Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

apoderados, agentes, comisionistas u otros colaboradores, se consideran igualmente sujetos
activos de prácticas comerciales, como establece el artículo 2.b) de la Directiva 2005/29/CE.
Si un empresario, amparándose en el anonimato que ofrecen determinadas formas de
comunicación, como la transmisión de datos a través de internet, realiza prácticas
comerciales intentando generar la apariencia de que han sido realizadas por un particular,
nos encontraríamos ante un “falso particular” cuya naturaleza se podrá poner de manifiesto
a través del número, la cuantía o la frecuencia de sus transacciones; su volumen de ingresos;
las adquisiciones que realiza, y otras circunstancias.
Por su parte, el sujeto pasivo de las prácticas comerciales a las que se refiere el artículo 19.2
del TRLGDCU debe ser un consumidor o usuario; es decir, según el artículo 3 de esta norma,
“las personas físicas o jurídicas cuando actúan en un ámbito ajeno a su actividad empresarial
o profesional”.
La incorporación de la Directiva de 2005 se ha realizado, en su mayor parte, a través de la
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD). En concreto, en su artículo 19,
esta norma amplía las prácticas comerciales desleales con los consumidores, además de las
previstas en los artículos 19 y 20 del TRLGDCU.
Comprende así la LCD dos grupos de normas:
• Un primer grupo formado por los artículos 4, 5, 7, 8 y 20. En estos preceptos se debe
realizar un juicio de deslealtad relativo a las prácticas comprendidas en su ámbito de
aplicación, lo que requiere una valoración de las circunstancias del caso concreto y de
sus efectos sobre el comportamiento económico del consumidor medio.
Concretamente, estos preceptos regulan:
• la denominada cláusula general (artículo 4)
• los actos de engaño (artículo 5)
• los omisiones engañosas (artículo 7)
• las prácticas agresivas (artículo 8)
• las prácticas engañosas por confusión con los consumidores (artículo 20)
• Un segundo grupo, formado por los artículos 21 a 31 de la Ley, que incorpora la lista
de prácticas desleales que figura en el Anexo I de la Directiva y que son “prácticas
desleales” per se, sin necesidad de que se efectúe una valoración de las
circunstancias en las que se realizaron ni de su potencial incidencia o impacto en los
intereses económicos del consumidor medio. Comprobado en el supuesto concreto
que concurren los elementos caracterizadores de la práctica, la autoridad
competente debe adoptar la decisión oportuna dirigida a reprimir la conducta, y, en
su caso, sancionar al autor.