Globalización, procesos migratorios y estado en Chile - Choike

CHILE
Globalización, procesos migratorios y estado en Chile
Estado vehicula respecto de si mismo. Así, más complejo será si la representación de
si mismo es la de una sociedad homogénea. De este modo, las representaciones
sociales que transmiten los Estado y las sociedades van a facilitar u obstaculizar la
integración de trabajadores migrantes y la reivindicación del principio de igualdad.
En definitiva, para el caso de Chile, una política de igualdad de derechos correspondería
para el Estado a una revolución simbólica pues le impondría otra representación
social a un Estado que se piensa homogéneo y que a menudo niega su propia
diversidad y que rechaza pensarse como un Estado de inmigración.
Un Estado que no se reconoce como receptor de inmigración, intenta ignorar la presencia
de nuevos actores sociales, deslegitimando así cualquier reivindicación de
derechos civiles, políticos y sociales, esos tres pilares de los que T. Marshall19 establece
como constituyentes de la ciudadanía. Una ciudadanía concebida no sólo
como un derecho sino también como un estatus que implica, necesariamente, un
reconocimiento público de aquel que lo posee.
Por esto afirmamos que la igualdad de derechos es un discurso político y que en las
sociedades modernas es ella la que define el carácter democrático del Estado.
POLITICAS GUBERNAMENTALES DE INMIGRACION
Es indudable el papel central que ha jugado el Derecho como hacedor de
hegemonía y moldeador de subjetividades, a partir de la imposición de conceptos, y
distintos tipos de roles. Por este motivo, nos hemos propuesto examinar la legislación
y reglamentación migratoria en Chile.
La política inmigratoria del naciente Estado chileno cumplió dos objetivos centrales
de orden político-económico:
1) Repoblamiento y control territorial,
2) Desarrollo agrícola e industrial, para los cuales el gobierno seleccionó a
población europea y creó una fuerte institucionalidad que perdura hasta
hoy en día.
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS
La naciente República chilena —principios del siglo XIX— al repoblar bastas
zonas deshabitadas del territorio nacional pretendió consolidar la soberanía estatal a
través del control espacial y contribuir al desarrollo de los sectores agrícolas —a
mediados del siglo XIX— e industriales —al finalizar la misma centuria—, para adap-
tarse al modelo económico internacional. El Estado no podía consolidarse en el
marco de una sociedad fragmentada, con un conflicto territorial por amplias extensiones,
de lo que hoy corresponde a la IX región de la Araucanía, propiedad ancestral
del pueblo mapuche, y que este defendió en una larga lucha de trescientos cincuenta
años contra los conquistadores españoles primero: de 1541 a 1810, y luego
contra los chilenos: entre 1810 y 1881, y que finalizó con su definitiva integración al
territorio nacional en 1883 con la llamada “pacificación de la Araucanía”: la sangrienta
entrada del ejercito chileno. El pueblo mapuche y en general, la imagen del
indígena representaba la barbarie a la cual se debía desterrar. De este modo la inmigración
europea venia a aportar las características del chileno deseable, objetivo que
se conseguiría mediante una selectiva política de inmigración exclusivamente europea
que fue promovida por el Estado. Así el contingente europeo —visto en aquel
entonces como el instrumento de progreso y desarrollo social— seria el único capaz
de integrar y reactivar económicamente la Araucanía, otras zonas despobladas y otros
centros urbanos, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la “raza chilena”, como
quedaba señalado en las premisas de la Ley del año 1954.
La “dialéctica de la negación del otro” se desarrolló y sobrevivió a lo largo de nuestra
historia bajo la consigna de la homogenización nacional. En Chile la negación del
otro primero se plasmó en el sometimiento de los pueblos indígenas a las formas culturales
de la norma blanca europea y más tarde se transfirió tanto al otro-extranjero,
visto como amenaza a la identidad nacional, como al otro de adentro, el indígena o
el mestizo20, junto a una definición del éthos nacional a partir de un ideal europeo o
ilustrado, re-significado y legitimado a través de disposiciones jurídicas tendientes a
demarcar los rasgos culturales deseados.
Para cumplir con estos dos objetivos, se creó una fuerte institucionalidad que se fue
modificando al ritmo de las necesidades del Estado y del éxito y/o fracaso de la implementación
de la política inmigratoria. Algunas de esas instituciones aún perduran. De
esta manera, la alta regulación del proceso migratorio permitió al Estado decidir y
controlar quienes ingresan, dónde debían instalarse, qué labores estaban facultados
para ejercer. Se trata de un firme control que se ordenó gracias a una creciente institucionalidad;
consignemos que, tanto la Sociedad Nacional de Agricultura como la
Sociedad de Fomento Fabril, creadas en ese momento, son dos instituciones que subsisten
en la actualidad y detentan un importante poder económico rural y urbano.
Otro gran hito dentro de la creciente regulación y la obsesión por la fuerte institucionalidad
son los llamados Consejos de Migración.
Nos parece importante hacer el alcance respecto del recorrido que ha seguido el control
del proceso migratorio; el cual transitó del Ministerio de Relaciones Exteriores,
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