Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

) someter las prácticas comerciales desleales a un órgano administrativo competente,
bien para que se pronuncie sobre las reclamaciones, bien para que entable las acciones
judiciales pertinentes.
Corresponderá a cada Estado miembro decidir cuál de esos procedimientos se adoptará y
si conviene que el tribunal o el órgano administrativo esté facultado para exigir el recurso
previo a otras vías establecidas para la solución de reclamaciones, incluidas las
mencionadas en el artículo 10. Estos procedimientos estarán disponibles con
independencia de que los consumidores afectados se hallen en el territorio del Estado
miembro en que se encuentre el comerciante o en otro Estado miembro”.
Por su parte, el artículo 13 de la Directiva, se remite a las sanciones a imponer en caso de
incumplimiento de las disposiciones nacionales de adaptación de la Directiva, con el tenor
literal siguiente:
“Artículo 13. Sanciones
Los Estados miembros establecerán sanciones para los casos de incumplimiento de las
disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva, y tomarán
todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las mismas. Las
sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias”.
La plena armonización llevada a cabo por la Directiva sólo se encuentra matizada por
algunas disposiciones de carácter excepcional que admiten, transitoriamente y con sujeción
al cumplimiento de estrictas condiciones, el mantenimiento de normativas nacionales no
armonizadas. Este objetivo de lograr un marco normativo único con un elevado nivel
estándar de protección es lo que explica que en el artículo 4 de la Directiva se haya
establecido la llamada cláusula de “mercado interior” en virtud de la cual, “los Estados
miembros no restringirán la libre prestación de servicios ni la libre circulación de mercancías,
por razones pertinentes la ámbito objeto de la aproximación que lleva a cabo esta Directiva”.
Ya el TJUE se ha pronunciado al respecto en su Sentencia de 23 de abril d 2009(asuntos C-
261/07 y C-299/07) declarando que:
“Como prevé expresamente su artículo 4, los Estados miembros no pueden adoptar
medidas más restrictivas que las definidas en la Directiva, ni siquiera para garantizar un
grado más elevado de protección de los consumidores”.
En idénticos términos se volvió a pronunciar el Tribunal mediante Sentencias de 14 de enero
de 2010 (asunto C-304/08) y de 9 de noviembre de 2010 (asunto C-540/08), planteando si
los Estados miembros están legitimados para regular las prácticas comprendidas en el
ámbito armonizado con la finalidad de promover objetivos dignos de protección distintos de
la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios. Las conclusiones del Abogado
General con respecto al segundo de los asuntos son bastante claras al respecto: