Edición 04 de Febrero de 2015

Miércoles 4 de febrero de 2015
Diario Co Latino
NACIONALES 7
Procurador afirma que no está “interfiriendo” en caso Flores
Beatriz Castillo
@BeatrizCoLatino
El procurador para la Defensa de
los Derechos Humanos (PDDH),
David Morales, respondió ayer
a la resolución emitida por el juez
Levis Italmir Orellana y afirma que
no solo amenaza con procesar a
querellantes, si no también él.
El juez del Primero de Instrucción de
San Salvador, Levis Italmir Orellana,
decidió por segunda vez no dar
información al procurador sobre el
proceso judicial que ventila en contra
del ex presidente Francisco Flores
y en una sentencia, advierte que el
procurador no tiene competencias en
el caso.
En el comunicado se previene al
procurador y se exhorta a “respetar
la independencia judicial y que deje
de atribuirse facultades de revisar
sus decisiones judiciales que no se
encuentran firmes”.
Sin embargo, Morales en conferencia
de prensa dijo que estas declaraciones
del Juez “pretenden desconocer” que
el Procurador vigile el debido proceso
en el caso del ex presidente Flores y
que esta institución que representa
no “esta interfiriendo” en el caso.
“El juez Italmir Orellana amenaza
la labor que estamos desarrollando
desde la PDDH, desconociendo
nuestro mandato Constitucional”, dijo
Morales.
El juez decidió emitir la resolución
el pasado 2 de febrero, luego
que en un escrito el procurador le
Fiscal General, Luis Martínez, al banquillo legislativo
Elder Gómez
@elder_gomez_2
David Morales, Procurador para la Defensa de Derechos Humanos. Foto Diario Co
Latino/Archivo.
solicitó información sobre el proceso
sancionatorio en contra de los
abogados querellantes del caso.
La semana pasada la querella
presentó una demanda ante la PDDH
por violación a la libre expresión
y opinión. Ante eso, el procurador
David Morales, dijo que investigaría
de nuevo al juez y que solicitaría la
información.
Ante la petición, el juez advierte “que
es oportuno hacer alusión al Art. 172
de la Constitución de la República que
estipula que los tribunales que integran
el Órgano Judicial, tienen la potestad
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado
(…) los Magistrados y Jueces, en lo
referente al ejercicio de la función
jurisdiccional, son independientes y
están sometidos exclusivamente a la
Constitución y a las leyes”.
A criterio de Orellana, muchos
sectores, desde que inició el proceso
se han encargado de “decir cualquier
cosa”.
“El juzgador manifiesta que
es importante señalar que durante
la secuencia procesal del caso
del imputado Francisco Flores, el
Procurador ha insistido en conocer las
decisiones del suscrito a fin de ejercer
de manera paralela, una revisión y
su conveniente interpretación de la
norma constitucional”, agregó.
Asimismo, el juez afirma que “ocurrió
cuando se decretó la reserva del caso
y al momento de decretar el arresto
domiciliar al imputado Francisco
Flores, en ambas decisiones, el
procurador ha responsabilizado al
suscrito de violar la normativa de esta
institución, (PDDH) y con toda certeza
se obtendrá el mismo resultado en
esta oportunidad, producto de la
aplicación del régimen disciplinario a
los querellantes y la certificación al
Fiscal General” acota.
Pero el procurador respondió que
estas aseveraciones hechas por un
Juez son graves. “Es lamentable que
un Juez de la República pretenda
violentar el mandato del Procurador,
por eso estamos considerando la
censura pública”, dijo.
Mientras que el Juez Orellana critica
que el procurador interviene en el
caso o se pronuncia, cuando las
resoluciones dictadas por el juez
no han sido emitidas conforme a
“su línea de pensamiento”, lo que
percibe como un acto de intimidación
para que se resuelva de manera
diferente.
Durante el proceso del ex presidente
Flores, acusado de los delitos de
peculado, enriquecimiento ilícito
y desobediencia de particulares
por desviar 10 millones de dólares
donados por Taiwán, se ha mantenido
una serie de enfrentamientos entre
querella, Fiscal general, juez y ahora
el procurador.
“Está desconociendo, el procurador,
que es facultad y competencia del
Juez decidir sobre la aplicación de
medidas cautelares en un proceso
penal, y si las partes acreditadas
se consideran agraviadas por la
decisión judicial, tienen los medios
impugnativos para intentar revocar
dichas decisiones” subraya Orellana.
Pero el Procurador, dijo ante la
afirmación del Juez, que en “ningún
momento estamos interfiriendo
en decisiones e independencia
judicial”. Dijo que pese a este tipo
de resoluciones, la PDDH seguirá
la investigación de la denuncia
interpuesta por los querellantes del
caso Flores respecto a la actuación
del juez Orellana.
El juez hace dos semanas anunció
que sancionaría a la querella por
divulgar información “reservada” y
afirmar “hechos” no reales.
El Juez de Primero de Instrucción
todavía no resuelve sobre el
proceso sancionatorio, y no se tiene
una respuesta de la Fiscalía por la
acción penal contra los querellantes;
la audiencia especial se realizará el
próximo 9 de febrero.
El Fiscal General de El Salvador,
Luis Martínez, irá al banquillo
de los acusados legislativo para
responder a diputados las razones
por los cuales no ha judicializado una
demanda de 67 ex empleados de la
desaparecida fábrica de Baterías de
El Salvador (Record), intoxicados con
plomo.
Los legisladores de la Comisión de
Medio Ambiente y Cambio Climático
del congreso salvadoreño, decidieron
llamar al funcionario el próximo 17 de
febrero, luego de recibir una petición
en ese sentido, de los ex empleados
de la empresa, que denunciaron su
caso ante el Ministerio Público en
2011.
El cierre
El gobierno ordenó el cierre de la
fábrica Baterías de El Salvador
(Record) en septiembre de 2007, luego
de que un grupo de investigadores
determinara que la zona donde está
situada la empresa, Sitio del Niño, La
Libertad, centro del país, había sido
contaminada con plomo.
Además, después de que habitantes
de al menos seis comunidades
situadas a un kilómetro en la periferia
de la compañía se quejaran por su
estado de salud que, tras una serie
de análisis médicos, se comprobó
que estaban intoxicados con plomo,
materia prima de las baterías.
La intoxicación con plomo en Sitio
del Niño, en las cercanías del centro
arqueológico Joya de Cerén, declarado
Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO, ha ocasionado la
muerte a siete personas, incluido uno
de los ex empleados de la fábrica de
Baterías Record.
Las autoridades ambientales abrieron
un proceso legal contra los dueños
de la empresa, tres de quienes están
prófugos, refugiados en Estados
Unidos, mientras otro grupo de
ex gerentes de la compañía fue
absuelto por un tribunal por no ser los
responsables de dictaminar órdenes.
El tribunal que ventila el caso aún no
ha dictaminado sobre el asunto, en el
que uno de los dueños de la empresa,
es el ex ministro de Economía, Miguel
Lacayo, involucrado de manera
reciente en un caso de corrupción
por una concesión supuestamente
amañada de la explotación de la
geotermia local a una empresa
italiana, el finiquitado caso CEL-
ENEL.
“Esta es una ocasión para
que podamos responder a los
peticionarios”, dijo la diputada del
oficialista FMLN, Nery Díaz, tras
anunciar que una de las interrogantes
preparadas al Fiscal General, será
“por qué no ha judicializado el caso
después de dos años”.
El legislador de la derechista GANA,
Francis Zablah, sin embargo, anunció
que presentará este miércoles durante
la Sesión Plenaria una moción para
pedir a las autoridades ambientales
de cómo se encuentra el trabajo de
reparación de daños a las víctimas
y la situación actual ambiental de la
zona.
Baterías de El Salvador fabricaba
anualmente 720 mil piezas para
automotores, que generaban
ganancias por exportación de 27
millones de dólares.
Aguas Internacionales
Una organización internacional
ha pedido a los miembros de la
instancia legislativa que el manejo
de las aguas internacionales sea
incluido en la polémica Ley General
del Agua, estancada en el congreso
salvadoreño desde casi 10 años.
El Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF, por sus Siglas en ingles)
envío una misiva a los parlamentarios
ambientalistas para que el manejo
de las cuencas internacionales de El
Salvador, sea incluido en la polémica
legislación para el manejo del recurso
hídrico nacional.
Luis Martinez, Fiscal General de la República. Foto Diario Co Latino/Archivo.
El Salvador tiene tres afluentes
internacionales – el Río Paz, occidente,
Río Lempa y el Río Goascorán,
en oriente -, los dos primeros con
cuencas en Guatemala, aunque
el Segundo ingresa a Honduras y
luego a territorio salvadoreño y, el
ultimo, compartido únicamente con
Honduras.
Lourdes Palacios, diputada por el
FMLN, propuso a sus colegas enviar
a los funcionarios de la WWF el
anteproyecto de la Ley General del
Agua para que brinden una “opinión
técnica” sobre la inclusión del manejo
de las cuencas internacionales.
No obstante, el legislador por
la derechista ARENA, Vicente
Menjívar, dijo que “si bien tenemos
aguas compartidas (con Guatemala
y Honduras) se vuelven nacionales”
al ingresar el caudal a El Salvador.
Los legisladores acordaron citar
en una fecha no precisada a los
funcionarios de la WWF para que
expliquen el asunto.