente desde noviembre de