En el Tribunal Supremo de Puerto Rico JosÃ© M. GarcÃa GÃ³mez y ...

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CC-96-50 24El reglamento 19 proveerá para la celebración de una vista enla que se conceda a las partes interesadas plena oportunidadde ser oídas, presentar pruebas y contrainterrogar testigos,por sí o por representación legal, luego de la cual, y deencontrarse causa fundada, se decretarán las sanciones quecorrespondan con vista a la magnitud de la falta incurrida,incluyendo la suspensión del colegiado por el tiempo y bajolas condiciones que discrecionalmente se determinen. En loscasos que conlleven suspensión del colegiado, el Colegioinstituirá el correspondiente procedimiento de cancelación osuspensión de la licencia ante la Junta Examinadora deIngenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico dentrode un término no mayor de quince (15) días. Cuando sedecrete la suspensión por el Colegio, el colegiado no podrápracticar la profesión durante el período que dure lasuspensión, no podrá disfrutar de las actividades y losbeneficios que se proveen en este Capítulo y el reglamento.Nada de lo dispuesto en este inciso se entenderá en elsentido de limitar o alterar la facultad de la JuntaExaminadora para iniciar por su cuenta estos procedimientos.”Artículo 2 de la ley, 20 L.P.R.A. sec. 732(h).Con esta disposición, evidentemente quedaban equiparados amboscolegios en lo referente a la facultad discrecional de imponersanciones conforme a sus respectivos reglamentos.2. Ley de la Junta ExaminadoraPor otro lado, además de disponer para la organización de loscolegios profesionales aludidos, la Legislatura también se ocupó develar por el ejercicio de las profesiones en cuestóncuestión, mediantela creación y el establecimiento de un organismo estatal adscrito alDepartamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,denominado “Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensoresde Puerto Rico”. En el año 1927, mediante la Ley Núm. 31 de 26 deabril de 1927, la Asamblea Legislativa no solamente creó la susodichaJunta, sino que le confirió poder para anular cualquiera de laslicencias expedidas, en caso de que se hubiere empleado fraude en suobtención. Sección 12 de la ley. En el 1951, dicha legislación fueenmendada por la Ley Núm. 399 de 10 de mayo, para facultar a la Juntareferida a llevar a cabo aquellos procedimientos de cancelación delicencias que estimare procedentes, cuando le fuera traída a suatención que uno de los profesionales en cuestión hubiese sidoencontrado incurso en negligencia crasa, incompetencia, o conductareprobable en el ejercicio de la profesión. Artículo 19 de la Ley.Los procedimientos instituidos por estas leyes no hacían ningún tipo dereferencia a participación alguna del entonces Colegio de Ingenieros,en estos procesos.Así las cosas, y a fin de atemperar la legislación aludida a larealidad profesional moderna, y para promover la participación activade los colegios en el logro y fiscalización del buen ejercicioprofesional, en 1988, la Legislatura derogó la legislación aludidarelativa a la Junta, y en su lugar aprobó una nueva ley, la Ley Núm.FormattedFormatted19En su reglamento, el Colegio de Ingenieros estableció, que suComité de Ética Profesional tiene la facultad de imponer las medidasreglamentarias que estimare pertinentes, entre éstas: reprensiónverbal, reprensión por escrito, suspensión temporal de la condición decolegiado y expulsión del Colegio. Artículos 5 y 6 del Reglamento deagosto de 1992.
CC-96-50 25173 de 12 de agosto de 1988, 20 L.P.R.A. sec. 711 et. seq., que es laque rige actualmente a la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectosy Agrimensores.Debe observarse que este organismo gubernamental, desde susinicios hasta el presente, ha tenido a su cargo tanto las profesionesde ingeniería y agrimensura como la de arquitectura. Por ello, lasdisposiciones de la ley sobre la Junta Examinadora guardan relación ydeben interpretarse en conjunto, no solamente con las de la LeyOrgánica del Colegio de Arquitectos sino también con la del Colegio deIngenieros y Agrimensores.En la exposición de motivos de la ley vigente se señalaexpresamente que la Junta Examinadora,“ ...es el vehículo del Estado para garantizar que talesprofesionales [los ingenieros , arquitectos y agrimensores]estén moral y profesionalmente capacitados para rendir elservicio de calidad que nuestro pueblo merece a los fines defomentar el bienestar público.”Dicha legislación, además, contempla la participación activa delos respectivos colegios en los procesos de acción disciplinaria, comosurge de los Artículo 15 y 18 de la ley, 20 L.P.R.A. secs. 711m y 711p,respectivamente. El Artículo 15, dispone que:Los profesionales a los cuales se les haya inactivado,suspendido o expulsado como miembros de sus respectivoscolegios profesionales en virtud de las causas y mediante losprocedimientos establecidos por dichos colegios se lessuspenderá su certificado o licencia, según sea el casomediante la certificación de tal hecho por el oficialautorizado del colegio que corresponda ante la Junta.Cuando luego de decretada la inactivación, suspensión ocancelación, el correspondiente colegio profesionalcertifique oficialmente rehabilitación del profesional de quese trate, conforme a las leyes de colegiación aplicables, laJunta le reactivará inmediatamente su licencia o certificadomediante el procedimiento y pago de derecho que se dispongaen el reglamento de la Junta. Si la expulsión o suspensiónes por razón de a falta de pago de la cuota anual, bastaráuna certificación oficial del colegio correspondiente, loque constituirá una determinación de hecho suficiente paraque la Junta tome la acción que corresponda sin necesidad deseguir el procedimiento de vista que más adelante seestablece para los demás casos.FormattedFormattedLa Junta establecerá por reglamento las normasnecesarias para la aplicación de esta sección.” (Enfasissuplido).Por su parte, el Artículo 18 establece que:“[c]uando la Junta determine que procede la denegación, lasuspensión provisional, la revocación permanente o ladenegación provisional o permanente de renovación delicencia, así lo notificará por escrito, por correocertificado con acuse de recibo al profesional afectado,aduciendo las razones para ello. Si el profesional de que setrate no estuviese conforme con la determinación de la Juntadeberá, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibode dicha notificación, solicitar por escrito, por correocertificado con acuse de recibo, una vista administrativa conel fin de oponerse a la acción de la Junta. De solicitar la
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