Fernando Ortega, el hombre esperado

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de Participación Ciudadana del Distrito Federal como un mecanismo de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo previo a una decisión del gobierno, o una ley aprobada por el Congreso. En la teoría política es posible descubrir varios tipos de referéndums, siendo los más importantes los siguientes: • Consultativo o facultativo, que tiene el propósito de averiguar la opinión colectiva en torno a determinado asunto). • Vinculante, cuando los órganos del Estado están obligados a acatar por ley la opinión mayoritaria popular, resultado de la consulta aplicada. • Referéndum constitucional, para aprobar o rechazar enmiendas y/o ampliaciones a la Constitución Política federal o local. • Referéndum revocatorio de mandato, para dar por terminado el mandato de un diputado/senador o de alguna autoridad electa por mandato popular antes de la conclusión de su período legal. • Por su origen el referéndum puede ser considerado: Desde arriba, cuando los órganos estatales son quienes lo ponen en marcha, o desde abajo, cuando nace de una iniciativa ciudadana. Respecto al Plebiscito es la consulta que se hace a los ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo a los actos de sus representantes sobre asuntos que se consideren trascendentales para la vida pública, en donde deciden en una elección entre dos posibles alternativas, entre el si o el no. El concepto de plebiscito se deriva de la palabra latina plebe, es decir, que se convoca al pueblo para verificar una decisión pública de relevancia social. Este podrá interponerse contra actos de gobierno del Ejecutivo federal o estatal, los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos y sus dependencias, cuando por su relevancia pudieran alterar de manera trascendente, el desarrollo económico, ecológico, político o social de la República, la entidad o del Municipio, según sea el caso. Por otra parte, la Consulta ciudadana, es un instrumento de participación comunitaria que permite a los ciudadanos emitir su opinión y/o propuestas de solución a asuntos de interés público o problemas nacionales, locales o comunitarios del lugar de residencia. En México la consulta ciudadana es un mecanismo de decisión que prevé la Constitución en el artículo 26, pero sólo en los casos que la ley define, en particular para la elaborar el Programa Nacional de Desarrollo. Recientemente, el 17 de agosto del año en curso, Campeche fue escenario de un ejercicio de Consulta ciudadana relacionada con la reforma energética organizada por los partidos que integran el FAP, que desgraciadamente tuvo escasa concurrencia de la ciudadanía, y que dio pauta a múltiples sospechas de manipulación de cifras, poco confiables y creíbles, dada la nula vigilancia y reducida participación de la mayoría de las organizaciones del movimiento ciudadano. A nivel federal en México no existe ninguna ley vigente que regule los mecanismos la revocación del mandato ante un eventual caso de crisis de legitimidad o pérdida de confianza de gobernantes y/o legisladores, aunque en distintas legislaturas fueron presentadas al menos siete iniciativas de ley proponiendo legislar en la materia. El término revocar tiene su origen en el latín revocare y hace referencia al acto unilateral que emana de una voluntad que se rectifica. Su significado según el Diccionario de la Real Academia Española es: dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución. Por mandato entiende el propio Diccionario el encargo o representación que por la elección se confiere a los diputados, concejales, etc. Sin embargo, existen algunos antecedentes que es pertinente mencionar. El 3 de febrero de 1983 fue reformada la Constitución para incorporar dos reformas constitucionales: una al artículo 26, que incluyó la figura de consulta popular y, otra en el artículo 115, que establece la revocación de mandato de las autoridades municipales. Esta es una reforma para establecer una figura proveniente de una facultad senatorial relacionada a la desaparición, suspensión y revocación de los poderes de los ayuntamientos, una forma de iniciativa popular para remover a dichas autoridades, que representan un avance en el reconocimiento de los instrumentos de participación ciudadana, pero es a todas luces aun insificiente. En las legislaciones estatales de ley de participación ciudadana ninguna contempla la revoción de mandato. Sin embargo, la Constitución Política del Estado de Chihuahua establece esta figura en su artículo 21, fracción I, para el titular del Poder Ejecutivo, pero no existe en su Ley de Participación Ciudadana la reglamentación correspondiente. México cuenta con una forma de gobierno de tipo presidencial, una de sus características es que el Titular del Poder Ejecutivo es electo a través del sufragio efectivo. Sin embargo, si éste enfrenta una crisis de confianza por la errónea instrumentación de las políticas públicas, no existe ningún instrumento Jurídico-Constitucional para que los ciudadanos le revoquen el mandato a través de un referéndum. Frente a los recientes problemas relacionados con las políticas públicas del país, tales como la inseguridad, la pobreza, la legitimidad de la actual administración, entre otros aspectos de la vida nacional, es importante considerar la existencia de mecanismos de revocación del mandato. Este instrumento será un mecanismo que el electorado podrá utilizar para destituir del mandato al servidor público, ante una crisis de confianza en el ejercicio de sus funciones o para legitimarlo en su cargo. 5 La Revocación del Mandato, es el derecho de la ciudadanía de separar de su cargo a los servidores públicos que acceden a su cargo mediante el voto y que no cumplen con sus promesas de campaña, que fallan a la confianza que el electorado les depositó, o que incurren en conductas graves que atentan contra el buen ejercicio de gobierno durante su encargo. En México el tema de la revocación del mandato adquiere especial relevancia, a partir del arribo del presidente de la República Felipe Calderón en condiciones de sospecha de un fraude electoral que lo coloca en condiciones de ilegitimidad para amplios sectores sociales. Se hace evidente que una democracia basada exclusivamente en el ejercicio electoral de cada tres y seis años, altamente influida por los medios de comunicación masiva y cargada de promesas mentirosas y de omisiones dolosas, no cumple con el objetivo de constituir un gobierno del pueblo para el pueblo. Es en sentido estricto, la respuesta a la necesidad que los representantes electos a cargos de elección popular rindan cuentas de su actuación a sus representados y que estos puedan revocarle la titularidad al cargo en un determinado momento. Sería la vía jurídica, ante una eventual crisis de gobernabilidad, tal como se presentó en el 2006 en Oaxaca. Tomando en cuenta el impacto que la revocación del mandato tiene para la gobernabilidad y la gobernanza en una demarcación, las leyes locales que incorpora este instrumento de participación ciudadana interponen candados. Será procedente cuando haya transcurrido la tercera parte o más del periodo para el cual fue electo el funcionario. La solicitud de revocación deberá estar suscrita cuando menos por un porcentaje que varía del 5.0 al 10% de los ciudadanos en el listado nominal del Estado, el distrito, el municipio, según se trate de remover al gobernador, los diputados, los presidentes municipales, regidores o síndicos, respectivamente. Cabe mencionar que la revocación del mandato está instituida en la Constitución Política de algunos países de América Latina, entre ellos Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. En el primer país, todos los 5.- Valdés Robledo, Sandra. La revocación del mandato como un instrumento de la sociedad mexicana para destituir al titular del Poder Ejecutivo Federal frente a una crisis de confianza. Cámara de Diputados/Universidad Autónoma de Nuevo León. México. 2008 (septiembre). Pág. 16.
cargos de elección popular son revocables, incluyendo a los titulares del Poder Ejecutivo. Se llevan a cabo mediante el reféndum popular, y los requisitos establecidos son: Haber transcurrido al menos la mitad del período para el cual electo y que sea solicitado por el 20 por ciento de los electores inscritos en el padrón. Recientemente, en Bolivia, el presidente Evo Morales fue sometido a un procedimiento de revocación del mandato que ganó, y siendo ratificado en el cargo. Por su parte, la Constitución de Ecuador de 1998, tiene incorporado esta figura de democracia directa en su artículo 26, como uno de sus elementos innovadores del derecho general, es decir, no circunscrito al ámbito local y regional, de revocar el mandato que los ciudadanos confieran a los dignatarios de elección popular. Finalmente, la Iniciativa Popular está relacionada con el derecho fundado en el marco jurídico, que tienen los ciudadanos para presentar proyectos de creación, modificación, abrogación, decretos reformas de reglamentos administrativos, leyes o incluso a la Constitución. Con este derecho el Estado abre la posibilidad de que los ciudadanos organizados participen directamente en el proceso legislativo, al margen de los partidos políticos, subsanar las omisiones, la exclusión en la elaboración de iniciativas de ley, las carencias y deficiencias, y de esta manera llenar un vacío, en el desempeño legislativo de los representantes electos mediante el voto popular. La iniciativa popular, también reconocida como iniciativa ciudadana esta referida a que cierto número de personas puedan presentar una petición, avalado por sus firmas para que sea tome a consideración política sobre un determinado asunto público a nivel federal o estatal, pero también en el ámbito municipal, como puede ser una reforma del bando municipal, o incluso los reglamentos vigentes de la vida municipal. En el ámbito internacional, México es uno de los pocos países que no cuentan con una legislación federal que reconozca los instrumentos de participación ciudadana y la organización de sistemas democráticos directos, y que en la Constitución Política no se encuentra ningún apartado sobre el tema, junto con Honduras, Costa Rica y República Dominicana, que son las únicas naciones del continente que no poseen una legislación de esta naturaleza. Por el contrario, numerosos países han adoptado en mayor o menor medida los mecanismos de participación ciudadana (consulta popular, Iniciativa popular, plebiscito, referéndum y revocación de mandato) y los han incorporado en sus constituciones federales y locales. Una breve lista alfabética de países da los siguientes resultados: • Alemania, incorpora la iniciativa popular y/o legislativa y el referéndum, figuras que plasma en el artículo 73 de la Constitución. • Argentina, la consulta popular (artículo 40), así como la iniciativa popular y/o legislativa y referéndum (artículo 39). • Australia, la iniciativa popular y/o legislativa (artículo 41); • Brasil, la iniciativa popular y/o legislativa, plebiscito y referéndum (artículo 14). • Canadá, plebiscito y referéndum. • Chile, plebiscito (artículos. 5 y 18). • China, la iniciativa popular y/o legislativa y referéndum. • Colombia, consulta popular (artículos 103 y 376), la iniciativa popular y/o legislativa (artículos 103,105 y 376), plebiscito y revocación del mandato (artículo 103), referéndum (artículos 103 y 377) y rendición de cuentas. • Corea del Sur, referéndum. • Costa Rica, la iniciativa popular y/o legislativa (artículo 288) y plebiscito (artículo 22). • Cuba, consulta popular, la iniciativa popular y/o legislativa (artículo 86), plebiscito, referéndum (artículos 73, 82-83); rendición de cuentas (artículo 66), revocación del mandato (artículo 66). • Ecuador, consulta popular (artículo 79) y la iniciativa popular y/o legislativa (artículos 66 y 149) y revocación del mandato (artículo 26). • Estados Unidos, la iniciativa popular y/o legislativa, plebiscito, referéndum y la revocación de mandato. • Francia, consulta popular (artículo 11), plebiscito y referéndum. • Gran Bretaña, plebiscito. • Guatemala, consulta popular (artículos 173 y 280) y la iniciativa popular y/o legislativa (artículo 277). • Italia, la iniciativa popular y/o legislativa (artículo 71). • Nicaragua, plebiscito (artículos 167 y 172) y referéndum (artículos 167 y 172). • Paraguay, la iniciativa popular y/o legislativa (artículo 123) y referéndum (artículos 121-122). • Panamá, consulta popular (artículo 310) y referéndum (artículo 308). • Perú, la iniciativa popular y/o legislativa (artículos 31-32), referéndum, rendición de cuentas y revocación de mandato. • Suiza, la iniciativa popular y/o legislativa (artículos 12 y 90) y referéndum. • Uruguay, la iniciativa popular y/o legislativa (artículo79), plebiscito (artículo 331) y referéndum (artículos 79, 322 y 331); y, • Venezuela, revocación del mandato (artículo 72), la iniciativa popular y/o legislativa (artículo 165) y referéndum (artículo 246). En Perú, la Ley No. 26300 (Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos) señala que son derechos de participación de los ciudadanos aquellos referidos a la iniciativa de reforma constitucional, iniciativa en la formación de leyes, referéndum, iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales, y aquellos otros mecanismos de participación establecidos en la misma ley en el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. Así también se señala que son derechos de control de los ciudadanos los referidos a revocatoria del mandato de autoridades, demanda de rendición de cuentas, y aquellos otros mecanismos de control establecidos en la misma ley en el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. 4.-Leyes de Participación Ciudadana estatales. Análisis Comparativo Durante el gobierno del presidente Vicente Fox tuvo lugar un proceso de innovación legislativa en pro de la transparencia del ejercicio de gobierno, que fue precedido de una intensa campaña de la sociedad civil organizada y después respaldada por todos los partidos políticos, al aprobarse la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Inmediatamente después, fueron aprobadas las leyes respectivas en las entidades federativas. Respecto a la importancia de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte del gobierno, son parte medular de la participación ciudadana, pues de ésta depende en gran medida de la información con la que los ciudadanos cuenten, ya que su objetivo está orientado precisamente a someter al escrutinio público todos los actos de gobierno, y que en última instancia sea reflejada en la calidad de vida de la población. Otro complemento importante de este entramado jurídico está relacionado con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Un primer elemento a tomar en consideración está relacionado con la vigencia de alguna ley de Transparencia y Acceso a la Información, ya que de alguna manera es un instrumento de participación ciudadana. A manera de comentario, es importante destacar que solamente 3 entidades de la República, Campeche, Nayarit y Sonora no contemplan ningún instrumento de participación ciudadana directa en su Constitución Local, y que no cuentan con su respectiva ley en la materia. Adicionalmente, el Estado de Chihuahua tiene establecido el proce-
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