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CONCLUSIONES
La creación de instancias e instituciones de los últimos años no necesariamente ha
implicado el fortalecimiento de la institucionalidad a favor de la niñez y la adolescencia.
El intento de fortalecer la institucionalidad por medio de la instalación de la Comisión
Nacional de la Niñez y Adolescencia –CNNA- se ha quedado en ello, una declaración
de buenas intenciones, ya que las últimas acciones gubernamentales demuestran lo
contrario al congelar su presupuesto, debilitar su equipo técnico y neutralizar su acción
política.
Las instituciones que conforman el sistema de protección jurídica a la niñez y
adolescencia enfrentan limitaciones de tipo humano, técnico y financiero lo cual
ha limitado el cumplimiento de las funciones y atribuciones que le establecen el
ordenamiento jurídico del país haciendo que la vulneración de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes sea una constante.
Aunque ha mejorado la voluntad política de informar al Comité sobre los avances en
la implementación de la Convención, el contenido de los informes oficiales no ha sido
difundido al público en forma amplia, sino que se ha restringido a organizaciones
interesadas en la temática, si bien se reconoce una apertura en cuanto a compartir
la información. Tampoco ha existido un proceso extenso de consulta con las
organizaciones de la sociedad civil para su preparación, pero si se incluye su aporte en
la aplicación de la CDN. Tampoco se la ha dado divulgación a las actas resumidas y
observaciones finales del Comité de Derechos del Niño.
No obstante ha habido algunos avances, todavía hay una interpretación errónea en
relación a los principios que establece la Convención, principalmente en cuanto se refiere
al interés superior del niño, por lo que no siempre las decisiones se toman en beneficio de
los niños y las niñas y algunos jueces continúan aplicando medidas según su criterio y no
conforme a lo que establece la ley de protección integral.
El Estado no ha impulsado ninguna reforma a la legislación nacional a fin de que la edad
mínima de las niñas y los niños para contraer matrimonio sea la misma. Se mantiene lo
establecido en el Código Civil, de 16 años para los hombres y de 14 años para las mujeres,
con el consentimiento de sus padres
En Guatemala persiste una cultura que no reconoce a los niños, niñas y adolescentes
como sujetos sociales y de derechos, lo que se manifiesta en el maltrato y abuso sexual
y en la legitimación de formas de educación maltratante tanto en la familia como en las
instituciones y la comunidad.
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