Globalización, procesos migratorios y estado en Chile - Choike

CHILE
Globalización, procesos migratorios y estado en Chile
pública, de manera de facilitar la acogida e integración de dichas comunidades.
ESTADO E INMIGRACION
«Reflexionar sobre la inmigración, es reflexionar sobre el Estado y
es el Estado que reflexiona sobre si mismo cuando reflexiona sobre la
inmigración “14
Los Estados son instancias políticas que asignan y garantizan derechos e
imponen obligaciones, distinguiendo sujetos de derecho y objetos de derechos. En
otros términos el Estado es el marco jurídico y administrativo en el que se ejerce los
derechos y obligaciones y es el que define el alcance de la ciudadanía. En este sentido,
es capital el reconocimiento que haga de los extranjeros y su relación con los
nacionales y, sobretodo respecto de los derechos de cada uno.
Pero en la nueva coyuntura internacional resulta insuficiente afirmar la soberanía del
Estado en la formulación de la política inmigratoria. Tampoco da cuenta de la realidad,
enfatizar el rol declinante del Estado como consecuencia de los procesos globalizadores
en lo que respecta la regulación económica. Según Sassen15 el “Estado es
la institución estratégica para los cambios legislativos y las reformas necesarias para
la globalización.“ El Estado sigue jugando un rol fundamental, aunque diferente.
El sentido común pretende que el éxito o fracaso de una política migratoria o del proceso
de inclusión o integración de la población migrante a la sociedad receptora, es
responsabilidad exclusiva de los migrantes. Como si el Estado fuera un espacio neutro
e inactivo sin impacto en las condiciones en que se desarrolla el proceso migratorio
y en las condiciones de vida para los y las migrantes. “(….) como si el Estado
que acoge a los migrantes fuera un espacio transparente e inactivo, como si las estructuras
sociales y nacionales fueran inoperantes sobre el proceso en curso”16.
Las políticas inmigratorias centradas en la responsabilidad individual del migrante tratan
de ignorar que la inmigración es, a lo menos parcialmente, el resultado de las
acciones de los gobiernos y de los principales actores sociales y económicos de los
países receptores. Del mismo modo estos actores incidirán de manera eficaz en lo
que será la política inmigratoria de sus propios Estados. Entre estos actores es importante
señalar las acciones y posiciones de vastos sectores políticos defensores de los
derechos de los inmigrantes, redes de apoyo y defensa de éstos y de defensores de los
derechos humanos, organizaciones de inmigrantes, sindicatos, organizaciones gremiales
y patronales, acciones y posiciones anti-inmigrantes y xenófobas, la opinión
pública en general y el debate público son parte del escenario en el que el juego de
alianzas y de relaciones de fuerza y de poder en el que se define el bien común y se
define la política inmigratoria. Este debate va estructurar los obstáculos y facilitadores
para la integración e inclusión de la población inmigrante.
Pero a estos factores que definen el escenario nacional hay que agregar otros factores
que han modificado el rol del Estado y su capacidad de regulación y de formulación
de la política inmigratoria. Sassen identifica dos aspectos significativos: la creación
de organizaciones supranacionales en las que se ha delegado parte de la autoridad
estatal, tales como la OMC, acuerdos regionales como el Pacto Andino o el
MERCOSUR para nuestra región; y luego la existencia de nuevos Tratados y
Convenciones de Derechos Humanos ratificados por los Estados. Así, “las condiciones
dentro de las cuales se elabora y se implementa la política inmigratoria en la
actualidad van desde la presiones de la globalización económica y sus implicaciones
para el rol del Estado hasta los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, el
marco institucional dentro del cual la política inmigratoria es elaborada va desde los
Estados nacionales y Estados locales, hasta los organizaciones supranacionales”17.
Las estructuras sociales del Estado receptor incidirán en las relaciones de género de
los y las migrantes consolidando o cuestionando las relaciones de poder entre los
géneros vigentes en la sociedad de origen. A su vez, que la migración sea fundamentalmente
masculina o femenina, el Estado deberá responder diferentemente a esta
población, asumiendo que requieren de políticas públicas coherentes con sus necesidades
y demandas.18
El encuentro en la ciudad de dos nuevos actores internacionales relevantes como los
son el gran capital y la población migrante que de alguna manera desnacionaliza el
espacio urbano permite, sostiene S. Sassen, plantearse la pregunta ¿de quién es la ciudad.
Esta situación abriría nuevas demandas y nuevos derechos, lo que permitiría, a
su vez, plantearse la necesidad de pensar en una nueva ciudadanía.
Para cualquier Estado —y para cualquier sociedad— la presencia de trabajadores y
trabajadoras inmigrantes impone el debate sobre el alcance de los derechos políticos,
civiles y sociales. En definitiva, la inmigración plantea una interrogación respecto del
principio de igualdad y sobre quién puede reivindicar este principio que, por lo
demás, está en los fundamentos mismos de todo Estado democrático.
La reivindicación del principio de igualdad plantea un conflicto de intereses sociales,
políticos y simbólicos. Sociales, pues reivindica la participación en la repartición de
bienes y acceso a los recursos; conflicto político, en el sentido de la participación en
el ámbito de las decisiones y, finalmente, un conflicto simbólico por la incorporación
en el Estado nacional de los símbolos del pluralismo cultural. La tensión provocada
en el ámbito simbólico impacta más o menos según la representación social que el
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