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Ramón Torres Valentín, et. als. vs. E.L.A., et. als. 24 ISCI200602126 asociación. Además, la referida “Carta Circular” le impone obligaciones a los residentes para ejercer sus derechos constitucionales de expresión y de asociación. Por otro lado, en relación al contenido de la “Carta Circular”, en la misma se menciona que se constituirá un Comité Evaluador, el que según su texto, será el que finalmente determine si se concede la autorización para realizar o no, el mural que propongan los residentes. Es decir, que el Comité Evaluador, conforme la Carta Circular 2006-48-A, será el encargado de evaluar la propuesta del mural que interesan pintar los residentes, y éste tendrá la última palabra respecto si se autoriza o no el mismo. Para el 17 de diciembre de 2006, fecha en que los artitas pintaron el mural a petición de al menos dos (2) residentes del Residencial Candelaria de Mayagüez, el Comité Evaluador no estaba constituido, sino que el mismo se constituyó posteriormente mediante la Carta Circular 2006-64 de 22 de diciembre de 2006. En otras palabras, el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública pretendían aplicarle una reglamentación a los residentes del Residencial Candelaria, que era inexistente porque el reglamento, en este caso, la Carta Circular 2006-48-A, era inválida por no cumplir con la L.P.A.U. Por tanto, las agencias referidas, querían que los residentes cumplieran con una reglamentación con la cual ni siquiera ellos mismos cumplían pues aún si fuera válida no estaba constituido el Comité Evaluador. Por último, en relación a la obligatoriedad de someterse al proceso de requisito de permiso para la pintura del mural que nos ocupa, en la circunstancia particulares del presente caso, en las que hemos determinado no existía reglamentación válida para el 17 de diciembre de 2006, el tratadista Laurence H. Tribe en su obra “American Constitucional Law” 2nd. Ed., (1988), Chapter 12, Section 12-35, en la página 1043, señala lo siguiente:
Ramón Torres Valentín, et. als. vs. E.L.A., et. als. 25 ISCI200602126 “If a statute or regulation is void on its face because it is unconstitutionally overbroad or impermissible vague or both, an individual may refuse to comply with the law’s requirements and still raise the law’s facial invalidity as a defense in a subsequent prosecution under it”. Véase, Shuttlesworth v. Birmingham, 394 U.S. 147 (1969). En cuanto al aspecto constitucional del caso, los peticionarios señalan que se atenta contra su derecho a la libre expresión y a la libre asociación, puesto que se les quiere prohibir que expresen su sentir respecto a la conducta que ellos alegan exhibe la Policía referente a sus personas. En otras palabras, plantean que la solicitud de los peticionados para que se borre el mural constituye una censura previa, pues, de haber sido otro tipo de dibujo (otro contenido) el que pintaron los dos artitas a petición de los residentes, ello no hubiese provocado la reacción que tuvieron los peticionados de borrar el primer mural. Para esta discusión, es preciso examinar el tipo de foro que es la cancha del Residencial Candelaria de Mayagüez, PR, lugar en el cual se pintó el mural. Veamos. El presente caso plantea un aspecto novel en cuanto a la limitación o restricción de la libertad de expresión en residenciales públicos. El mismo es distinguible de los hechos analizados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Ossorio Ruiz v. Srio. De la Vivienda, 106 D.P.R 40 (1977). Allí, la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV) contrató a Ossorio Ruiz para que éste pintara ciertos murales en las paredes de varios edificios del residencial público. Posteriormente, y una vez terminado los mismos, la CRUV quiso restaurar y retocarlos. Por ello el caso planteó cuestiones vitales sobre la protección a la propiedad intelectual y no fue analizado desde la perspectiva de la libertad de expresión lo cual si se requiere en el caso ante nuestra consideración. Incluso aún cuando se reconociera, como efectivamente reconoció el Tribunal Supremo en Ossorio Ruiz, antes citado, que los demandados tienen el derecho y la obligación
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