Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

1. ¿EXISTE ALGUNA OTRA REGULACIÓN RELEVANTE DE LOS SECTORES
PLANTEADOS QUE NO HAYA SIDO DESCRITA?
En primer lugar, en lo que concierne a lo planteado en esta pregunta, por lo general en el
documento de la consulta pública se recoge la regulación de esas actividades concretas, si
bien no se profundiza excesivamente en la normativa autonómica y local, que goza de gran
relevancia a estos efectos. Esto se observa, por ejemplo, en lo que respecta al transporte
urbano, pues procede hacer referencia en este extremo a la Sentencia de 27 de junio de
1996 del Tribunal Constitucional, que declaró nulos varios artículos de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres, al considerar que la regulación por el Estado de los
transportes urbanos comportaba una extralimitación competencial. Esto explica, por ejemplo,
que las licencias para ejercer la actividad de taxi o VTC sean municipales.
Asimismo, la normativa autonómica es relevante, como sucede en el caso de los
alojamientos turísticos, pues, a modo de ejemplo, el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el
que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad
de Madrid, afecta trascendentalmente a las actividades calificadas como de consumo
colaborativo en lo que respecta a este sector, existiendo normas similares en otras
comunidades autónomas, como en Cataluña.
Adicionalmente, cabe mencionar que existen algunas actuaciones por parte de distintas
autoridades públicas que pueden ostentar una cierta trascendencia en tanto que afectan
directamente a estas actividades, por lo que se deberían tener en cuenta a estos efectos. En
concreto, nos referimos a los siguientes actos y actuaciones:
i. Por un lado, existe una publicación de la propia CNMC en su sitio Web, de fecha de 16
de julio de 2014, en la que establece que la economía colaborativa en muchas ocasiones
ofrece una asignación más eficiente de los recursos y que “una regulación innecesaria o
desproporcionada perjudicaría a los consumidores y al interés general, además de
suponer un obstáculo a la competencia efectiva”.
ii. En contraste, podemos traer a colación la Comunicación del Ministerio de Fomento de 9
de junio de 2014, en la que dicho Ministerio, a raíz de las polémicas acontecidas a causa
de la aparición de la aplicación móvil denominada Uber, confirma que la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres exige que las personas y empresas que
realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante
retribución económica, se encuentren previamente autorizados por la Administración. Es
decir, subraya que la actividad de un usuario que utilice una aplicación como la
anteriormente mencionada para obtener rendimientos es ilegal, recogiendo el régimen
de sanciones al que se vería expuesto en caso de incumplir la normativa. Esta actividad
ha sido denominada por parte de algunas empresas como ridesharing, de manera que la
actividad de estas empresas de arrendar automóviles con chófer se reviste con una
artificiosa apariencia de que se comparte coche, cuando no es así. Cabe aludir a este
respecto, que el propio Ministerio aclaró que existía una distinción entre dicha actividad,
y la de compartir gastos a través de carpooling, que sí consideró legal.
iii. Por otro lado, encontramos asimismo un Plan de Medidas Urgentes de Ahorro y
Eficiencia Energética de fecha de 4 de marzo de 2011, realizado por el Ministerio de
Industria, a través del cual ha financiado proyectos que consisten en “sistemas de
incremento del grado de ocupación del transporte privado (carpooling, car sharing,
etc.)”. De esta manera, observamos en este caso una convalidación tácita del Gobierno
en lo que se refiere a la validez de ciertas actividades de consumo colaborativo, como es
el carpooling. Esto mismo lo podemos encontrar en la resolución de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de 14 de diciembre
de 2011, en la cual otorga una ayuda económica para establecerse a una empresa de
P2P car sharing. Asimismo, cabe traer a colación que, de hecho, el Ministerio firmó un
acuerdo con AMOVENS para la difusión de esta práctica.
iv. Por último, podemos comprobar que, al igual que muchas empresas, ciertas entidades e
instituciones públicas utilizan servicios para fomentar la utilización de automóviles
compartidos. Por ejemplo, encontramos el caso del Gobierno Vasco, que cuenta con un
portal para el uso del coche compartido , operado por
AMOVENS.
2