estado libre asociado de puerto rico tribunal general de justicia

Ramón Torres Valentín, et. als.
vs.
E.L.A., et. als.
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ISCI200602126
En el derecho administrativo (Derecho que regula las agencias de Gobierno),
los tribunales tienen la obligación de guardar la más profunda deferencia a las
agencias administrativas en los asuntos ante su consideración en las materias sobre
las cuales dichas agencias tienen una más vasta y profunda experiencia y
conocimiento. Véase, Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993).
A pesar de la deferencia que normalmente muestran los tribunales hacia esta
facultad de reglamentación de las agencias y la presunción de validez y de
regularidad que se otorga a sus determinaciones, en última instancia, compete a los
tribunales, examinar la validez jurídica de las actuaciones de esas entidades
administrativas. Véase, Asociación de. Residentes Park Side, Inc. v. J.P., 147
D.P.R. 277 (1998).
Esa función de los tribunales de revisar las actuaciones cuasi legislativas de
las agencias va dirigida a evaluar: (1) si la actuación administrativa está autorizada
por la ley; (2) si se delegó el poder de reglamentación; (3) si la reglamentación
promulgada está dentro de los amplios poderes delegados; (4) si al aprobarse el
reglamento se cumplió con las normas procesales de la ley orgánica y de las leyes
especiales; y (5) si la reglamentación es arbitraria o caprichosa. Véase, Asociación
de Farmacias de la Comunidad. v. Departamento de Salud, 156 D.P.R. 105
(2002).
En lo aquí pertinente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que
no todas las reglas que aprueban las agencias administrativas tienen que cumplir
con los requisitos de notificación y de oportunidad de recibir comentarios que
establece LPAU. Las reglas interpretativas, por ejemplo, las reglas internas o
aquéllas que establecen política pública, entre otras, no tienen que cumplir,
Departamento de Asuntos al Consumidor sobre el Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes