Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

• De empresa a consumidor (B2C) y
• De empresa a empresa
Clase de actividades o servicios de economía colaborativa:
No obstante, en todo caso, debería diferenciarse entre las actividades realizadas por los
particulares que carecen de ánimo de lucro y las actividades que generan beneficios
(fundamentalmente) dinerarios a quienes las ejercen. Y, en este último caso, habría de
reflexionarse sobre si se considera que éstas últimas deben contar con una regulación
específica o bien con un tratamiento idéntico a las demás actividades económicas.
En todo caso, antes de procederse al planteamiento de una reforma normativa, debería
procederse, con carácter previo, a examinar y estudiar lo siguiente:
• Recopilación de datos estadísticos de los sectores afectados, tanto de los propios
sectores, como de estadísticas oficiales.
• Consolidación de la normativa existente, que está muy dispersa, tanto en lo que
respecta a la protección del consumidor (comercio electrónico, protección de datos,
comunicaciones electrónicas, la normativa general de defensa del consumidor), como
a la normativa de acceso a las actividades y los requisitos exigibles.
• Evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las obligaciones de servicio público
existentes y de las denominadas condiciones o exigencias imperativas que pueden
resultar dignas de protección.
Es muy posible que una parte importante de las actividades de la denominada economía
colaborativa, las cuales se desarrolla mediante aplicaciones o plataformas tecnológicas
eliminando intermediarios, puedan ofrecer mejores precios al usuario final del servicio. Pero
es importante procurar que en dichas actividades no se produzca una merma o disminución
del nivel de protección del que gozan los consumidores en el marco de la “economía
convencional”.
Papel de las organizaciones de consumidores y de las Administraciones Públicas
Dada la situación existente en la actualidad, debería propiciarse desde las autoridades
reguladoras ámbitos de encuentro entre las empresas de los sectores ya existentes, las
nuevas empresas de la denominada “economía colaborativa” y las organizaciones de
consumidores, para intentar definir un marco de acuerdo que permita la incorporación de
nuevos modelos de oferta y demanda que puedan convivir en el mercado con los modelos
tradicionales y, sobre todo, que garanticen similares derechos a la ciudadanía.