En el Tribunal Supremo de Puerto Rico JosÃ© M. GarcÃa GÃ³mez y ...

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CC-96-50 22El 21 de marzo de 1996, denegamos la referida petición decertiorari.Oportunamente, el Colegio presentó una moción de reconsideraciónante nos. Nos urgió con vehemencia a reexaminar nuestra anteriordecisión. Adujo, inter alia, que ésta era contraria al propósitolegislativo que dio lugar precisamente a la creación del Colegio.El 3 de febrero de 1997, acogimos la moción de reconsideraciónpresentada, y expedimos el certiorari solicitado, a fin de evaluar mása fondo el asunto en cuestión.El 20 de febrero de 1997, el Colegio de Ingenieros y Agrimensoresde Puerto Rico solicitó intervención a favor de la postura del Colegiode Arquitectos, intervención en calidad de amicus curiae, a lo queaccedimos el 25 de marzo de 1977.Con el beneficio de las comparecencias de todas las partes,pasamos a resolverexaminar el asunto ante nos.III.A. La legislación pertinente1. Leyes orgánicas de los colegiosEl 15 de mayo de 1938, por primera vez, la Asamblea Legislativa dePuerto Rico aprobó la Ley Núm. 319, con el propósito de organizar aaquellos profesionales que ejercían la profesión de ingeniería en laisla, mediante la creación de una entidad cuasi pública denominadaColegio de Ingenieros de Puerto Rico. Esa legislación cobijaba tantoingenieros, como arquitectos y agrimensores, ingenieros agrónomos ocualquier otra rama de la ingeniería, arquitectura y agrimensura en elpaís.La creación del colegio referido trajo consigo la imposición derestricciones para el ejercicio de la profesión de ingeniería. Asípues, en la sección 3 de la referida ley, se dispuso, que una vezcelebrada la primera junta general del colegio, ninguna persona que nofuera miembro de éste podía ejercer la profesión de ingeniero en laisla. La sección 9, requirió el pago de una cuota, y en la sección 10se dispuso que cualquier miembro que no pagase su cuota quedaríasuspendido del ejercicio de la profesión hasta que pagase lo adeudado.De igual forma, la sección 2 autorizó al recién creado colegio, aadoptar o implantar los cánones de ética profesional que regirían laconducta de sus miembros. En lo pertinente al caso de epígrafe, dichasección 2, en su inciso h, específicamente facultó al Colegio deIngenieros a“recibir e investigar las quejas que se formul[aran] respectoa la conducta de los miembros en ejercicio de la profesión,pudiendo remitirlas a la Junta de Directores para queact[uasen], y después de una vista preliminar, en la que sedar[ía] oportunidad al interesado o su representante, si seencontrara causa fundada, instituir el correspondienteprocedimiento de destitución.”FormattedFormattedEn 1978, la legislación aludida sufrió enmiendas sustanciales.Mediante la Ley Núm. 96 de 6 de julio de 1978, 20 L.P.R.A. sec. 751 et.seq., aún vigente, la Asamblea Legislativa agrupó a todos losarquitectos en su propio colegio, separado del de los ingenieros, ydenominado Colegio de Arquitectos de Puerto Rico. En esencia, seconstituyó esta entidad como una “corporación cuasi pública”, y se leotorgó las mismas facultades que tenía el anterior Colegio deIngenieros, Arquitectos y Agrimensores. Así pues, el ingreso comoserequiere ser miembro dea dicho Colegio, escomo requisito obligatoriopara poder practicar la arquitectura en Puerto Rico. Sección 3 de laley, 20 L.P.R.A. sec. 753. Asimismo, el pago de una cuota anual esindispensable para mantener activa la colegiación, y cualquier miembroque no pague dicha cuota queda “suspendido” como tal. Sección 8 de la
CC-96-50 23ley, 20 L.P.R.A. sec. 758. El Colegio, también está investido con laautoridad para adoptar e implantar los cánones de ética profesional querigen la conducta de los arquitectos.La diferencia principal entre el esquema legislativo anterior y lanueva ley relativa específicamente a arquitectos específicamente, tieneque ver con la imposición de sanciones respecto a querellas. Sobre elparticular, el legislador estableció en la sección 2 inciso h de la Ley96, 20 L.P.R.A. sec. 752, que:El Colegio de Arquitectos de Puerto Rico tendráfacultad:(a)...(h) para recibir e investigar las quejas que seformulen respecto a la conducta de sus miembros enejercicio de la profesión, pudiendo remitirlas ala Junta de Gobierno para que actúe. Luego de unavista preliminar, en la que se dará oportunidad alinteresado o su representante de ser oído, si seencontrara causa fundada, podrá imponer lassanciones que a su discreción correspondanconforme a su reglamento 18 , así como instituir elcorrespondiente procedimiento de cancelación delicencia ante la Junta Examinadora, conforme almedio procesal por ésta establecido y presentará ysostendrá los cargos. Nada de lo antes dispuestoen este inciso se entenderá en el sentido delimitar o alterar la facultad de la JuntaExaminadora de Ingenieros, Arquitectos yAgrimensores de Puerto Rico para iniciar por supropia cuenta estos procedimientos. (Enfasissuplido).La legislación anterior tenía una sección análoga a ésta, exceptoque no disponía la facultad discrecional de imponer sanciones conformeal reglamento del Colegio. Se le concedió, pues, al Colegio una nuevafacultad: la de imponer medidas disciplinarias.Dos años después de haberse constituido así el Colegio deArquitectos con las disposiciones antes mencionadas, en el año 1980, laLlegislatura aprobó la Ley Núm. 12 de 29 de septiembre de 1980, 20L.P.R.A. sec. 731 et . seq. . Mediante ésta, se enmendó nuevamente laLey 319, en parte para atemperarla al cambio efectuado previamenterespecto a los arquitectos. En efecto, una de las enmiendasprimordiales realizadas a dicha legislación fue la eliminación decualquier referencia a la profesión de arquitectura. Así, el colegioregulado quedó denominado solamente como Colegio de Ingenieros yAgrimensores de Puerto Rico. En lo pertinente, este colegio quedóexpresamente autorizado“[p]ara recibir e investigar quejas que se formulen respectoa la conducta de los miembros en ejercicio de la profesión,pudiendo remitirlas a la Junta de Gobierno para que actúe.Formatted18En su reglamento, el Colegio de Arquitectos dispuso que lasreglas de conducta esbozadas en el mismo, son obligatorias y que suviolación está sujeta a acción disciplinaria por parte del Colegio y/ola Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores.Artículo 11 del Reglamento. También estableció, que los miembros queviolaran dichas reglas de conducta estarían sujetos a medidasdisciplinarias por el Colegio de Arquitectos de Puerto Rico a través desu Comité de Ética. Artículo 18 del Reglamento de septiembre de 1991.
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