Discurso de ingreso del Ilmo. Sr. D. Manuel de la Hera Oca, titulado

además que las protecciones que se establezcan sobre desigualdadesinjustas no serán consideradas como factores discriminatorios sinoigualitarios. Reconoce (Artículo 62.- De los pueblos indígenas y gruposétnicos) la existencia de los pueblos indígenas, definidos como gruposde cultura anteriores a la formación y a la organización del Estadoparaguayo. Por fin (Artículo 63.- De la identidad étnica), dejareconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas apreservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat.Tienen derecho, asimismo, a la autonomía y a aplicar libremente sussistemas de organización política, social, económica, cultural yreligiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normasconsuetudinarias para la regulación de la convivencia interna, siempreque ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos enesta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuentael derecho consuetudinario indígena.Pero también, y muy señaladamente es de tener en cuenta laconquista de los propios pueblos de su identidad cultural en el ámbitodel Estado moderno, incluso mediante la rebelión armada terminada enconcordia nacional: nos referimos al levantamiento indígena de la selvaLacandona, en Chiapas, que dio lugar a los llamados Pactos de SanAndrés Larrainzar, suscritos el 16 de febrero de 1996, por elPresidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Ejército Zapatista deLiberación Nacional, la Comisión de Concordia y Pacificación(Cocopa) y la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Sefirmaron cuatro documentos que integran los llamados Acuerdos deSan Andrés Larrainzar, basados en el Convenio 169 de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT), la máxima norma internacional hoypor hoy en materia de derechos indígenas, reconocida por el gobiernomexicano en 1991.Entre los principales derechos indígenas contemplados por esosacuerdos están la autonomía territorial, el acceso colectivo de losrecursos naturales y el reconocimiento de la cultura política indígena yde los sistemas normativos que cada pueblo tiene, entendiendo a lareivindicación de los derechos indígenas como condición mínima parala reconstitución de los pueblos originarios y para un modelo dedesarrollo alternativo a la globalización del pensamiento único, ladestrucción de la naturaleza y la crisis agrícola de nuestro país 96 .Sin embargo, a más de seis años de su firma, los Acuerdos de SanAndrés aún no se han traducido en una legislación que fortalezcaplenamente los derechos y la cultura indígenas, por lo que los pueblossiguen marginados del desarrollo nacional, explotados por empresas,gobierno y particulares 97 , pese a acciones de fuerza y manifestacionesmultitudinarias que han tenido eco directo en las institucioneslegislativas del país, en las que se ha permitido hablar directamente alos representantes del Poder legislativo federal.La llamada “Ley Cocopa” (Ley de cultura y derechos indígenas), quefue presentada por el Poder Ejecutivo tras el acuerdo con lasorganizaciones indigenistas, fue reducida de contenidos en el Senadode la República en Abril de 2.001, si bien se dio al problema indígenarango constitucional, por más que la reforma respectiva no haya sidosatisfactoria para los zapatistas y otras organizaciones, ya que relegabala autonomía al ámbito local y dejando a criterio de los estados y losgobiernos locales su reconocimiento.Ha sido precisamente esta situación de la autonomía en el ámbitolegislativo de los estados heredados los que ha producido en Chiapas latensión acaecida en los meses de Diciembre y Ebero pasados, al96Ver Isidro OLVERA JIMÉNEZ: “Alcances y limitaciones de la reformaconstitucional en materia de derechos y cultura indígena”. Informe al Senado de losEstados Unidos Mexicanos, 2.002.97 Merece la pena tenerse en cuenta la propuesta elaborada por la Comisión deConcordia y Pacificación mexicana, presentada como iniciativa por el Titular delEjecutivo Federal, en diciembre del 2001, y que consistió, aun cuando se escuche comodiscurso político, en sentar las bases para el establecimiento de una nueva relaciónentre el Estado, la sociedad, y los pueblos indígenas. Teniendo como punto de partidael reconocimiento del derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a laautonomía, a partir de la cual los pueblos indígenas podrían decidir sus formas internasde convivencia y organización social, económica, política y cultural; aplicar sussistemas normativos; fortalecer su participación política; acceder de manera colectivaal uso y disfrute de los recursos naturales; preservar y enriquecer sus lenguas, así comoadquirir, operar y administrar sus medios de comunicación.47 48