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Ramón Torres Valentín, et. als. vs. E.L.A., et. als. 26 ISCI200602126 de conservar la propiedad en el debido grado de frescura y limpieza aún así se hace necesario determinar si ese derecho podría o no afectar el derecho a la libertad de expresión de los residentes del Residencial Candelaria de Mayagüez, Puerto Rico. 9 El Artículo II, Sección 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 L.P.R.A., consagra los derechos de libertad de prensa y de expresión como pilares fundamentales de esta sociedad democrática. La esencia de ambos derechos estriba en que el Estado no puede restringir de forma arbitraria el contenido de las publicaciones ni coartar la capacidad del ser humano para expresarse con libertad. Véase, Coss y U.P.R v. CEE, antes citado. A estos efectos dispone la Carta de Derecho de nuestra Constitución que “No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacifica y a pedir al gobierno reparación de agravios”. Véase, 1 L.P.R.A., Art. II, Secc. 4. A su vez los derechos de libertad de expresión y de prensa no sólo protegen el contenido del mensaje, sino el medio y lugar donde se ejercite. Para delimitarlos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos desarrolló la doctrina de los foros públicos la cual fue acogida posteriormente por nuestro Tribunal Supremo. Véase, Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., 460 US 37 (1983), Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R 229 (1988), U.N.T.S v Srio. De Salud, 133 D.P.R 153 (1993) y casos allí citados. Dicha doctrina, la cual expondremos a continuación, identifica tres tipos de propiedad pública. El primer grupo lo componen aquellos lugares que por tradición han sido dedicados a la reunión pacífica y al debate público, tales como las calles, las aceras y los parques. A estos lugares se les denomina “foros públicos tradicionales”. En ellos, el
Ramón Torres Valentín, et. als. vs. E.L.A., et. als. 27 ISCI200602126 Gobierno no puede prohibir de manera absoluta el ejercicio de la libertad de expresión. Solo puede reglamentar el tiempo, lugar y el modo de expresarse. U.N.T.S v Secretario de Salud, antes citado. El segundo grupo, lo componen los “foros públicos por designación”. Este grupo se compone de aquellas propiedades públicas que el Gobierno ha abierto a la actividad expresiva o que sirven como canal de comunicación para uso del público. Una vez abiertos, aplican a éstos las mismas limitaciones al poder gubernamental de reglamentar la expresión que se emplean en los foros públicos tradicionales. U.N.T.S v Secretario de Salud, ante. Los foros públicos designados existen cuando el Estado intencionalmente abre un foro no público para la comunicación pública. Moore v. City of Van, Texas, 238 F. Supp. 2d 837 (E.D. Tex. 2003) y casos allí citados. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha determinado que las siguientes propiedades pertenecen a esta categoría, a saber, las facilidades universitarias para reuniones generalmente abiertas para el uso de estudiantes, los teatros escolares abiertos al público y los auditorios municipales. Moore v. City of Van, Texas, ante. Por otra parte, dentro de esta categoría, el Gobierno puede designar “foros públicos limitados”. En éstos, la propiedad se abre para propósitos específicos, tales como la discusión y el intercambio de ideas por ciertos grupos o sobre ciertos temas. U.N.T.S v Secretario de Salud, ante. Distinto al foro público por designación, el cual requiere un escrutinio estricto, en éstos el Estado tiene que justificar su uso limitado basado en la razonabilidad, igual que en los foros no públicos. Good News Club v. Milford Center, 533 US 98 (2001); Moore v. City of Van, Texas, 238 F. Supp. 2da. 837 (E.D. Tex. 2003)supra; Daily v. New York City 9 En Ossorio Ruiz, antes citado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, le reconoció a la CRUV este derecho, pero
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