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En noviembre del 2007 el Programa Nacional de Resarcimiento presento
el informe La Vida no tiene Precio en el cual señalaba que se han entregado
compensaciones económicas a mas de 10 mil beneficiarios, en casos de
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violación sexual y víctimas
de tortura; además del aporte a la dignificación de víctimas del conflicto armado
interno, exhumaciones y monumentos en comunidades.
B) A los niños que tienen conflictos con la justicia:
La administración de la justicia de menores.
REFERENCIA
a. ODHAG, Informe 1997, Derechos de
la Niñez, Guatemala 1998, pp. 18
b. Ibid.
El problema de la adolescencia en conflicto con la ley, se deriva de la situación
de pobreza, la falta de oportunidades de estudio, trabajo y recreación, y la
descomposición familiar, que son factores que provocan que cientos de personas
sean expulsadas hacia las calles a muy temprana edad. El hambre, la falta de
controles familiares y la asociación con grupos de delincuentes, impulsa a estos
jóvenes a que cometan actos que van contra la ley.
El Artículo 133 de la LPINA, establece que es adolescente en conflicto con la ley
penal, aquel que se encuentran comprendido entre trece y menos de dieciocho
años de edad, al momento de incurrir en una acción en conflicto con la ley penal
o leyes especiales. Los demás Artículos que tienen que ver con los adolescentes
en conflicto con la justicia, se mencionan en la Sección II (Definición del Niño)
de este documento.
Al entrar en vigencia la LPINA a mediados del 2003 los diversos operadores
del sector justicia: el Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la
Defensa Pública Penal, Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional Civil
y la Secretaría de Bienestar Social iniciaron esfuerzos por hacer operativa la ley.
REFERENCIA
La Ley de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia: Una aproximación
a sus principios, derechos y garantías,
Guatemala, 2004, p. 1.
Por parte del Organismo Judicial se creó la Sala de la Niñez y Adolescencia, el
Juzgado de Ejecución de Medidas y asignado las nuevas funciones a los Juzgados
de la Niñez y Adolescencia y a los Juzgados de Adolescentes en Conflicto con
la Ley Penal. Además remodeló el edificio sede de los Tribunales de la Niñez
y la Adolescencia en la capital, así como los edificios de las sedes regionales de
dichos tribunales, como parte de las acciones requeridas por la ley. En adición,
dado que se asignan nuevas responsabilidades a los Jueces de Paz en la LPINA, el
Organismo Judicial y UNICEF en un proyecto conjunto han implementado una
amplia capacitación y actualización dirigida a estos funcionarios en todo el país,
orientación que incluye también a Fiscales del Ministerio Público, Defensores
Públicos, Comisarios de la Policía Nacional Civil, funcionarios y empleados de la
SBS y de la Procuraduría General de la Nación.
Actualmente únicamente existen juzgados de primera instancia competentes
para conocer casos de adolescentes en conflicto con la ley penal en ocho de los
veintidós departamento del país y la mayoría tiene doble competencia material,
es decir conocen procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal y de
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